Country Reservado, una muestra de cómo constructores y funcionarios colapsaron los sistemas de acueducto y alcantarillado de Santa Marta

La Corte Constitucional advirtió recientemente que la expedición de Licencias de Construcción y certificados de disponibilidad inmediata de servicios públicos sin un estudio real del impacto de tales autorizaciones está generando traumatismos que van en detrimento de derechos fundamentales como la salud, la intimidad y un ambiente sano.

Por: María M. Montenegro & José D. Pacheco Martínez

Durante los primeros años del 2000 y hasta hace muy poco, Santa Marta fue una de las ciudades del país que aumentó dramáticamente su población por cuenta de la recepción en masa de desplazados por la violencia, esta situación agravó los problemas de acceso y cobertura de muchos servicios públicos, entre los que destacan el acueducto y el alcantarillado, sistemas que, según expertos, tienen al menos 30 años de retraso.

La no actualización de las redes de acueducto y alcantarillado al ritmo del desarrollo de la ciudad es más evidente ahora por cuenta de la explosión urbanística que ha venido experimentando Santa Marta en los últimos 12 años. Las torres de apartamentos en la primera línea de playa y las viviendas de interés social se siguen levantando desde la Ye de Bonda hasta Pozos Colorados y son visibles los anuncios de construcciones en casi todas las comunas.

En torno a los procedimientos administrativos llevados a cabo por varias entidades públicas y colaboradores, se vine tejiendo un manto de duda, pues, se han hecho públicas denuncias sobre presunta corrupción, especialmente en los que tienen que ver con la expedición de la certificación de Viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos para proyectos de urbanización.

Sobre este asunto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional advirtió en la sentencia T-290 de 2024 que “encontró que hay elementos de juicio conforme a los cuales ESSMAR habría emitido certificaciones sobre disponibilidad de servicios públicos, que podrían ser falsas, con lo cual se habría agravado el problema de rebosamiento de aguas residuales, dado que, con ellas, se habría adelantado la construcción de nuevas edificaciones”.

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Es importante tener claro que el artículo 2o de la Resolución 1025 de 2021 del Ministerio de Vivienda establece que “la disponibilidad inmediata de servicios públicos es la viabilidad técnica de conectar el predio o predios objeto de la licencia de urbanización a las redes matrices de servicios públicos existentes”, además, es un requisito esencial para la obtención de la Licencia de Construcción.

Uno de los factores que puede influir en la presunta corrupción al interior de las entidades donde se tramita, tiene que ver con la entrega obligatoria a quien lo solicite, siempre y cuando se cumplan con los requisitos técnicos y jurídicos para la conexión a las redes, no obstante, en Santa Marta hay proyectos urbanísticos que se ejecutan sin contar con disponibilidad real o un estudio técnico serio que mida el impacto de esas conexiones al sistema.  También, los valores que deben cancelar los constructores para la aprobación de los diseños hidrosanitarios que se conectan a la red y la interventoría de las obras de ingeniería.

“ESSMAR E.S.P. aplicará un costo del 3% para el cobro a los constructores y urbanizadores por conceptos de revisión y aprobación de diseños hidráulicos y sanitarios externos del proyecto, de acuerdo con el presupuesto de obra de redes hidrosanitarias externas adjuntado en la solicitud”, dice el Manual solicitud de nuevos servicios de acueducto y alcantarillado para urbanizaciones en uno de sus apartes y más adelante, lo siguiente: “el valor de los cobros correspondientes a la Supervisión Técnica y/o Interventoría de las obras se liquidará por ESSMAR E.S.P. y corresponderá entre el cuatro por ciento (4%) y el seis por ciento (6%) del valor del presupuesto de obra de redes hidrosanitarias externas, proyectado por el urbanizador y verificado por el equipo técnico de ESSMAR E.S.P.”

Un amplio sector de la opinión y la cosa pública ha cuestionado el ‘boom’ urbanístico legalizado en la ciudad, ya que se expiden certificados de disponibilidad de servicios públicos y licencias de construcción sin una medición consciente del impacto negativo del ingreso de nuevas unidades habitacionales a los ya deficientes sistemas de acueducto y alcantarillado.

De hecho, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) estos permisos estarían contrariando las recomendaciones indirectas del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC 2021) reportado por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR) al Sistema Único de Información (SUI), donde “se señaló que la capacidad técnica del distrito en materia de recurso hídrico, producción y distribución no permite satisfacer la demanda actual y futura”.

#MetrópolisOC OPINIÓN CARIBE ha venido denunciando esta problemática de forma reiterada, no solo en este punto específico, sino también en otros sectores de la ciudad, como el barrio Pescaito. A pesar de que han pasado seis días desde la última lluvia en la ciudad, los sumideros… pic.twitter.com/vTap9mhqmN

— Opinión Caribe (@opinioncaribe) June 16, 2023

¿Proyecto Country Reservado se surtirá de agua con pozos?

Uno de esos proyectos que ya empieza a levantarse sin contar con disponibilidad real de servicios es el denominado Country Reservado. Según lo publicado en la página de la Constructora Bolívar, en este lugar se van a construir apartamentos en conjunto cerrado que tendrán una variedad de zonas sociales como piscinas para adultos y niños, sport bar, coworking, gimnasio, cancha en césped natural, salas premium y más.

La Resolución 093 de abril de 2024 expedida por la Curaduría Urbana No 2 de Santa Marta, hace la siguiente descripción general del proyecto en su primera etapa: “con un área de 13.585.00 M2. [se] proyecta la construcción de cuatro volúmenes donde se encuentran dos (2) bloques destinados a Uso Residencial distribuidos en diez (10) pisos con ciento sesenta (160) unidades de vivienda No V.I.S. Asimismo se contempla un edificio de acceso principal de cuatro (4) pisos donde se encuentra la recepción, lobby y demás espacios de servicio comunal, un edificio comunal interno con dos (2) niveles que contiene el sótano técnico para tanques, más kioscos, espacio de salón y zonas complementarias al área recreativa exterior, y un volumen para cuarto de basura del conjunto. En la etapa 1 se contempla también el área de piscina, zonas verdes y demás zonas duras para circulación peatonal y vehicular con 175 cupos de parqueos”.

Como si fuera poco la ubicación de mínimo 320 sanitarios y lavamanos, 160 cocinas, una piscina y demás elementos que requieren de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la “la Etapa 2 contempla la construcción de la Torre 3, distribuida en diez (10) pisos con un total de cien (100) Apartamentos”. Estas proyecciones de demanda en un solo proyecto confirman lo dicho por Camacol a este respecto en su Estudio sectorial piloto sobre la prestación oportuna y eficiente de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en proyectos estratégicos de vivienda.

Otras de las situaciones problemáticas de esta urbanización están relacionada  con la cercanía que tienen las obras de infraestructura a desarrollarse con el Río Gaira y a la ocupación de una importante área de recarga del acuífero. En uno de los apartes de la modificación de la Licencia Urbanística antes referenciada, puede leerse: “dentro del planteamiento general de las etapas a desarrollar se indicó una superficie de 7.774,77 mt2 que se localiza sobre la zona de Recarga del Acuífero establecida por la normativa urbanística vigente”.

Opinión Caribe conoció un documento firmado por la exagente interventora de la Essmar, Yahaira Díaz Quesada, donde se informa en primera medida que al proyecto Country Reservado le fue otorgada de forma condicionada la viabilidad y disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario para 730 unidades habitacionales.

Igualmente, señala sin más especificaciones que le otorga también, disponibilidad en la red de 6″ PVC que sale de rebombeo. Más adelante, exige que se construya un taque de almacenamiento con capacidad para atender la demanda del proyecto hasta por dos días, para “mitigar cualquier eventualidad o problemática que suceda en un futuro en la prestación del servicio público de acueducto en el Distrito”.

Esta exigencia resulta inocua si se tiene en cuenta la realidad del servicio de acueducto en la ciudad: un ciudadano bien informado sabe que no hay un solo sector de Santa Marta donde el agua potable esté disponible 24 horas y hay barrios y comunas enteras donde sale por las tuberías una vez cada 15 0 20 días.

Varios expertos consultados por este medio coinciden en que proyectos como Country Reservado contribuyen al colapso definitivo de los ya obsoletos sistemas de acueducto y alcantarillado, al tiempo que advierten de las consecuencias negativas que pueden tener en el acuífero las alternativas que ofrece la misma Essmar a los constructores para suplir la demanda de agua ‘potable’.

En lo que respecta al proyecto Country Reservado, Yahaira Díaz señala que el constructor “deberá realizar la dotación necesaria para la entrada de operación del pozo que se encuentra en predios del proyecto”, a renglón seguido, precisa que, “en caso de que el pozo en mención no cumpla con la demanda mínima deberá realizar los pozos necesarios para satisfacer la demanda. Adicionalmente se requiere que el constructor realice la extensión de red pertinente hasta la estación de bombeo de Gaira, a su vez deberá realizar la instalación de un hidrante en la parte exterior del proyecto” y remata: “todo esto teniendo en cuenta que Santa Marta presenta un déficit en el suministro de agua potable”.

Surgen de esta situación varias preguntas: ¿cómo se justifica la factura si el agua proviene de los pozos subterráneos del complejo habitacional? ¿Quién verifica el cumplimiento de los estándares de calidad del agua, teniendo en cuenta que debe tratarse in situ? ¿Cuántos proyectos de urbanización están abasteciéndose de agua mediante pozos subterráneos? ¿Todos son legales y cuentan con los permisos de explotación de aguas expedido por la autoridad competente? ¿Hay alguna clase de monitoreo sobre los estragos de esos pozos en el acuífero?

Country Reservado también impactará una Estación de Bombeo deficiente

La promesa de agua 24 horas en los hogares samarios ha sido el caballito de batalla de los políticos locales los últimos 25 años, sin embargo, quienes parecen estar cumpliendo son las empresas de construcción que ofrecen a su público objetivo el acceso a una propiedad que cuenta con el servicio garantizado de agua como ya se dijo más arriba, mientras que el común de los ciudadanos no tiene esa posibilidad, situación que evidencia la enorme desigualdad que existe en la sociedad samaria.

A pesar del dinero que separa a todos los estratos sociales, hay algo que todos deben soportar por igual: los derramamientos de aguas residuales. Los malos olores asociados a estos eventos son queja frecuente en El Rodadero, barrio donde de enero a junio se reportaron 1.103 incidentes y un total de 3.879 desde el 18 abril 2019; también en el Centro Histórico donde se contabilizan al 24 de julio de este año 2.603 rebosamientos y el exclusivo sector de Bella Vista o Los Cocos, que acumula 434 en el mismo periodo de tiempo.

Tabla realizada con datos de la Essmar.

Recientemente, la Corte Constitucional al estudiar una Acción de Tutela instaurada por los habitantes del sector de Los Cocos, indicó que “los seres humanos no tienen la obligación de soportar olores nauseabundos, que afecten su tranquilidad, ni tampoco tienen la obligación de soportar los vectores de enfermedad que provocan las aguas del sistema de alcantarillado cuando se rebosan”, teniendo en cuenta que es una obligación del Estado garantizar “unas condiciones mínimas de higiene, que les permitan ocupar inmuebles urbanos sin peligro para su salud e intimidad”.

Este pronunciamiento es importante y aplicable a todo el Distrito de Santa Marta, pues, hay numerosos estudios que demuestran la incapacidad del sistema para garantizar esos mínimos estándares. En el caso que nos ocupa, tenemos que las 730 unidades habitacionales del proyecto Country Reservado serán conectadas a la red de alcantarillado asociada a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Zuca.

Opinión Caribe ha reportado en varias oportunidades afectaciones a la flora y fauna marina producidas por las fallas en la mencionada estación de bombeo. Pozos Colorados, sector donde se ubica la Ebar Zuca, es uno de los cinco donde más ocurren derramamientos de aguas servidas, situación que se verá agravada cuando se conecten a la red de impulsión los más 1.000 inodoros; 1.000 lavamanos y 730 cocinas que plantea el condominio Country Reservado.

#MetrópolisOC Opinión Caribe, el callejero y revista 7 siguen haciendo seguimiento a la problemática de la estación de bombeo Ebar Zuca, la cuál sigue el riego de aguas residuales a sus alrededores.➡️ https://t.co/myRs5O4p9H @by_vicro @essmar_esp @DADSASM @MinAmbienteCo @CORPAMAG pic.twitter.com/X7jMHTrJjC

— Opinión Caribe (@opinioncaribe) October 2, 2020

Mediante documentos emitidos por entidades con competencia, hemos tratado de demostrar que proyectos de esta envergadura, a pesar de la legalidad de sus permisos y los procedimientos ejecutados para tales actos administrativos, tienen una incidencia negativa no solo para sus vecinos, sino para los nuevos propietarios, ya que su diario vivir contribuye a las fallas del alcantarillado, situación que trae aparejada la vulneración de derechos fundamentales como advirtió la Corte Constitucional.

El Alto Tribunal, para frenar la contaminación en el sector de Bella Vista y la afectación a los habitantes y al medio ambiente, ordenó de manera provisional a “las curadurías urbanas No.1 y No.2 de Santa Marta, no expedir licencias de urbanización y construcción en el barrio, hasta tanto no se defina la verdadera capacidad del sistema de alcantarillado en esta zona”.

La realidad indica que no es necesario ese tipo de estudios para determinar la imposibilidad de seguir edificando allí, la ocupación es excesiva y las redes de alcantarillado deficientes. Esta situación no es exclusiva de ese sector, sino de toda la ciudad, entonces, se preguntan quienes escriben: ¿esa medida restrictiva debería aplicarse a todo el Distrito de Santa Marta?

El estado de la Ebar es deplorable, en 12 años de Gob 🍊nunca se preocuparon por las necesidades de la Ciudad, hoy el Alcalde @CarlosPinedoC debe declarar la Calamidad Pública,la @Superservicios en cabeza de @dquirogac esta en mora con la Ciudad, es hora de planear y actuar. pic.twitter.com/KvGgcgeXIz

— Miguel Peña Fuentes (@miguel_penaf) August 26, 2024

Así las cosas, es un hecho notorio que proyectos como el Country Reservado que se surtirá de aguas subterráneas y que está edificado en una zona sin redes de alcantarillado óptimas, contribuye activamente al colapso de ambos sistemas, evidenciando la ineficiencia de la Alcaldía de Santa Marta y la Essmar, que bien dijo la Corte Constitucional: “se han limitado a realizar acciones de mitigación que no solucionan de manera integral la problemática”, a un alto costo para el erario.

Ver documentos aquí.