Con una empresa importadora de bebidas alcohólicas, Gobernación contrató plan de comunicaciones por $1 mil millones

A sólo tres meses de haber iniciado el mandato Rafael Martínez en la Gobernación del Magdalena, salió a la luz un generoso contrato que la administración cerró con la empresa Social Dev SAS (SD SAS) para la implementación de un plan estratégico de comunicación.

Tal como lo reveló el director de OPINIÓN CARIBE, Víctor Rodríguez, a través de su cuenta de X – antes Twitter, se trata de un contrato por la suma de $993.150.000, por una duración de 9 meses. Es decir, por cada mes, la Gobernación estaría desembolsando $110.350.000 por concepto de “prestación de servicios profesionales con el fin de fortalecer la implementación de un plan estratégico de comunicación externa que permita fomentar la promoción de los avances del Plan de Desarrollo Departamental a través de medio digitales de comunicación”.

El contrato, que se extiende hasta el 26 de diciembre de 2024, fue aprobado y firmado por Jenny Marcela Camacho Neuto, hoy jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación, misma que se convirtió en objeto de investigación de la Procuraduría en septiembre de 2023 “por su presunta responsabilidad en la no prestación del servicio de alimentación escolar, PAE, a más de 100.000 niños del departamento desde el 17 de marzo, hasta julio de 2023”.

Por otro lado, se estableció que el proveedor del contrato – SD SAS – se encuentra bajo la dirección de sola persona: Efraín Jesús Gutiérrez González, que aparece como gerente en el respectivo documento de Cámara de Comercio, y Oswaldo González Molina, quien sería el subgerente.

Entre los datos más llamativos de dicha organización, ubicada en ma calle 15#3-74, en el Centro Histórico de Santa Marta, es que su objeto social “importar y exportar bebidas alcohólicas, cosméticos, prendas de vestir, comidas, aparatos electrónicos y tecnología”, así como ofrecer servicios de desarrollo de software y prestar soporte del mismo (…) Asistencia y mantenimiento de establecimientos comerciales, equipos de oficinas” y “ofrecer asistencia y asesoría en marketing y comunicación digital en redes sociales, desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles”.

Dicha contratación resulta sumamente preocupante, dada la alta suma destinada a la misma y la organización contratada, cuyas funciones principales no están exactamente relacionadas con el objeto del contrato.

Así mismo, desde OPINIÓN CARIBE se hace un llamado a los entes de control para que se ejerza vigilancia sobre este convenio ejecutado con recursos públicos, teniendo en cuenta que no es la primera vez que los Gobiernos de Fuerza Ciudadana destinan cifras de esta magnitud para fines similares al mismo proveedor.

Espere información más detallada en nuestra próxima publicación de nuestra Unidad Investigativa “El papel de una empresa de papel”.