Sindicato de empleados penitenciarios se pronuncia sobre presuntos actos de corrupción en la cárcel de Santa Marta

Esta semana, una fuga ocurrida en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta habría dejado al descubierto la presunta corrupción en la que estarían incurriendo funcionarios administrativos del centro penitenciario, situación que ha encendido las alarmas de las autoridades.

De acuerdo con la información hecha pública en días recientes el recluso Farián Zúñiga Ramos habría pagado $15 millones al asesor jurídico de la cárcel para la falsificación de su boleta de salida y, aunque poco después de haber abandonado el centro de reclusión se logró su recaptura, la situación no pasó desapercibida.

Por lo anterior, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios -SEUP S.I., emitió un comunicado de prensa a través del cual señala preocupación por lo ocurrido y rechaza categóricamente el incidente.

“El sindicato (…) expresa su profunda preocupación y rechazo ante los recientes eventos relacionados con el señor Javier Redondo, asesor jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta. Nos vemos en la obligación de informar a la comunidad sobre las acciones inaceptables que han salido a la luz recientemente.

Se ha tenido conocimiento de que el señor Javier Redondo, en su calidad de asesor jurídico, habría participado en la presunta falsificación de una boleta de libertad de un privado de la libertad de nuestro establecimiento. Esta situación es contraria a los principios éticos y legales que rigen el comportamiento de los funcionarios que laboran en este centro carcelario y va en contra de los valores fundamentales de nuestra institución”, indica el documento.

Así mismo, se pronunciaron en contra de cualquier forma “de corrupción, fraude o actuación ilícita”, indicando que “la integridad y el respeto a la legalidad son fundamentales” para garantizar el funcionamiento y los fines esenciales que les fueron encomendados.

De igual manera, el sindicato aclaró que tanto el Inpec como la oficina de Control Interno activaron los mecanismos disciplinarios pertinentes para esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de todos los involucrados.

“Reiteramos nuestro compromiso con los más altos estándares éticos y legales, para garantizar un entorno seguro y justo para la población privada de la libertad y los funcionarios de este establecimiento”, concluyó.