No es claro el panorama financiero del proyecto escogido por Fuerza Ciudadana para solucionar el problema del agua

En el micrositio de este proceso contractual en el Secop II, no se ha publicado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el que se pretende amparar la primera parte de la ejecución, como establecen los Estudios Previos. Expertos consultados por Opinión Caribe explicaron que las fuentes de financiación autorizadas no son suficientes para recaudar $1.7 billones en 3 años y medio que tardaría la ejecución del contrato; tampoco ven clara la posibilidad de acceder a un préstamo sin contar con las Garantías Soberanas que otorga el Ministerio de Hacienda.

El pasado viernes, 13 de octubre, en una rueda de prensa conjunta, como ha sido costumbre en este tema, la alcaldesa del Distrito de Santa Marta, Virna Jhonson, en compañía de Denis Rangel, gobernadora (E), dieron a conocer el estado en el que actualmente se encuentra la licitación pública del proyecto escogido, por esas dos entidades territoriales, para solucionar definitivamente el problema de desabastecimiento de agua en la ciudad.

Antes que Denis Rangel empezara a leer el discurso que le armaron sus asesores o los del gobernador saliente, la alcaldesa hizo un recuento de lo que ha sido parte de su gestión desde el día uno de esta iniciativa. Virna Jhonson arrancó diciendo que “en el mes de diciembre de 2022 se entregó (Por parte de Sanear S.A.) el proyecto totalmente terminado: el diseño con ingeniería de detalle. Fueron 18 meses donde al menos 135 profesionales estuvieron en dedicación exclusiva para este proyecto”.

¿Está mintiendo la alcaldesa Jhonson?

Y continuó diciendo la mandataria: “recibimos estos diseños y también hicimos la gestión ante el consejo distrital para que nos aprobaran las vigencias futuras a 30 años que permitieran tener el soporte financiero para este proyecto de tal forma que en diciembre del año pasado la mayoría del consejo no se aprobó estas facultades y logramos entonces este año iniciar la licitación”.

Ver rueda de prensa aquí: https://fb.watch/nJ4CMxP2mE/

Documentos que reposan en la página del Secop, plataforma donde se deben consignar todos los movimientos que se realizan en los contratos públicos, probarían que la alcaldesa está divulgando una información, por decir lo menos, engañosa. De acuerdo con la información visible, el contrato de Consultoría IMC- 002-2021, firmado el día 30 de julio de 2021 ha sido prorrogado 9 veces, la última, extendió el tiempo hasta el 31 de agosto de 2023, es decir, hasta hace 2 meses no se había cumplido con la entrega de todos los productos que hacen parte integral del proyecto.

También puede ser una confirmación de que Jhonson no dice la verdad en este punto, las precisiones que hizo la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en una misiva enviada a la Alcaldía y la Gobernación, fechada el 14 de julio de este año, es decir 7 meses después de la fecha en que la mandataria dijo tener en sus manos el proyecto totalmente terminado.

“Sobre la información remitida específicamente del proyecto Construcción del sistema de acueducto denominado El Curval para el Distrito de Santa Marta del departamento del Magdalena, se pudo identificar la información técnica de cada uno de los componentes de la alternativa de abastecimiento, no obstante, no fue remitido el Producto 5: Formulación del Proyecto. En particular se identificó que de acuerdo a los documentos allegados si bien se cuentan con estudios y análisis no existe un proyecto de inversión, lo que impide realizar un proceso de evaluación que derive en una posible financiación. Esto es, la información allegada no incluye, por ejemplo, un Plan Financiero (esquema de cómo se ejecutan los recursos y cómo se financia el proyecto), Permisos Ambientales, Planos Prediales, certificaciones de localización de canteras, diagnóstico del prestador de servicios públicos, entre otros”, se lee en uno de los apartes de la comunicación de 4 páginas, publicada en exclusiva por esta tribuna.

Esa situación problemática: la falta de productos que forman parte integral del proyecto, fue en su momento expuesta por algunos de los concejales que se opusieron a la aprobación de facultades para comprometer vigencias futuras a 30 años, así como por varias de las veedurías ciudadanas y algunos conocedores de estos asuntos que publican columnas de opinión en medios de comunicación.

Omitiendo este asunto y en gracia de discusión, aceptando que fue un acierto del Concejo Distrital de Santa Marta permitir un endeudamiento de esa magnitud, queda preguntarse: ¿qué tipo de gestiones ha hecho Virna Jhonson para conseguir la financiación del proyecto? La ministra Velasco también pude tener una idea general del asunto, pues, fue fustigada por la alcaldesa y el gobernador al rechazar de plano una posible cofinanciación por parte de la nación, atendiendo al estado del proyecto que le presentaban.

“Yo recibí por parte del gobernador y de la alcaldesa una carta donde dice bueno ponga $600,000,000 millones de pesos 200 mil al año y con eso nosotros hacemos el proyecto, eso no funciona así ¿Cierto? (Risas) hay que hacer la estructuración completa, hay que saber los recursos, hay que saber las fases, hay que buscar el crédito, le ofrecimos al señor gobernador impulsar un crédito con garantía soberana ¿qué es esto? pues avalado por el gobierno nacional y ese trámite ni siquiera se ha contemplado”, dijo Catalina Velasco el pasado 19 de julio.

Esto quiere decir que la única gestión realizada por Virna Jhonson en casi un año desde que se le aprobaron facultades extraordinarias para buscar fuentes que permitieran financiar el proyecto escogido para resolver los problemas de desabastecimiento de agua en Santa Marta, fue pedirle a las patadas dinero al Gobierno Nacional; amparada tal vez esa solicitud en el acompañamiento que hizo el gobernador de entonces para impulsar la campaña Petro presidente, como dijo a la Fiscalía, Nicolás Petro, hijo mayor del jefe de Estado.

No han publicado CDP para respaldar las obligaciones a asumir

Otro elemento que puede servir para probar la idea de la inactividad de la alcaldesa en el sentido de conseguir el dinero para financiar el proyecto, está consignado en la sección forma de pago de los Estudios Previos publicados en la plataforma Secop II en el micrositio de la Licitación Pública en curso: “el valor del futuro contrato será cancelado de la siguiente forma: Un primer pago dentro de la vigencia 2023, equivalente al valor recaudado por la entidad a través de las fuentes de financiación autorizadas en el Acuerdo Distrital No. 022 del 30 de diciembre de 2022”, se lee en el documento.

Según se desprende de lo antes descrito, la primera etapa del proyecto que será adjudicado el día 14 de noviembre y el 17 del mismo mes firmado el contrato, como señala el cronograma, se financiará única y exclusivamente con recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Inversión y los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD).

Opinión Caribe consultó a varios especialistas en Contratación Pública y Gestión Financiera para conocer su opinión respecto a la ausencia en la plataforma Secop II de los datos referidos a la fuente de financiación del proyecto, pues, se hace un apunte genérico de que el valor total será asumido por la Alcaldía con recursos propios, sin un Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalde la obligación que pretende asumir.

Aunque hay opiniones divergentes en cuanto a la fecha de publicación del documento en la plataforma habilitada para el proceso de adjudicación, coinciden en que a estas alturas debería saberse la proyección de los recursos que se obtendrán a través de las fuentes de financiación antes señaladas. Además, son enfáticos en que no se puede iniciar un proceso de licitación sin tener claro el panorama financiero, una o tal vez la crítica más importante hecha por el Ministerio de Vivienda al proyecto en comento.

Sobre el primer punto, una de las tantas cartillas guía publicadas por Colombia Compra Eficiente para instruir a las entidades públicas de cómo subir los procesos y sus soportes a la plataforma Secop II, indica que no es necesario que para publicar el proyecto de pliego de condiciones se cuente con disponibilidad presupuestal, pero, sí es obligatorio tenerlo claro y certificado para dar a conocer el pliego de condiciones definitivo, etapa que ya se surtió en este caso concreto sin publicación del CDP.

Respecto de la segunda apreciación, el abogado y consultor, Juan carlos Expósito Vélez, explica que: “el Decreto ley 111 de 1996 establece que todo gasto ha de contar con certificados de disponibilidad previos y con un registro presupuestal, de modo que haya un verdadero control del gasto mediante el aseguramiento de las entidades estatales de sus obligaciones de inversión”, y a renglón seguido sentencia: “la operación de registro del valor, del plazo y de las prestaciones a ejecutarse en virtud del acto que afecte la apropiación presupuestal correspondiente, es requisito de perfeccionamiento del mismo; [es decir], el acto referido [adjudicación del contrato] no habrá nacido a la vida jurídica si no cuenta con el correspondiente registro presupuestal exigido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto”.

Es imperativo un préstamo para financiar el proyecto

Un lector medianamente informado podrá comprender que a pesar de las ‘buenas nuevas’ que vieneN dando en muchos escenarios la alcaldesa, la gobernadora encargada y varios candidatos del Partido Fuerza Ciudadana, la administración distrital no tiene un panorama claro en torno a la real fuente o fuentes de financiación del proyecto escogido por ellos para solucionar el problema de desabastecimiento de agua en Santa Marta.

En ese sentido, los expertos consultados por Opinión Caribe, sostienen que un simple ejercicio matemático puede ser el punto de partida de esa afirmación: al calcular las cargas económicas que tendría que asumir el distrito si se dividen los 1.7 billones que cuesta el proyecto de El Curval, por los 3.5 años de ejecución del mismo,  el resultado de esa operación arroja que la Alcaldía de Santa Marta debería recaudar del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Inversión y los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, unos $480.000 millones, cifra que aseguran es imposible de alcanzar solo con esas tres fuentes de financiación.

Así las cosas, el único panorama posible para la Alcaldía de Santa Marta es salir a buscar, en los bancos y grandes instituciones que financian obras públicas, el dinero que se necesita, sin embargo, es necesario insistir en que las gestiones de Virna Jhonson respecto de este asunto son bastante deficientes. Conseguir un préstamo de esa cuantía sin tener las garantías soberanas que se expiden desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público parece hoy un imposible.

Es importante en este punto, traer a colación las palabras de Catalina Velasco el pasado mes de julio en Radio Magdalena: “algo que vale la pena explicarle a la ciudadanía es que hay por parte del Concejo de Santa Marta una autorización para vigencias futuras, eso es como un permiso para pedir plata prestada, pero no es el crédito, no son los recursos, el Concejo le da permiso a la alcaldía vaya y busque la financiación, pero yo quiero que todos sepamos, porque lo hemos estado conversando, que la financiación no existe como crédito para esos datos de 2 billones”, aseveró la ministra de vivienda.

Finalmente, sobre este asunto de las vigencias futuras podría resultar un tema de debate jurídico, pues, mientras el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 1483 de 2011 dispone que “el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma”, las facultades otorgadas por el Concejo Distrital autorizan a la Alcaldía de Santa Marta comprometer a 30 años parte del presupuesto del ente territorial, difiriendo del plazo de ejecución del contrato en mucho, pactado este último en un periodo de  3 años y medio.

Más complejo aún el tema, si se tiene en cuenta lo contenido sobre los saldos restantes en el Estudio Previo: “a partir del año 2024 y hasta el año 2052 pagos semestrales atendiendo lo recaudado por la entidad a través de cada una de las fuentes de financiación autorizadas en el Acuerdo Distrital No. 022 del 30 de diciembre de 2022”.

¿Habrá empresas que quieran ofertar en una licitación pública donde no hay certeza ni claridad sobre las fuentes de financiación del proyecto?¿Resulta interesante para un contratista presentar ofertas en un proceso que no tiene respaldo financiero por parte del Gobierno Nacional, atendiendo al valor del mismo?¿Cómo pretenden conciliar las diferencias notables que hay entre el plazo de ejecución y el tiempo habilitado para comprometer vigencias futuras? Todos esos interrogantes y otros más quedarán resueltos el 17 de noviembre, fecha en la que según el cronograma se firmará el contrato.