Unidad Investigativa
Según Contraloría General del Magdalena se perdieron $2.052 millones en un contrato para elementos de bioseguridad
El ente de control viene haciéndole seguimiento a esta operación desde hace dos años. Opinión Caribe denunció en su momento, que la empresa contratista tenía para la época de la firma, un capital social 550 veces menor al valor total del negocio jurídico.
Por: José D. Pacheco M.
La tarde del pasado martes 27 de agosto, la Contraloría General del Magdalena informó sobre los avances en varios de los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta contra servidores públicos, funcionarios y contratistas de la Gobernación del Magdalena.
Concretamente, se refirió a los presuntos sobrecostos detectados por la Contraloría Auxiliar para las investigaciones en contratos celebrados para hacerle frente a la pandemia generada por el virus de la Covid19.
De acuerdo con el boletín de prensa, el ente de control “imputó Responsabilidad Fiscal a título de culpa grave a Carlos Eduardo Caicedo Omar, exgobernador del Magdalena, la señora Jenny Camacho Neuto, exjefe de la Oficina de Contratación del Magdalena, el señor Jorge Bernal Conde, exsecretario Seccional de Salud del Magdalena y al contratista Cristian Rafael Pitre Quiñones, como representante legal de la empresa EQUIPAR TM LTD para la época de los hechos”.
Precisa igualmente, que el presunto detrimento asciende a $2.052 millones y que, los documentos allegados a esa entidad “no son suficientes para demostrar la entrega y recibo a satisfacción en condiciones de cantidad, calidad, modo, tiempo y lugar, de Covid-19 los más de 780.000 elementos de bioseguridad para enfrentar la pandemia”.
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— Contraloría General del Magdalena (@ContraloriaMag) August 28, 2024
OPINIÓN CARIBE lo denunció
El 27 de abril de 2022 la Unidad Investigativa de OPINIÓN CARIBE publicó el artículo titulado: ¿Liquidando deudas con Raúl Salcedo a punta de contratos con sobrecostos?, como parte del seguimiento a las financiaciones de las campañas políticas en el departamento del Magdalena, a través de los soportes que éstas cuelgan en la plataforma Cuentas Claras.
En las pesquisas que se hicieron para la redacción de la nota, se encontró que la figura de Christian Rafael Pitre Quiñones y la empresa Equipar TM Ltda., de la que es Representante Legal, aparecen en la escena pública en un negocio jurídico firmado el 1 de diciembre de 2017 entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Equimax Santa Marta.
El contrato le costó al erario $1.192 millones y el plazo de ejecución fue de un mes. Según los documentos, la Representante Legal del contratista era la señora Maryoris Acosta Albus y su suplente: Cristian Pitre. La Unión Temporal Equimax Santa Marta estuvo conformada por las empresas Equipar TM Ltda y Equimedis Plus.
Cuatro años después, siendo Carlos Caicedo gobernador del Magdalena, Cristian Pitre y su empresa Equipar TM, lanzados al estrellato, recibieron un contrato 10 veces mayor al anteriormente referenciado; cinco veces por encima del activo total y 550 veces superior al capital social reportado en la Renovación de la Matrícula del 29 de marzo de 2021.
Equipar TM, ubicada en el segundo piso de una casa en la Calle 31 No 4–43 del barrio Manzanares, a pesar de evidentes impedimentos legales, fue contratada por la Gobernación del Magdalena para la “adquisición de elementos de bioseguridad para la contención de la pandemia del coronavirus Covid-19”. El negocio jurídico tuvo un valor de $11.129 millones, un mes de ejecución y recibió un anticipo del 50%.
Finalmente, es importante decir, a pesar de todo, que la Contraloría encendió las alarmas sobre este contrato en 2022 y en su boletín de prensa, deja ver la gravedad del asunto, que, desde la óptica de un lector crítico, trasciende más allá del plano fiscal, pues, si no se puede demostrar la entrega de los elementos de salud por los que se pagaron, entonces hay omisiones que implican responsabilidades del tipo penal y disciplinaria.
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— Opinión Caribe (@opinioncaribe) April 27, 2022
Arsenal de preguntas
Desde esta tribuna se aplauden los esfuerzos de los entes de control por defender los recursos públicos, muy a pesar de que las sanciones nunca se hagan efectivas o los procesos se vean afectados por prescripciones y nulidades por el paso del tiempo y la inactividad institucional.
En atención a que la Contraloría General del Magdalena asegura que las pruebas aportadas por la Gobernación del Magdalena y el contratista “no son suficientes para demostrar la entrega y recibo a satisfacción en condiciones de cantidad, calidad, modo, tiempo y lugar, de Covid-19 los más de 780.000 elementos de bioseguridad para enfrentar la pandemia”, nos preguntamos:
¿Cómo se autorizan pagos y firman actas de liquidación de contratos si no hay certeza del cumplimiento efectivo del objeto del contrato?
¿Omitir la función de vigilancia y control de los recursos públicos invertidos en un contrato estatal, no implica también responsabilidades desde el punto de vista penal y disciplinario?
¿No debería Jorge Bernal Conde, exsecretario Seccional de Salud del Magdalena, quien tenía a su cargo la supervisión del contrato y la recta ejecución de los recursos, responder más allá de esta imputación fiscal?
¿La Contraloría General del Magdalena ha remitido copias a la Fiscalía y Procuraduría, para que en el marco de sus funciones investiguen si se desplegaron conductas que merezcan sanción penal y disciplinaria?
¿Es en realidad Cristian Pitre uno de los tantos contratistas pícaros que hay en el país, o simplemente, un ciudadano cualquiera que fue asaltado en su buena fe y ahora es utilizado como carne de cañón?
El contexto de los contratos de la administración de Fuerza Ciudadana con las empresas asociadas a Raúl Salcedo, está asociado a unos audios donde asegura que Elisa Villaroel sirvió de avalista para un préstamo y que a través de la cesión de unos contratos iban a saldar las obligaciones dinerarias pendientes, viendo que el presunto detrimento en un solo contrato asciende a $2.052 millones, deberán las entidades de control y judiciales establecer si a través de contratos con sobrecostos se sacó dinero para saldar deudas de miembros del partido político del exgobernador Carlos Caicedo y sus allegados.
