Unidad Investigativa
El Magdalena profundo: Desafíos y caminos hacia una paz sostenible
El Magdalena acumula 2.485 homicidios entre 2022 y 2026, 21 masacres, 65 víctimas de esas masacres, 38 líderes sociales asesinados desde 2016 y casi 2.000 personas desplazadas en los primeros dos meses del año. Cuatro procesos de paz han pasado por este departamento sin transformar su realidad. Hoy, con un nuevo gobierno a punto de tomar posesión y una política de seguridad que cambiará radicalmente, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién le cumple al Magdalena?
Por: Arnol Sarmiento
Investigación especial / Opinión Caribe — 8 de julio de 2026.
El camino hacia la paz en el departamento del Magdalena ha estado marcado por enormes dificultades. La persistencia de una violencia sistemática, reflejada en homicidios, presencia de grupos armados ilegales, desplazamientos forzados, masacres, extorsiones y otras formas de criminalidad, evidencia el fracaso de las políticas de seguridad implementadas durante los últimos años. En este contexto surgen varias preguntas inevitables: ¿quién le cumple al Magdalena? ¿Cómo alcanzar una paz verdaderamente sostenible? ¿Qué desafíos debe superar el departamento para lograrlo?
Para responder estos interrogantes, primero es necesario comprender la historia reciente de la violencia que ha golpeado este territorio. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos y con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la actual crisis de seguridad obedece principalmente a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, y otras estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Los Primos y Los Carperos.
Un departamento sitiado
Las cifras hablan por sí solas. Entre 2022 y el 30 de junio de 2026, 2.485 personas fueron asesinadas en el Magdalena durante el periodo en que estuvo vigente la política de Paz Total. La tendencia no solo es alarmante: es ascendente. En 2019 se registraron 260 homicidios; en 2020, pese a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, la cifra subió a 287; en 2021 aumentó a 374. A partir de 2022, con la Paz Total en marcha, los números no bajaron: ese año se contabilizaron 500 asesinatos; en 2023 la cifra ascendió a 536; en 2024 llegó a 573; en 2025 alcanzó los 615. En lo corrido de 2026, entre el 1 de enero y el 30 de junio, ya se reportan 261 homicidios. Estas estadísticas provienen de Medicina Legal, la Plataforma de Derechos Humanos del Magdalena (PDHAL) y Santa Marta Cómo Vamos.
Santa Marta tampoco ha escapado a esta realidad. Entre 2019 y 2025 fueron asesinadas 1.214 personas en la capital del Magdalena, siendo 2023 y 2024 los años con los mayores niveles de violencia registrados en la serie histórica.
A esta situación se suma el comportamiento de las masacres. De acuerdo con Indepaz, entre 2020 y 2025 el Magdalena registró 21 masacres y 65 víctimas, con una concentración especialmente grave en 2023, el año más violento del periodo: 7 masacres y 22 víctimas. El desglose año por año revela la persistencia del fenómeno: en 2020 ocurrieron 2 masacres con 6 víctimas; en 2021, 3 masacres y 9 víctimas; en 2022, 4 masacres y 12 víctimas; en 2024, 3 masacres y 10 víctimas; y en 2025, 2 masacres y 6 víctimas. Un panorama que confirma la continuidad de la violencia organizada y mantiene al departamento entre los territorios más afectados por el conflicto y la criminalidad en Colombia.
El Magdalena entre masacres, líderes asesinados y una cifra récord de homicidios
A la persistencia de los homicidios se suma el asesinato de líderes sociales. De acuerdo con Indepaz, 38 líderes sociales han sido asesinados en el Magdalena desde 2016, una cifra que refleja la continuidad de la violencia contra quienes ejercen liderazgo comunitario y defienden los derechos humanos.
El panorama se agrava con el desplazamiento forzado. En marzo de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Magdalena se ubicó entre los territorios más afectados por este fenómeno durante el inicio del año. Entre enero y febrero, el departamento registró 1.960 personas desplazadas, situándose entre las regiones con mayor impacto humanitario del país. Solo durante febrero, el Magdalena concentró 1.159 personas afectadas por eventos de desplazamiento masivo, principalmente en los municipios de Aracataca, Ciénaga y Pivijay. Para la Defensoría, estas cifras evidencian la presión sostenida que ejercen los grupos armados ilegales sobre corredores estratégicos del departamento.
El corredor de la muerte
Más allá de las cifras individuales, los datos revelan un fenómeno de mayor alcance: la consolidación de un corredor de violencia que conecta varios municipios del Magdalena y que el director de la Plataforma de Derechos Humanos (PDHAL), Lerber Dimas Vásquez, denomina sin titubeos como “el corredor de la muerte”.
“Una respuesta de violencia con violencia nos va a aumentar los niveles de homicidios en estos territorios y la violación a los derechos humanos”, afirmó Dimas, al insistir en la necesidad de replantear un mecanismo serio de pacificación que permita recuperar la presencia institucional del Estado en las zonas hoy controladas por estructuras armadas ilegales.
Su diagnóstico va más allá de las estadísticas. Según el defensor de derechos humanos, el Magdalena está presionado por dos frentes de control armado simultáneos: hacia la Sierra Nevada, por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN); y hacia el centro, el sur y la subregión río, por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). “Tenemos un departamento que está sitiado hacia la parte montañosa por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y hacia el centro, el sur y la subregión río por el Ejército Gaitanista de Colombia”, aseguró.
Ese cerco, advierte Dimas, ha debilitado la presencia institucional y ha dejado amplias zonas del departamento sometidas a corredores de movilidad, vigilancia y economías ilegales. Para el investigador, el debate no debe centrarse en respaldar o rechazar la política de Paz Total, sino en construir una estrategia efectiva de recuperación territorial que no continúe cobrando vidas civiles. “Creo que es necesario replantear un mecanismo de pacificación para el territorio y ver cómo estos territorios pueden volver a ser controlados por el Estado”, concluyó.
La Ciénaga Grande: un nuevo escenario de alto riesgo
Los casos registrados en Aracataca, Ciénaga y Pivijay no son hechos aislados. Estos municipios hacen parte de una franja territorial históricamente vulnerable, caracterizada por una presencia institucional intermitente y una limitada capacidad de respuesta frente a las emergencias humanitarias derivadas del conflicto.
A este panorama se suma la Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo y divulgada el pasado 30 de junio. En ella, la entidad advierte que la expansión y disputa territorial entre el EGC y las ACSN está configurando un escenario de alto riesgo para miles de habitantes de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La alerta señala que la situación afecta de manera especial a los centros poblados palafíticos de Nueva Venecia y Buenavista; al corregimiento de Palermo; a los caseríos La Canchera, Caño Clarín y Villa Clarín; así como a las veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad.
La Ciénaga Grande de Santa Marta, un corredor estratégico del narcotráfico
Según la Defensoría, ambas estructuras armadas han consolidado su presencia mediante mecanismos de control social, económico y territorial que recuerdan las prácticas utilizadas por antiguos grupos paramilitares: imposición de normas de comportamiento, restricciones a la movilidad, extorsiones y sistemas de vigilancia sobre las comunidades.
El organismo también advierte que el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta volvió a convertirse en un corredor estratégico para la movilidad de actores armados ilegales, debido a su conexión con la Sierra Nevada, el río Magdalena y el mar Caribe. Esta ubicación facilita el tránsito de hombres armados, el tráfico de estupefacientes y el desarrollo de otras economías ilícitas.
El abogado especialista en Sistema Penal Acusatorio Ricardo Villa Sánchez, quien en 2024 fue designado por el Gobierno Nacional como representante en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN, dimensiona la magnitud territorial del problema: el complejo lagunar comprende cerca de 528.600 hectáreas, involucra 26 entidades territoriales y concentra el 98,5% de su extensión en el Magdalena, donde persisten elevados índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Solo en Sitionuevo, el Registro Único de Víctimas registra 25.668 personas víctimas del conflicto, de las cuales cerca del 82% corresponde a casos de desplazamiento forzado.
A este escenario se suma la reactivación del grupo conocido como Los Carperos, con presencia en Palermo. Según la Defensoría, esta organización podría ser absorbida o instrumentalizada por alguno de los grupos armados en disputa, incrementando su capacidad operativa y el nivel de violencia en la región. El informe también documenta homicidios ocurridos durante el primer semestre de 2026, varios casos de desaparición forzada y el hallazgo de cuerpos en zonas ribereñas del Magdalena, así como la masacre ocurrida el 10 de mayo en Palmira, jurisdicción del municipio de Puebloviejo, donde cinco personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas. Para la Defensoría, el riesgo no es exclusivamente municipal sino de carácter regional, dada la continuidad territorial del complejo lagunar entre Puebloviejo y Sitionuevo.
Uno de los aspectos que más preocupa a la Defensoría es la consolidación de esquemas de gobernanza armada ilegal. Hombres armados realizan reuniones coercitivas con la población, ejercen vigilancia permanente, imponen castigos y exigen pagos extorsivos a pescadores, comerciantes y operadores turísticos, consolidando mecanismos de control que debilitan la presencia efectiva del Estado.
La dimensión económica del crimen
El control territorial de los grupos armados no se sostiene únicamente con violencia. Se financia. Villa Sánchez, citando el informe Control total de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), expone la dimensión económica del fenómeno criminal en el Magdalena. Las extorsiones podrían generar entre $6.000 y $7.000 millones de pesos mensuales. Cerca del 95% de los prestadores de servicios turísticos estarían pagando algún tipo de exigencia económica ilegal. Solo la plaza de mercado de Santa Marta produciría más de $10.000 millones de pesos al año mediante este delito.
A ello se suma la persistencia del narcotráfico como una de las principales fuentes de financiación. Durante 2025 fueron incautadas 35 toneladas de cocaína entre Magdalena y La Guajira, mientras que entre 2020 y 2025 las autoridades decomisaron 81 toneladas únicamente en Santa Marta.
Para el jurista, esta realidad convierte a las organizaciones armadas en verdaderos poderes de facto. “El crimen organizado ya no actúa solo como banda armada. En varios territorios opera como un verdadero poder de facto”, sostiene. Y advierte que esa combinación de violencia, control territorial y economías ilegales hace que la legislación penal vigente resulte insuficiente. “El Código Penal permite perseguir delitos como homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, lavado de activos o reclutamiento. Pero una suma de expedientes no desmonta una gobernanza criminal”.
La Paz Total en el Magdalena: historia de un proceso inconcluso
La política de Paz Total comenzó a tomar forma el 7 de agosto de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro la presentó como el eje de su estrategia de seguridad, con el propósito de abrir procesos de diálogo con las distintas estructuras armadas ilegales para avanzar hacia su desarme, sometimiento a la justicia o negociación.
En el caso del Magdalena, uno de los primeros pasos fue la expedición del Decreto 2659 del 31 de diciembre de 2022, mediante el cual el Gobierno Nacional ordenó un cese al fuego bilateral y temporal con las ACSN, en el marco de conversaciones exploratorias. En ese decreto, el Ejecutivo señaló que la organización había manifestado su disposición a mantener un cese unilateral y a participar en un espacio de diálogo sociojurídico. La decisión también respondió, según el documento oficial, a solicitudes formuladas por comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que reclamaban una reducción de la violencia en sus territorios.
Sin embargo, la evolución de los indicadores de seguridad comenzó a generar cuestionamientos sobre los resultados de esta estrategia. El Magdalena cerró 2022 con más de 500 homicidios y varios hechos catalogados como masacres, consolidándose como uno de los años más violentos para el departamento. Lejos de mejorar, el panorama continuó deteriorándose durante 2023, mientras avanzaban los acercamientos con las ACSN sin resultados visibles en materia de seguridad.
En 2024, el Gobierno formalizó un Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN para explorar un eventual sometimiento colectivo a la justicia. Como parte de ese proceso, varios integrantes de la organización fueron designados como gestores de paz, decisión que implicó la suspensión de órdenes de captura contra miembros de su Estado Mayor y otros cabecillas. La medida generó críticas desde distintos sectores, que consideraron que los beneficios jurídicos otorgados no se reflejaron en una reducción de la violencia. Por el contrario, en Magdalena, La Guajira y Cesar continuaron registrándose homicidios, extorsiones y disputas por el control territorial.
El proceso tuvo un nuevo avance en febrero de 2026. Mientras en el Magdalena continuaban los homicidios y las denuncias por extorsión, el Gobierno Nacional abrió formalmente un canal de diálogo con el Estado Mayor de las ACSN. La reunión se realizó el 18 de febrero de 2026 en Bogotá, dentro del denominado Espacio de Conversación Sociojurídico, autorizado mediante la Resolución 300 de 2024 y sustentado en la Ley 2272 de 2022. En el encuentro participaron el máximo comandante de las ACSN, Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’; el jefe negociador del Gobierno, Óscar Mauricio Silva; y otros integrantes del Estado Mayor de esa estructura. La reunión contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
Gobierno sella compromisos con las ACSN en un Magdalena violentado
Las partes protocolizaron dos acuerdos. El Acuerdo I reglamentó el funcionamiento del Espacio de Conversación Sociojurídico con el propósito de avanzar hacia el desmantelamiento de la organización y su eventual sometimiento a la justicia, condicionado a la colaboración con las autoridades judiciales y al esclarecimiento de la verdad. El Acuerdo II incorporó compromisos específicos por parte de las ACSN: cesar los homicidios, abstenerse de cometer actos de violencia contra la población civil, no reclutar menores de edad, no ejecutar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, no interferir en proyectos institucionales y suspender cualquier forma de extorsión en los municipios priorizados de Dibulla, Ciénaga y Santa Marta. El Gobierno reconoció que la Sierra Nevada de Santa Marta y sus territorios circundantes acumulan cerca de cuatro décadas de violencia cíclica. Sin embargo, en el territorio la percepción de las comunidades seguía siendo distinta: los hechos violentos continuaron marcando el día a día.
Desde 2019, la Defensoría del Pueblo había emitido múltiples alertas tempranas para varios municipios del Magdalena y el Distrito de Santa Marta. En octubre de 2023, al revisar el cumplimiento institucional de esas advertencias, concluyó que la respuesta estatal era “media o baja” y que las medidas adoptadas habían sido, en su mayoría, reactivas y no preventivas, sin lograr contener el accionar de los grupos armados ni reducir su influencia sobre las comunidades más vulnerables.
“El diálogo con las ACSN fracasó”
Ante este panorama, surge un interrogante central: ¿cuál es la postura de los defensores de derechos humanos y de la institucionalidad frente a la implementación de la política de Paz Total en el Magdalena? Para responder esta pregunta, Opinión Caribe consultó a la Alta Consejera para la Paz y el Postconflicto del Distrito de Santa Marta, Jennifer Del Toro Granados, quien hizo un balance crítico del proceso adelantado por el Gobierno Nacional con las ACSN.
“El diálogo con las ACSN fracasó, y lo afirmo con la autoridad de haberlo advertido por escrito antes de que fracasara. No es un juicio a posteriori: mi oficina documentó y alertó sobre las distorsiones en la conducción del espacio sociojurídico. Advertí lo que debía corregirse. No se corrigió. El fracaso es la consumación de un riesgo señalado con la debida diligencia”, afirmó.
Del Toro explicó que la Resolución 300 de agosto de 2025 creó el Espacio de Conversación Sociojurídico con tres objetivos específicos: verificar la voluntad de las ACSN de transitar hacia el Estado de derecho, establecer las condiciones de un eventual sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios. Sin embargo, sostuvo que ninguno de esos propósitos se materializó. “La resolución ordenó verificar sin crear un solo instrumento de verificación: ni cronograma, ni metas, ni indicadores. Un proceso diseñado así no falló en el camino; nació sin la capacidad de saber si estaba funcionando”.
La Alta Consejera calificó este modelo como un “teatro de la paz”, al considerar que existía la apariencia de una negociación sin los mecanismos institucionales necesarios para garantizar resultados efectivos. Como ejemplo de la falta de coordinación citó la actuación del Gobierno Nacional durante el cierre del Parque Tayrona, en febrero de 2026. “Mientras el Ministro de Defensa señalaba públicamente a las ACSN como responsables de extorsiones y crímenes en el área del Tayrona, el jefe negociador de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sostenía que no existían pruebas que vincularan a esa estructura con la situación de inseguridad. El resultado de esa falta de coordinación era predecible y lo pagó el territorio: las estructuras armadas no se debilitaron; se consolidaron”.
Del Toro también recordó que en noviembre de 2025 la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la imposición de castigos y sanciones ilegales en Santa Marta y Valledupar. “Mientras el proceso declaraba avances, un actor armado ejercía justicia paralela sobre la población civil. La pregunta era inevitable: ¿por qué el proceso no activaba mecanismos de verificación?”.
Para la funcionaria, esa contradicción terminó erosionando la confianza ciudadana. “No se puede sostener un proceso de paz sin método, sin coordinación y generando expectativas imposibles de cumplir. La Oficina del Alto Comisionado realizó en Santa Marta más de 60 reuniones con las comunidades para identificar necesidades que serían atendidas mediante inversión del Gobierno Nacional. Esa inversión nunca llegó. Las comunidades lo vivieron como un engaño y quedaron frustradas y desconfiadas. Esa confianza debe reconstruirse, y la única forma de hacerlo es cumpliendo lo que se promete, sin excepciones”.
Los avances que sí existieron
A pesar del balance crítico, Del Toro sostuvo que en el Magdalena sí hubo avances, aunque no atribuibles a la política nacional sino a lo que el territorio hizo con el espacio que esa política abrió. “El avance real no está en la política nacional de Paz Total, sino en lo que el territorio hizo con el espacio que esa política abrió”.
Como ejemplo destacó la realización del Foro Internacional por la Paz, celebrado en febrero de 2025, al que calificó como la mayor movilización ciudadana por la paz registrada en el Caribe colombiano. Ese escenario permitió construir una agenda territorial enfocada en el desmonte de las economías ilícitas, la recuperación de la soberanía territorial, la reparación de las víctimas y la prevención del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes.
Asimismo, destacó que la Alta Consejería para la Paz gestionó más de $30.000 millones de pesos destinados al fortalecimiento de la educación superior en zonas afectadas por el conflicto, lo que permitió avanzar en la construcción de la primera sede universitaria en Guachaca y garantizar el acceso gratuito a programas profesionales para jóvenes de la Sierra Nevada. “La educación superior en la Sierra Nevada demostró que el modelo de concurrencia funciona. La Nación aportó recursos, las universidades capacidades y el Distrito acompañamiento institucional y comunitario. Ese modelo debería convertirse en la base del trabajo con el nuevo gobierno”.
Inicio de diálogos con las ACSN: Un paso hacia la paz de la Sierra Nevada
Del Toro también resaltó que la institucionalidad territorial logró mantener el vínculo entre el Estado y las comunidades, proteger los liderazgos sociales y mantener abiertos los canales de interlocución, lo que permitió gestionar situaciones críticas como el paro de la Troncal del Caribe en junio de 2026.
Sin embargo, insistió en que la principal limitación de la política fue su diseño institucional. “La Resolución 300 de 2025 ordenó verificar la voluntad de las ACSN de transitar hacia el Estado de derecho, pero no creó un solo instrumento para verificarla: ni cronograma, ni metas, ni indicadores, ni consecuencias frente al incumplimiento. Un proceso así era inviable. Además, operó sin ninguna articulación con la política de seguridad, que avanzaba en paralelo y, en ocasiones, en sentido contrario”.
¿Cómo medir una política de paz?
Consultada sobre los indicadores que deberían utilizarse para evaluar una política de paz, Del Toro aseguró que limitar el análisis a la reducción de homicidios resulta insuficiente. “Los indicadores deben medir la presencia real del Estado, la autonomía de las comunidades y la disminución de las afectaciones humanitarias”.
En ese sentido, señaló que también deben incorporarse variables como el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades, la extorsión medida por su incidencia real y no únicamente por las denuncias, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y otros factores relacionados con la gobernanza territorial. “Hay variables que casi nunca se miden y son las más importantes: quién resuelve realmente los conflictos cotidianos en el territorio, si el Estado o los grupos armados. También debe evaluarse la confianza ciudadana, entendida como la disposición de la población para acudir a las instituciones y no a quien ejerce el control ilegal sobre su comunidad”.
Lerber Dimas comparte ese diagnóstico y va más lejos. Para el director de la PDHAL, los indicadores tradicionales resultan insuficientes para comprender la realidad actual del Magdalena. “Seguimos evaluando estos fenómenos con indicadores de hace décadas, cuando el conflicto cambió completamente”. Planteó la necesidad de construir un sistema de indicadores específico para la Sierra Nevada y el Magdalena, capaz de medir variables como los delitos ambientales, las violaciones a los derechos humanos, las economías ilícitas, la gobernanza criminal y las distintas modalidades de violencia. “No todos los grupos armados ejercen la violencia de la misma manera. Cada organización tiene dinámicas distintas y eso exige mecanismos de medición diferentes”.
La mirada de la sociedad civil: un proceso bien concebido, mal ejecutado
Para contrastar la visión de la institucionalidad, Opinión Caribe consultó a Lerber Dimas Vásquez, quien hizo un balance crítico sobre la implementación de la política de Paz Total en el departamento. Aunque calificó los resultados como negativos, aclaró que su evaluación no constituye un rechazo al diseño de la estrategia. “El balance de la implementación de la Paz Total en el Magdalena es bastante negativo. Sin embargo, eso no significa que la política haya sido equivocada o innecesaria. Pienso que la arquitectura de la Paz Total estaba bien concebida y era necesaria para el país”.
A su juicio, el principal problema estuvo en la ejecución. “Quienes debían ejecutar la política no hicieron lo correspondiente. El Gobierno se equivocó al nombrar personas que no tenían la capacidad técnica ni la capacidad para tomar decisiones, resolver conflictos o avanzar en un verdadero proceso de paz en la Sierra Nevada”. Esa situación produjo un desgaste progresivo que terminó impidiendo que el proceso alcanzara resultados verificables.
En el caso de las ACSN, afirmó que el proceso nunca logró consolidarse como un mecanismo efectivo de construcción de paz. Respecto al EGC, reconoció que existieron avances durante las conversaciones adelantadas en La Toja, pero consideró que esos diálogos nunca tuvieron un impacto real sobre el Magdalena. “Las mesas avanzaron principalmente en Córdoba, Chocó y el Urabá antioqueño. Al Magdalena nunca llegaron. Por eso la Paz Total no puede considerarse un mecanismo exitoso para el departamento”.
Dimas también cuestionó el liderazgo del proceso. “Fue un proceso aislado. No hubo equipo, no hubo capacidad para construir consensos y se terminó excluyendo a muchos actores que podían aportar. El resultado fue una paz distante de las comunidades y sin escenarios reales de negociación”.
Frente al incremento de los homicidios, advirtió que el fenómeno no puede atribuirse exclusivamente a la Paz Total. “No se puede pretender que, mientras un grupo armado reduce su actividad, los demás hagan lo mismo. En estos escenarios siempre prevalece la lógica de la superioridad militar sobre el adversario”. Y señaló que uno de los principales errores consistió en no promover mecanismos que redujeran simultáneamente las confrontaciones entre las estructuras armadas. “Si se hubiera logrado un cese efectivo de las confrontaciones en la Sierra Nevada, seguramente los homicidios habrían disminuido de manera importante. En estos territorios las muertes aumentan cuando los grupos armados están disputándose el control”.
Sobre los vacíos en la implementación, Dimas fue contundente: “No hubo un sistema de seguimiento y monitoreo que permitiera establecer con claridad qué compromisos se cumplieron y cuáles no”. Por ello planteó la creación de un mecanismo independiente de seguimiento que integre a universidades, gremios productivos, organizaciones religiosas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos. “Hacía falta involucrar a la academia, a los gremios económicos, a las iglesias y a las comunidades en un verdadero sistema de seguimiento. Ese proceso nunca se construyó en el Magdalena y, en buena medida, ahí radica el fracaso de la implementación”.
Cuatro procesos de paz, la misma violencia
El Magdalena ha estado presente en al menos cuatro procesos de paz: la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la década de 1990; el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006; el Acuerdo Final de Paz con las FARC en 2016; y, más recientemente, la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, ninguno de estos procesos logró transformar de manera estructural la realidad del departamento.
“Si el Magdalena ha pasado por cuatro procesos de paz, la pregunta es por qué la violencia sigue prácticamente intacta. La respuesta es que nunca hemos construido paz desde lo local, desde las comunidades, ni el Estado ha honrado plenamente los compromisos que ha adquirido con los territorios”, señaló Dimas.
Para el investigador, la solución al conflicto no pasa únicamente por la negociación con los grupos armados, sino por fortalecer simultáneamente la institucionalidad, la Fuerza Pública y las capacidades de las comunidades. “Nos hemos fortalecido para hacer la guerra, pero no para construir paz. Resolver los conflictos mediante la violencia parece más fácil que sentarse a dialogar, reconocer al otro, aceptar errores y cumplir la palabra. Esa cultura de confrontación termina reproduciendo el conflicto”.
Un conflicto híbrido que exige respuestas distintas
Para Dimas, el mayor riesgo que enfrenta el Magdalena es que el departamento continúe atrapado en un ciclo de violencia si no se logra articular una estrategia integral. Pero advierte que cualquier diagnóstico debe partir del reconocimiento de la complejidad del conflicto. “Los grupos armados no están aquí por azar. Han construido relaciones políticas, económicas, empresariales y sociales que explican su permanencia en el territorio. Ese es el verdadero desafío”.
A su juicio, el conflicto que hoy vive el departamento dejó de ser exclusivamente una confrontación armada para convertirse en un fenómeno híbrido, donde convergen intereses legales e ilegales. “Hoy existe una mezcla entre legalidad e ilegalidad que se ha consolidado durante muchos años. Deshacer esa relación es mucho más complejo porque involucra instituciones, actores políticos, sectores empresariales y diferentes formas de poder presentes en el territorio”.
Villa Sánchez comparte ese diagnóstico desde la perspectiva jurídica. “A veces las normas avanzan a un ritmo y la criminalidad a otro”, sostiene. Y advierte que esa combinación permite que el delito deje de ser un hecho aislado y se convierta en una forma de gobierno. Además, señala que en el Magdalena también operan estructuras de menor visibilidad nacional como Los Primos, Los JJ y Los Joquitos que, aunque no hacen parte de los procesos de diálogo, mantienen presencia territorial y participan activamente en las dinámicas de violencia. “Que no estén reconocidos oficialmente no significa que no existan ni que no ejerzan control sobre determinadas zonas del departamento”.
Dimas advierte que una estrategia concentrada únicamente en las principales organizaciones armadas podría generar un efecto de sustitución criminal. “Si el Estado golpea a un grupo, otro ocupará rápidamente ese espacio. Ya ocurrió en el pasado y puede volver a repetirse”. Incluso señaló que las economías ilegales podrían estar adquiriendo un peso económico superior al de algunas actividades legales en determinadas zonas del departamento.
Las responsabilidades para construir una paz sostenible
Frente a las condiciones necesarias para alcanzar una paz duradera, Del Toro sostuvo que el elemento fundamental es la existencia de una conducción unificada del Estado. “La principal falla de la Paz Total no fue la ausencia de actores institucionales. Había Gobierno Nacional, Fuerza Pública, entidades y autoridades territoriales. El problema fue que cada uno actuó por su cuenta, sin una conducción única y sin coordinación. La primera condición para construir paz no es que cada actor haga más, sino que exista un liderazgo que articule los esfuerzos de todos”.
Según explicó, al Gobierno Nacional le corresponde asumir las decisiones sobre negociación o sometimiento de los grupos armados, dirigir la Fuerza Pública, combatir las economías ilegales y garantizar los recursos necesarios para que los territorios puedan ejecutar las políticas públicas. “No se puede exigir corresponsabilidad territorial sin corresponsabilidad presupuestal”.
En cuanto a las autoridades locales, afirmó que su responsabilidad radica en fortalecer la prevención del reclutamiento, ampliar la oferta social y educativa, proteger a los líderes sociales y mantener una presencia institucional permanente en las zonas de mayor riesgo. Respecto a la Fuerza Pública, señaló que su misión principal debe seguir siendo la protección efectiva de la población civil. “No puede haber territorios vedados para la Fuerza Pública. Cuando el Estado no llega, quienes ocupan esos espacios son las organizaciones criminales”.
Finalmente, destacó el papel de las comunidades como actores fundamentales. “Las comunidades alertan, se organizan, proponen soluciones y sostienen la gobernanza local. La paz sostenible no surgirá de que cada institución haga bien su trabajo por separado. Solo será posible si todos actúan de manera articulada bajo una conducción común que hoy todavía está por construirse”.
El papel de las comunidades
Sobre el rol de la ciudadanía, Del Toro afirmó que las comunidades han demostrado ser las primeras en identificar los problemas de seguridad y en sostener la gobernanza donde la presencia estatal es limitada. “La pregunta ya no es si las comunidades tienen propuestas, porque las tienen y las presentan permanentemente. La verdadera pregunta es por qué el Estado las escucha, pero no las incorpora en la toma de decisiones. Esa es la falla que debemos corregir”.
Para la Alta Consejera, el problema no radica en la falta de escenarios de participación, sino en la ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades. Propuso tres condiciones indispensables para recuperar la credibilidad institucional: primero, que todo compromiso asumido por el Estado tenga recursos presupuestales asegurados desde el momento de su suscripción; segundo, establecer mecanismos de trazabilidad que permitan a las comunidades conocer qué ocurrió con sus propuestas, qué entidad es responsable y en qué plazos; y tercero, que los compromisos sean obligatorios para las entidades que realmente administran los recursos, principalmente el Gobierno Nacional.
“Una comunidad no pide que le adivinen sus necesidades. Las conoce y las expresa. Lo único que espera es que, cuando el Estado le pregunta, sea porque realmente va a cumplir. Consultar sin cumplir no es participación; es una forma elegante de no hacer nada”.
Dimas va en la misma dirección. “La paz no puede construirse desde Bogotá ni desde oficinas alejadas del territorio. Tiene que construirse con quienes conviven todos los días con la violencia. Son las comunidades las que conocen el conflicto y las que pueden liderar procesos reales de transformación”. Y agrega una reflexión que resume décadas de historia: “A un comandante de un grupo armado todo el mundo lo conoce. En cambio, un defensor de derechos humanos o un constructor de paz pocas veces recibe el mismo reconocimiento. Eso demuestra que seguimos siendo una sociedad más preparada para la guerra que para la paz”.
El derecho penal frente a la gobernanza criminal
Desde la perspectiva jurídica, Villa Sánchez sostiene que el país enfrenta un fenómeno que supera las herramientas tradicionales del derecho penal. En su columna “El derecho penal frente a la gobernanza criminal”, publicada por Opinión Caribe, el jurista plantea la necesidad de expedir una ley de sometimiento específica para organizaciones armadas de crimen organizado de alto impacto, ajustada a las nuevas dinámicas del conflicto.
Según propone, ese marco jurídico debería combinar beneficios judiciales condicionados con obligaciones estrictas: el esclarecimiento pleno de la verdad, la entrega de bienes ilícitos, la reparación integral de las víctimas, el desmantelamiento de las economías criminales, la colaboración efectiva con la justicia, restricciones reales a la libertad y mecanismos que reduzcan el riesgo de reincidencia.
Pero Villa Sánchez va más allá de la sanción. Sostiene que cualquier estrategia de sometimiento deberá complementarse con programas de reintegración que ofrezcan oportunidades reales a quienes abandonen las organizaciones armadas: acceso a educación, empleo, salud mental, vivienda, inclusión productiva y acompañamiento institucional. “Sin justicia no hay paz. Pero sin oportunidades, la cárcel sola recicla el crimen. En la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande, someter al crimen exige quitarle rentas, mando y futuro, sometiéndolo a las reglas del Estado social de derecho y de la democracia”.
El cambio de rumbo y los riesgos de la transición
Al cierre del gobierno de Gustavo Petro, la Paz Total llega debilitada en el Magdalena. Con la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien tomará posesión el 7 de agosto de 2026, el rumbo cambiará de forma radical. En un mensaje difundido el 5 de julio a través de sus redes sociales, De la Espriella anunció que desmontará la política de Paz Total, pedirá la reactivación de las órdenes de captura suspendidas y revocará los beneficios otorgados a los grupos armados dentro de los procesos de negociación. “La paz total fue impunidad total. El país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total”, manifestó.
El mandatario electo aseguró que firmará los decretos necesarios para solicitar a la Fiscalía General de la Nación la reactivación de las órdenes de captura, con el propósito de que sean ejecutadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. “No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos. No habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad”, expresó. Asimismo, advirtió que los grupos armados tendrán un plazo inferior a un mes para decidir si se someten a la justicia antes de la entrada en funcionamiento de su administración.
#ElCalentao 🥘 | En su primer discurso tras recibir la credencial presidencial, Abelardo de la Espriella lanzó un mensaje a los grupos armados ilegales y anunció una política de mano dura contra el crimen organizado. 🇨🇴
El presidente electo aseguró que su gobierno exigirá el… pic.twitter.com/qPlahfGCou
— Señal Colombia (@SenalColombia) June 25, 2026
Frente a este cambio de rumbo, Del Toro advirtió que el principal desafío no consiste únicamente en desmontar la política de Paz Total, sino en evitar que la transición genere un vacío institucional que pueda ser aprovechado por las organizaciones armadas. “El problema no es que el nuevo gobierno cambie de enfoque. El problema sería repetir la misma falta de coordinación con la que se condujo el anterior”. Recordó que Santa Marta y la Sierra Nevada enfrentan hoy un escenario distinto al de 2022, con estructuras armadas que fortalecieron su capacidad operativa durante el periodo de conversaciones. “Estamos ante un conflicto distinto al que el país tenía en 2022. Los actores armados que hoy se disputan la Sierra Nevada llegan a esta etapa con validación política, reconocimiento de voceros, compromisos firmados y un periodo de suspensión de órdenes de captura y extradición que utilizaron no para transitar hacia el Estado de derecho, sino para acumular poder armado, económico y territorial”.
Como condiciones indispensables para evitar una nueva escalada de violencia, Del Toro propuso tres prioridades: garantizar una transición planificada y con cronogramas definidos; establecer una conducción unificada del Estado en el territorio; y preservar las capacidades institucionales que sí produjeron resultados, como la educación superior en la Sierra Nevada, la protección de líderes sociales y los canales de diálogo con las comunidades. “No se puede repetir el error de anunciar una política antes de tener los instrumentos para ejecutarla”.
Dimas comparte la preocupación. “Me preocupa que la respuesta vuelva a ser únicamente la mano dura. Colombia ya vivió esa experiencia y sabemos que, aunque permitió recuperar algunos territorios, no resolvió el conflicto de fondo”. Recordó la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez: si bien permitió recuperar corredores viales en el Magdalena, muchos de esos territorios terminaron ocupados por grupos paramilitares. “Se recuperaron las vías, pero muchos de esos territorios terminaron ocupados por grupos paramilitares. El conflicto no desapareció; simplemente cambió de actores”.
Para el investigador, la historia demuestra que la recuperación territorial solo resulta sostenible cuando va acompañada de presencia institucional, inversión social, acceso a la justicia y oportunidades para las comunidades. De lo contrario, los espacios recuperados por la Fuerza Pública terminan siendo ocupados por nuevas organizaciones criminales, reproduciendo un ciclo de violencia que el Magdalena ha vivido durante décadas.
Los desafíos y los caminos
Frente al futuro, las tres voces consultadas por Opinión Caribe coinciden en un punto: no existe una solución única ni inmediata. La paz sostenible en el Magdalena requerirá una estrategia integral que articule seguridad, inversión social, presencia efectiva del Estado, acceso a la justicia, participación comunitaria y un marco jurídico actualizado frente a las nuevas formas de criminalidad.
Dimas planteó tres prioridades concretas para los próximos cinco años. La primera es mantener abiertos los espacios de negociación, corrigiendo sus deficiencias, pero evitando desmontarlos por completo. “No hay que levantar las mesas de negociación. Hay que fortalecerlas, corregirlas y crear verdaderos mecanismos de seguimiento y monitoreo”. La segunda es la creación de un sistema independiente de verificación integrado por representantes de la academia, organizaciones sociales, iglesias, comunidades y otros sectores de la sociedad civil. La tercera es fortalecer las capacidades institucionales de entidades como la Fiscalía, las gobernaciones y las alcaldías, así como ampliar el respaldo a las organizaciones sociales y comunitarias. “Las organizaciones sociales y las comunidades seguirán siendo fundamentales para cualquier proceso de negociación. Sin ellas será imposible construir una paz estable y duradera en el Magdalena”.
Del Toro, por su parte, insiste en que el modelo de articulación entre Gobierno Nacional, universidades y entidades territoriales que funcionó en la Sierra Nevada debería convertirse en la base de la estrategia del próximo gobierno. Y advierte que si esa articulación no se logra, el Magdalena enfrentará riesgos concretos: el incremento de las violencias, el fortalecimiento de las economías criminales y un progresivo deterioro de la institucionalidad democrática en los territorios más afectados por el conflicto.
Villa Sánchez cierra el argumento desde la dimensión jurídica: el país necesita una ley de sometimiento específica para organizaciones de crimen organizado de alto impacto, que combine justicia con reintegración real. Sin esa arquitectura institucional, advierte, cualquier política de seguridad, sea de negociación o de confrontación, estará construida sobre arena.
¿Quién le cumple al Magdalena?
El Magdalena lleva décadas esperando una respuesta que no llega. Cuatro procesos de paz han pasado por su territorio sin transformar estructuralmente su realidad. La violencia no solo persiste: crece. Los grupos armados no solo operan: gobiernan. Y el Estado no solo falla: en muchos territorios, simplemente no está.
La pregunta que abre esta investigación sigue sin respuesta definitiva: ¿quién le cumple al Magdalena? Lo que sí queda claro, a partir del análisis de las cifras, las alertas institucionales y las voces de quienes trabajan todos los días en el territorio, es que la respuesta no vendrá de una sola política, de un solo gobierno ni de una sola institución.
Vendrá, si acaso llega, de la articulación de todos: un Gobierno Nacional que coordine en lugar de fragmentar, una Fuerza Pública que proteja sin sustituir la política social, unas autoridades locales que exijan y cumplan, un marco jurídico que esté a la altura de un conflicto que ya no es el de hace treinta años, y unas comunidades que, pese a todo, siguen construyendo paz desde adentro, con o sin el Estado.
Mientras esa articulación no se construya, el Magdalena seguirá siendo un departamento que espera. Y mientras espera, sigue contando sus muertos.
Investigación: Unidad Investigativa – Opinión Caribe.
Fuentes: Defensoría del Pueblo, Indepaz, Medicina Legal, Plataforma de Derechos Humanos (PDHAL), Santa Marta Cómo Vamos, Fundación Ideas para la Paz (FIP), Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, MAPP/OEA, Registro Único de Víctimas (RUV), Decreto 2659 de 2022, Resolución 300 de 2024, Ley 2272 de 2022, Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026. Fuentes con voz propia: Jennifer Del Toro Granados, Alta Consejera para la Paz y el Postconflicto del Distrito de Santa Marta; Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Derechos Humanos del Magdalena; Ricardo Villa Sánchez, abogado especialista en Sistema Penal Acusatorio.
