Se Caicediaron $15.000 millones en publicidad (Primera Parte)

Un análisis a los documentos que sustentan la contratación directa y la ejecución de los más de $15.000 millones que los gobiernos de Fuerza Ciudadana han canalizado hasta en cuatro empresas de publicidad, a la luz de los consultores de Solucionis Legal, deja ver incumplimientos de deberes contenidos en la Ley 80 para todas las atapas de los contratos estatales,  desatención al Código General Disciplinario, detrimento patrimonial de la entidad territorial, y la incursión en conductas de tipo penal.

Por: Unidad Investigativa

En las regiones, incluso en Bogotá y las grandes ciudades del país, la cooptación de la prensa a través del dinero de la pauta oficial es un problema de dimensiones gigantescas y que atenta de manera directa con el derecho a “ser informado”, desatendiendo  los principios deontológicos que rigen este importante ejercicio.

A finales de agosto de 2016, la captura de varios periodistas en la ciudad de Pereira, dejó en evidencia las irregularidades más comunes que se cometen en el plano contractual dentro en las Oficinas de Prensa y Comunicaciones de las entidades estatales. La Fiscalía dijo en su momento, que los comunicadores serían imputados por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación; falsedad ideológica y/o material en documento público y privado, y asociación para cometer delitos contra la administración pública.

La cárcel está a la vuelta de la esquina

Durante el desarrollo del proceso, casi todos los comunicadores se acogieron al principio de oportunidad, ayudando a esclarecer los hechos objeto de investigación, es decir, reconocieron tácitamente su responsabilidad en el engranaje corrupto, orquestado desde la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Pereira. En 2019 se conoció la condena a uno de los implicados que decidió ir a juicio alegando su inocencia.

Este evento, puso de presente que el objetivo de pagarle a medios y periodistas no es precisamente informar de manera transparente sobre la gestión de la administración como dice la norma, sino establecer un mecanismo de defensa y mercadeo, que muchas veces resulta ser el envión inicial (o total) de una campaña política.

Hoy día, los mandatarios distritales y departamentales no tienen ningún tipo de recato, pues, convirtieron, literalmente, las oficinas de comunicaciones en agencias publicitarias orientadas a la exaltación de las virtudes del gobernante, ataque feroz a los detractores y control total o mayoritario sobre la prensa, garantizando de esta forma posicionamiento en positivo de su imagen y magnificación de la gestión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), presentó en su informe El costo del ruido: el millonario gasto en publicidad oficial y su impacto en la libertad de expresión, datos que deberían preocupar a la opinión pública, dado el efecto negativo que tiene en la información que se consume.

“Según la Encuesta Nacional de Libertad de Expresión y Acceso a la Información publicada por Cifras y Conceptos a finales de abril de 2023, el 44% de las 585 personas encuestadas afirmó que conocía a algún medio en su departamento que había dejado de publicar por miedo a perder la pauta publicitaria. Casi la mitad (el 48%) supo de casos de periodistas que modificaron su posición editorial a cambio de un contrato por publicidad oficial. La presión económica, consecuencia de la dependencia de la pauta oficial, es uno de los mayores factores de censura en el país”, se lee en uno de los apartes del documento.

Al lector que se asoma a estas líneas, le parecerá un poco exagerado la referencia a estos asuntos, pues, ha de justificarse en razón de la vinculación laboral la difusión en positivo de los hechos noticiosos donde aparece como protagonista el mandatario u ordenador del gasto, dejando de lado la función social que cumple el ejercicio periodístico. Este argumento no puede aceptarse si se habla de comunicadores vinculados a medios de comunicación, pues, en sentido literal, ese espacio de difusión y la información que por allí transita, condiciona las decisiones de sus lectores, radioescuchas y televidentes.

Aunque parezca, la anterior no es una concepción o reflexión moral sobre el tema, sino por el contrario, un derecho fundamental exigible a través de los instrumentos que para estos fines dispone el ordenamiento jurídico, así lo considera el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, cuerpo colegiado que exige a los Estados miembros regulación de este tipo de acciones.

“[…] La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus  líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”, apunta la organización.

A pesar de que se han advertido desde hace mucho tiempo las transgresiones constantes a estas recomendaciones, es muy poco lo que se hace para redireccionar los modos y las formas en que debe contratarse y ejecutarse la pauta oficial, ya que, el actual estado de cosas es conveniente a todos los mandatarios sin importar la orientación política.

Lo que hemos venido viendo en Santa Marta y el Magdalena, es un claro ejemplo de la utilización de dineros públicos para el posicionamiento mediático de personas concretas, la presión económica a periodistas independientes y varias inconsistencias en la ejecución de los contratos.

La Perla Cultural y Tú También fue el ensayo

Al final de su mandato como alcalde, Carlos Caicedo firmó dos convenios de asociación con la corporación ‘sin ánimo de lucro’ La Perla Cultural y Tú También, representada legalmente por el ciudadano español, Carlos Taboada López, por un valor superior a los $5.600 millones. La ejecución de dichos contratos generó mucho ruido y provocó innumerables denuncias en medios y a través de canales institucionales por veedores ciudadanos.

Siendo contralor, Edgardo José Maya Villazón, se dio a la tarea de auditar los dos convenios de asociación suscritos entre  Carlos Caicedo  y Carlos Taboada López. El análisis del ente de control fiscal arrojó como resultado 24 hallazgos. La Contraloría cuestionó inicialmente que se hubiera hecho caso omiso a la necesidad de verificar la capacidad financiera de las entidades que contratan con el Estado, en aras de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales.

A este respecto, la Contraloría demostró que a pesar de que los dos convenios superaban los $5.600 millones, la corporación seleccionada para la ejecución del convenio aportó únicamente $609 millones, generando un gran desequilibrio y evidenciando la falta de planeación. El ente de control también comprobó que se movieron dineros de un convenio a otro sin las respectivas justificaciones jurídicas y la inversión de recursos en elementos que estaban fuera del objeto contractual.

Como si lo dicho hasta aquí fuera poco, la auditoría de la Contraloría encontró que a través de giros directos sin ninguna justificación ni registro contable se trasladaron recursos a una empresa de diseño arquitectónico y urbanismo así como a directivos de La Perla Cultural y se certificaron actividades que nunca fueron ejecutadas. Medios de comunicación locales denunciaron en su momento que en los informes de ejecución hay facturas duplicadas, pagos a empresas a nombre de personas diferentes a los representantes legales y la utilización de esos recursos para publicidad política del entonces candidato a la alcaldía, Rafael Martínez.

Asimismo, la existencia de una presunta red de soborno a periodistas locales, regionales y nacionales, a los cuales se les pagaba con dinero público en uno y seis millones mensuales dependiendo al medio donde trabajase. Varias de las fuentes vinculadas a esa red y que prefirieron mantener en reserva su nombre, denunciaron que a fecha de hoy sigue funcionando de la misma manera.

Muchos años después de la ejecución de esos convenios y el avance de Fuerza Ciudadana en varios escenarios y múltiples señalamientos, en 2023, durante las maratónicas jornadas de imputación y medida de aseguramiento en contra de Carlos Caicedo por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, el delegado de la Fiscalía General de la Nación informó que las irregularidades advertidas más arriba, hacen parte de los 32 procesos penales que tiene abiertos en esa institución el personaje de marras.

Estos dos contratos sirvieron de ensayo a los gobernantes de entonces y a los ‘emprendedores’, quienes ‘aprendida la lección’, siguieron trabajando en llave hasta la actualidad, disponiendo de más recursos públicos para magnificar sus gestiones y posicionar en positivo su nombre, como ya se advirtió, transgrediendo las normas que protegen el derecho a ser informado. En los años que siguieron, modificaron las tipologías contractuales para poder evadir aún más los controles.

“No se habla con la boca llena”

Editora de Medios S.A.S., casa matriz del periódico Hoy Diario del Magdalena, durante la gestión de Caicedo en la Gobernación, recibió un total de siete contratos por un valor de $3.674 millones. Los objetos a desarrollar por la empresa van desde la prestación de servicios para diagramación, diseño y publicación tendiente a socializar la gestión del Plan de Desarrollo,  consolidación de la divulgación del Plan de Desarrollo departamental, hasta a compraventa de cuadernos escolares cinco materias.

También, le entregaron contratos para apoyar las acciones estratégicas de comunicación destinadas a propiciar la movilización ciudadana, en razón de “los programas banderas, proyectos y campañas de la Gobernación del Magdalena, a través de un medio de comunicación escrito”.

Siguiendo la misma línea de su jefe político, Virna Jhonson también canalizó recursos de su Oficina de Comunicaciones hasta Editora de Medios por valor de $2.120 millones. Pero, no solo estas dos entidades territoriales favorecieron a Ulilo Acevedo, también lo hicieron el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta (Setp)  y  la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar) mientras estuvo administrada por funcionarios serviles al Caicedismo.

La representante legal de Editora de Medios, Astrid Liseth Zapata Goenaga, figura también como receptora de contratos por más de $281 millones a través de la  empresa Canal Popular S.A.S., cuentas alegres indican que esa casa editorial ejecutó contratos con la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y varias de sus dependencias por más de $7.000 millones.

Durante el tiempo en que estuvieron vigentes los contratos, las páginas del Hoy Diario del Magdalena se convirtieron en el canal a través del cual Carlos Caicedo emplazaba púbicamente a sus detractores, incluso, sirvió se amplificador de la guerra interna por el control de la Essmar y la concesión de la recolección de basuras.

La cantidad de dinero invertida en pauta oficial, solo en esas dos empresas, las cuales ‘cumplen’ con el objeto a través del Hoy Diario del Magdalena, les aseguró a los mandatarios de turno y sus alfiles electorales, espacios exclusivos e irrestrictos en los canales que ese medio dispone para el público. Analizar el contenido de esos ejemplares sería un ejercicio interesante para medir el cumplimiento estricto de los fines de la pauta oficial, también lo sería para los entes de control auscultar los documentos que sustentan la inversión de los recursos.

Sea menester indicar que, los hallazgos advertidos en su momento por la Contraloría y el proceso abierto en la Fiscalía por hechos relacionados con los contratos de La Perla Cultural, deberían ser el punto de partida  de los investigadores de los entes de control, pues, como veremos más adelante, a lo largo de los años han venido usando la técnica ensayo error, pero cometiendo las mismas irregularidades en la ejecución, soporte contable y vigilancia de los mismos.

Hemos tratado de demostrar que esta inversión en publicidad, va contra la naturaleza y objetivos manifiestos de la Ley 1474 de 2011, norma que en su artículo 10 establece los lineamientos que han de seguirse a la hora de contratar con medios de comunicación la divulgación de programas y el alcance de los mismos. Indica sobre el particular el citado estatuto, que tales contratos “deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos”.

Opinión Caribe puso a disposición de las autoridades de control y judiciales toda la documentación pre y post-contractual relacionada con los contratos anteriormente referenciados. Desde esta tribuna se apremia los funcionarios a quienes nuestras quejas solicitudes y peticiones fueron asignadas para que prioricen estos temas antes de que se pierdan las facultades sancionatorias o prescriban los presuntos delitos.

SOCIAL DEV S.A.S. el ‘comodín’ publicitario de Fuerza Ciudadana

Aunque solo hasta ahora aparece en la mira de los periodistas investigativos por presuntas malas prácticas, la empresa Social DEV SAS ha estado siempre vinculada a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena gestionadas por Fuerza Ciudadana.

Según el certificado de existencia y representación, Social DEV SAS fue registrada en la Cámara de Comercio de Santa Marta el 17 de agosto de 2017 con un capital suscrito y pagado de un millón de pesos y, registrando como gerente titular a Oswaldo José González Molina y como suplente a Elva María Cabana.

El primero de los contratos que le dieron a esta empresa, fue tiempo después de que explotara el escándalo de La Perla Cultural, es decir, todos estos años fueron de a poco, allanándole el camino para que pudiera cumplir con los débiles requisitos que le exigen para adjudicarle de manera directa.

Dentro del expediente, para cumplir con los requisitos de experiencia, aparecen dos certificaciones que llamaron la atención, la primera, expedida por la empresa Diseñar S.A.S., firmada por Ricardo Pedrozo López, quien curiosamente, registra como dirección comercial una casa ubicada a tres manzanas de la ubicación de Social DEV SAS en el barrio Ciudad del Sol.

La segunda, fue expedida por JC Digital Media y firmada por Yesvila Olivella, allí, asegura que Social DEV SAS “prestó sus servicios de publicación de contenidos web, divulgador de campañas y manejo de redes sociales, actividad realizada a uno de los productos de esta empresa periódico digital Dracamandaca”, sin embargo, curiosamente JC Digital Media, figura como cotizante de estos servicios a la Alcaldía Distrital de Santa Marta en el expediente del mismo contrato.

Ya en los informes de ejecución, puede notarse que a pesar que en el objeto del contrato habla de publicación en medios que manejen información general, solamente se evidencia la colocación de los publirreportajes en la página Eventos Santa Marta y las cuentas de X:  100% Samarios y Rincón Samario.

Durante 2019, Social DED SAS, siendo ahora representada legalmente por Diana Paola Dávila Matos, también fue invitada directamente a presentar oferta para la suscripción de un contrato por valor de $200 millones. Causa curiosidad que esta vez no se presentan certificaciones de JC Digital Media ni Diseñar S.A.S, sino de una empresa de ingeniería ubicada en Aguachica.

El 20 de septiembre de 2019, solo una semana antes de que Social DEV SAS firmara un contrato cinco veces mayor al anteriormente referenciado y con un plazo de cuatro meses, la empresa MCH Construcciones e Ingeniería y Obras Civiles, expidió un certificado donde hacía constar que Social DEV había ejecutado con ellos un contrato por esa cuantía, habilitándolos automáticamente para ser adjudicatarios, en razón de los débiles requisitos exigidos por la Alcaldía de Santa Marta.

Extrañamente, al hacer una revisión en la web no se encuentran muchas referencias a noticias relacionadas con el objeto del contrato que se dice ejecutado, como sí las hay, por ejemplo, en el celebrado con la Alcaldía de Santa Marta en 2018 por una cuantía mucho menor, tampoco se observa mayor movimiento, en la cuenta en X, pero sí en Facebook, no obstante, dado el aspecto de las piezas de diseño y los textos posteados, se nota que no son hechos por una empresa especializada en publicidad y colocación de pauta. Las autoridades tendrán que determinar si la información consignada en el documento es real o falsa.

Farouk Chicre, abogado, consultor  de la firma  Solucionis Legal y quien hizo una revisión a varios de los contratos suscritos entre la Gobernación del Magdalena y Social Dev SAS, ahora representada por Efraín Jesús Gutierrez González, deja en evidencia la comisión de presuntas irregularidades que a su juicio podrían ser sancionables desde el plano disciplinario y fiscal, además, un modus operandi similar a lo largo del tiempo.

Para el caso del primer contrato, fechado en abril de 2021, precisa Chicre que para el análisis del sector se utilizaron como referencia dos contratos celebrados por la Alcaldía Distrital de Santa Marta, obviando que el marco de acción del contrato era departamental.  “Desde el análisis del sector se observan irregularidades, pues lo correcto hubiera sido, primero, revisar contratos similares suscritos por la misma entidad, es decir, Gobernación del Madalena u otras entidades del mismo orden, que hubieren contratado servicios con alcance departamental. Además, debieron haberse recaudado cotizaciones de personas jurídicas o naturales que prestasen los servicios a contratar, sin embargo, ello no se hizo de la manera correspondiente”, explicó el jurista.

También cuestionó los laxos requisitos de idoneidad y experiencia, referidos únicamente a la celebración de contratos que igualen o superen el valor a contratar, lo que a su juicio no permite verificar ni la experiencia ni la idoneidad del contratista, más aún, cuando en la mayoría de los documentos precontractuales se elimina el análisis del subsector de la prensa y publicidad, aduciendo la modalidad de la contratación y la cuantía.

Los siguientes dos contratos, que suman más de $1.000 millones, presentan las mismas irregularidades antes mencionadas con un agravante, que dado el monto, el abogado considera que la modalidad de contratación directa puede ser cuestionada.

“La cuantía del primer contrato se previó $365.000.000, lo cual, por el monto, genera la necesidad de acudir a un proceso con multiplicidad de oferentes, pues supera la menor cuantía de la Entidad”, comentó y a renglón seguido expuso: “el valor de segundo contrato fue de $705.000.000, sin embargo, en la minuta del contrato, tratando de ocultar el valor real, se indicó uno mucho menor. Para este contrato se ve una irregularidad adicional y es que por la cuantía del contrato se debió acudir a una licitación pública, pues no se presentaba ninguna de las causales previstas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 para acudir a otra modalidad contractual, menos a contratación directa por prestación de servicios, pues se vulnera el principio de selección objetiva”.

Otro de los aspectos que evidencian el desprendimiento total de la función pública y la vigilancia estricta que debe haber en cuanto a la ejecución de los recursos públicos, según Farouk Chicre, tiene que ver con los informes de ejecución que se presentan para viabilizar mes a mes los cuantiosos pagos.

“El contratista, para justificar la presunta ejecución del contrato aportó unos links de publicaciones en cuentas de Facebook, Instagram y otras redes sociales, de muy baja cobertura publicitaria. Sin embargo, ese no era el objeto del contrato, pues lo que se buscaba con la celebración del contrato era la promoción de las gestiones de la Gobernación del Magdalena respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo; y ello se logra a través de medios de comunicación de amplia difusión”, aseguró el abogado.

Tras ese análisis, concluye que los documentos precontractuales, contractuales y de ejecución, dejan al descubierto presuntas irregularidades a modo de dolo  con alcance disciplinario, fiscal y penal, en las etapas de planeación, celebración y ejecución. “Se vulneraron los principios de la función pública, de la contratación estatal y las normas especiales que regulan los trámites contractuales, lo cual conduce a i) incumplimiento de deberes a la luz del Código General Disciplinario, ii) detrimento patrimonial de la entidad territorial, y iii) e incursión en conductas de tipo penal”, puntualizó Chichre.

El pasado 22 de marzo, Laura Carrillo Sierra, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones de la Gobernación del Magdalena dejó en evidencia lo que ha sido Social DEV desde agosto de 2016 cuando fue registrada en la Cámara de Comercio de Santa Marta: una empresa de papel creada para canalizar recursos públicos.

La certificación de idoneidad y experiencia elimina de tajo las certificaciones aportadas para viabilizar contratos con la Alcaldía de Rafael Martínez y deja ver que desde 2018 hasta la fecha, Social DEV SAS ha recibido de los gobernantes del partido Fuerza Ciudadana más de $2.600 millones.

Para el año en curso, ejecuta un contrato similar por valor de $996 millones con un pago mensual del $110 millones. Desde los grupos de WhatsApp donde quienes realmente manejan Social DEV SAS, se presentan inconformismos por la forma irregular en la que se vienen haciendo los pagos por los servicios contratados. Hace pocos días, circuló una captura de pantalla donde se le advertía al comunicador inconforme que se tendría en cuenta su inconformidad y que también se estudiaría su continuidad en el ‘plan de mercadeo’.

Opinión Caribe ha intentado varias entrevistar a Efraín Jesus Gutierrez González en las oficinas que aparecen referenciadas, pero no ha sido posible ubicarlo, toda vez que siempre está cerrada y al interior no se ve el movimiento propio de una agencia de comunicaciones con un contrato de tamaña cuantía.

Ver documentos completos aquí.

Posdata:

Los entes de control y autoridades judiciales tienen que apersonarse de estas denuncias que desde hace años se vienen haciendo desde distintos sectores de la opinión pública y que, por más escándalo y evidencia que se aporten sobre los actos presuntamente irregulares, pasan desapercibidos.

En este caso en concreto, muchas fuentes consultadas antes de la realización de la nota, aseguran que, quien figura como representante legal de la empresa no tiene ningún tipo de control sobre la ejecución de los dineros y la forma como se demuestra la ejecución de los contratos, razón por la cual ha cambiado tantas veces de gerente y representante legal. Igualmente, sostienen que varios de los que han figurado en los documentos como representante legal titular y suplente, han solicitado su retiro al enterarse de la forma cómo se mueve el dinero y adjudican los contratos.

Denuncian también, que los dineros de esos contratos se utilizan para pagar por debajo de la mesa a periodistas, bodegueros, influencers y abogados serviles a la causa política de Fuerza Ciudadana, en ese sentido, solicitan se investigue el papel que como dinamizadores de ese dinero juegan Rafael Rodríguez Santana e Isnardo Álvarez.

Arsenal de preguntas:

¿Qué papel ha jugado en el presunto pago irregular de dinero a periodistas, influencers, abogados y twitteros, Astrid Liseth Zapata Goenaga, representante legal de Editora de Medios S.A.S. y Canal Popular S.A.S., empresas beneficiadas con contratos por más de $7.000 millones durante los gobiernos de Virna Jhonson y Carlos Caicedo?

¿Sr. Efraín Jesus Gutierrez González por qué en los contratos anteriores al firmado con la Gobernación del Magdalena en 2023 no se hacen pagos de seguridad social, parafiscales y demás que ordena la ley a los trabajadores vinculados a la empresa?

¿Sr. Efraín Jesus Gutierrez González cuáles son los parámetros que utiliza usted para seleccionar los medios de comunicación a través de los cuales coloca la publicidad y publirreportajes encomendados por la Gobernación del Magdalena ahora y, Alcaldía de Santa Marta en años pasados?

¿Por qué  en la mayoría de los informes solo reporta colocación en dos portales y dos cuentas de twitter, administradas por personas que han tenido o tienen vinculación laboral con ambas entidades territoriales?

¿Las denuncias de incumplimiento en los pagos a medios y periodistas del ‘plan de medios’ que financia la Gobernación del Magdalena, está asociada a la reciente encuesta de candidatos alternativos y las entrevistas que le vienen haciendo a Carlos Caicedo en diversas plataformas para hablar de su ‘victoria’ en la medición?

¿En qué obra prioritaria invertiría usted, samarios y magdalenense los $15.000 millones gastados en publicidad descritos en esta nota?