Una verdad incomoda

Por: Gustavo Diaz Camargo

Director De Política Estratégica

En los últimos 6 años, la falta de políticas públicas y de herramientas institucionales que garanticen los derechos humanos, han agudizado la crisis social y ambiental que tiene a Santa Marta a Puertas de ser insostenible.

La crisis del vecino país de Venezuela obliga a las autoridades nacionales, departamentales y distritales a planificar y tomar las medidas necesarias que garanticen los derechos humanos de las personas del vecino país. El reto será como armonizar esta problemática con la que afronta la población de Santa Marta.

El Gobierno Nacional debe primordialmente establecer el estatus con el cual están entrando estas personas a Colombia, debido a la diferencia entre Migrantes y refugiados. La oficina del alto comisionado de las naciones unidad para los refugiados ha declarado que un migrante es quien ha salido de su país principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo, o por educación, reunificación familiar, o por otras razones. El Refugiado es una persona que huye de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a cruzar la frontera de su país para buscar seguridad.

Es muy importante utilizar los términos correctamente debido a que las protecciones legales son diferentes en ambos casos.

El objetivo de este artículo es hacer un llamado al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de Santa Marta, para que se articulen y tomen medidas Urgentes para brindarles a estos Refugiados condiciones dignas y no someterlos nuevamente a la revictimización, teniendo presente la realidad de nuestro distrito.

Santa Marta, la ciudad dos veces Santa, ha sido durante décadas una ciudad de puertas abiertas, acogiendo a nuestro Libertador Simón Bolívar como la figura más prominente de ser perseguido y en las décadas subsiguientes a los desplazados del conflicto interno de nuestro país y más recientemente, a los refugiados del vecino país de Venezuela, sin haber creado una política pública, ni estar preparados para afrontar estas contingencias.

La ciudad ha crecido desbordadamente, sin planificación alguna, agudizando lo que hoy sienten sus residentes un desmejoramiento en la calidad de vida.

En cifras informales solo en refugiados provenientes de Venezuela hemos llegado a acoger a cerca de 70 mil personas lo que significa un crecimiento de un 10 % de residentes en la ciudad en los últimos 6 años, sin que la infraestructura, ya deficiente de servicios públicos creciera ante esta demanda.

La falta de un plan maestro de acueducto y alcantarillado, nos tiene dando vueltas en círculos, sin ninguna solución real en el corto, ni mediano plazo. Mientras esto sucede, observamos que la ciudad sigue creciendo formal e informalmente, sin que la alcaldía y la empresa de servicios públicos ESSMAR, hayan podido ofrecer una hoja de ruta para la ciudad de los 500 años.

La ciudad afronta un reto sin precedente, debe buscar la articulación entre sus entidades y el Gobierno nacional, dejando a un lado las diferencias, buscando herramientas y el financiamiento para atender la problemática social y ambiental que tiene a sus habitantes viviendo en precarias condiciones, afectando sin distinción de estrato social como se evidenció en el fallo de tutela T290 de 2024.

Entrando en contexto, quiero recordarles a nuestras autoridades, el foro de seguridad convocado por la gobernación del Magdalena en el 2020, donde tuvo presencia el entonces representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos En Colombia, el Doctor Alberto Bronori, allí expuse la imperiosa necesidad de la intervención directa de naciones Unidas en nuestro país, instalando “campamentos humanitarios” para los millones de refugiados que en aquel momento entraban masivamente a Colombia. La respuesta del Dr. Bronori, fue positiva, expresando la hoja de ruta diplomática: “la “cancillería” de Colombia debe solicitar formalmente a Naciones Unidas la ayuda para poder instalar los campamentos humanitarios, nosotros estamos en toda la disposición para hacerlo”. En aquel momento se elevaron múltiples peticiones de la sociedad civil y nunca se obtuvo una respuesta del gobierno nacional.

Debemos recordar cómo fue la imagen de la Santa Marta de hace 6 años, familias desplazadas, viviendo en condiciones precarias, en la mendicidad, peleándose esquinas y semáforos. El incremento de la explotación sexual, la explotación de niños y el crecimiento del microtráfico y la inseguridad.

Seis años después, tenemos que considerar que Santa Marta no tiene la capacidad de cubrir las necesidades básicas de su población y sumado a la falta de preparación por parte del gobierno nacional y local para abordar la “previsible” crisis humanitaria donde cientos de Miles de hombres, mujeres y niños provenientes de Venezuela se verán obligados a abandonar sus hogares en busca de refugio y protección, terminará por profundizar la crisis.

Para contrarrestar lo anteriormente expuesto, veo en la solicitud de ayuda internacional la respuesta, necesitamos que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos instalando y operando los campamentos humanitarios como muestra de nuestra humanidad y como una medida de emergencia para responder a lo que va a ser una crisis humanitaria con Precedente.

Me enteré por amigos del Gobierno Nacional, que el 28 de agosto de 2024, se va a realizar en Santa Marta, el Workshop “Hacia la definición de soluciones definitivas para el abastecimiento de agua potable para el Distrito de Santa Marta”, un evento promovido por la superintendencia de servicios públicos y qué gran parte de la ciudad no conoce, debido a que me imagino será un evento cerrado. La presencia de ministros, alcalde de Barranquilla, alcaldía de Santa Marta, organismos internacionales, banca y demás invitados, lo hacen el escenario perfecto para que se aborde la Crisis de refugiados y donde los habitantes de la Costa debemos unirnos en una sola voz y solicitarle al Señor Presidente Gustavo Petro Urrego, considere el bienestar de “SU” pueblo, de los desplazados, de los refugiados y se declare un estado de emergencia y haga los trámites necesarios para obtener el apoyo de Naciones Unidas.

Los “campamentos Humanitarios” son la única opción para recibir y brindar las condiciones básicas de atención y un lugar donde se puede planificar los reasentamientos a municipios donde no se haya copado la capacidad de carga, terrenos del territorio nacional donde puedan nacer nuevos asentamientos humanos o en otros países donde puedan rehacer su vida dignamente estas personas.