¡Justicia para Santa Marta!

Después de lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, la cereza del pastel es un ministro de Cultura al que no le parece relevante el hecho mismo de la fundación de la ciudad, el intercambio cultural, el idioma, la religión, la hispanidad y que reduce tan importante evento: la celebración de los 500 años de Santa Mara, a un enfoque conmemorativo con una exposición en la Quinta de San Pedro Alejandrino, obviando lo ordenado en las leyes 1617 de 2013, 2058 de 2020 y, sendos fallos del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

“Por Santa Marta no entró la civilización, ni la religión fue un bien para el país, ni el idioma castellano fue un bien para el país. Hubo un enfrentamiento, una colonización y eso nos hace pensar qué personas estaban en el territorio antes que otras llegaran”, estas palabras del actual ministro de Cultura, Juan David Correa, han despertado en muchos habitantes de la ciudad ese sentido de pertenencia que parecía aletargado por años de sistemática destrucción a punta de discursos de odio.

Doctor Correa, se acepta con gusto el debate sobre lo que realmente pasó, para que se despejen las dudas respecto al impacto de la llegada de los españoles a estas tierras, lo que eso implicó en el pasado y el valor que pueden tener hoy esas reclamaciones que usted y varios de los que lo secundan formulan, más allá de incentivar la polarización política y aumentar los ensayos en anaqueles de bibliotecas y bases de datos académicas.

La Caja de Compensación Familiar del Magdalena (Cajamag) bajo la coordinación de Edgar Rey Sinning y la participación de un importante número de investigadores de la historia de Santa Marta y sus gentes, lleva años propiciando la discusión sobre esta temática, en aras de reconocernos como somos y, básicamente, prepararnos para la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad más antigua de Colombia.

Ha sido tan exitoso el programa, que Cajamag ha editado una serie de libros sobre la historia de Santa Marta dividida por etapas, dando a conocer en detalle los intríngulis de un proceso de aculturación, que como se sabe, fue mediado o posible gracias a una serie de actitudes que a la luz del derecho moderno son desde todo punto de vista cuestionables, no obstante, en ese momento la realidad histórica y jurídica era otra.

Esas situaciones ‘bárbaras’, que hoy sirven de fundamento al discurso de los opositores a la celebración de los 500 años de la fundación de Santa Marta y la hispanidad en América Latina, en el momento mismo de su ocurrencia, no se veían a través del prisma que nos ha dado la evolución en todos los sentidos. Y si los que nieguen lo positivo que puede rescatarse de los procesos culturales que se dieron tras la llegada de Cristóbal Colón a este continente y, más en concreto, Rodrigo de Bastidas a Santa Marta, siguen retrocediendo, entonces, tendrían que empezar por someter a ese juicio moral las acciones desplegadas por los imperios Persa, Macedonio, Romano, Mongol y Maya.

Ciro ‘El Grande’, Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan y Pakal ‘El Grande’, artífices de un verdadero régimen de terror en su momento, son hoy, destacados por los libros y la humanidad entera como prohombres que cambiaron el rumbo la historia. ¿Acaso, esa misma literatura, esa misma humanidad, no destaca en letras doradas que la llegada de Colón a América es el evento que marca el inicio de la edad moderna?

No obstante, desde 1492 hasta la fecha, mucha agua ha corrido sobre los puentes y tinta sobre los papeles. Justamente, un papel firmado por colonizadores y colonizados, dio al traste con casi 500 años de ‘dominación’. Y es aquí donde arranca mi columna, doctor Correa. En tiempos más recientes y con la fuerza vinculante de las leyes expedidas en correcta forma y por el órgano competente, el Gobierno Nacional mediante la Ley 1617 de 2013, declaró al Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta como Patrimonio Cultural de la Nación, habida cuenta de ser la ciudad más antigua fundada por España en América del Sur.

Esa norma, doctor Correa, también señaló, muy a pesar de su malestar con la hispanidad, que la celebración del Quinto Centenario era un «proyecto estratégico de interés nacional». Y tenían razón los congresistas que le dieron ese estatus muchos años antes de que usted siquiera imaginara llegar a la cartera que hoy ocupa. En ese sentido, la Ley 1617 de 2013 ordenó que se organizara un comité que se encargaría de proyectar un Plan Maestro orientado a destacar esa fecha, además, conseguir los recursos necesarios para financiarlo.

Con la celebración a la vuelta de la esquina, aunque a paso lento, se siguió avanzando y con la Ley 2058 de 2020, se le otorgaron facultades al Gobierno Nacional para apropiar los recursos necesarios dentro del Presupuesto General de la Nación para financiar la ejecución efectiva de los proyectos de carácter social, agroindustrial, cultural, ambiental y de infraestructura de los que habla la Ley 1617 de 2013. Pero, en ese tiempo, al igual que ahora, la actitud de quienes por mandato legal les corresponde agilizar los procesos, no era la mejor y el tema se estancó.

Un ciudadano preocupado por los pocos avances en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico presentó una Acción de Cumplimiento, solicitando entre otras cosas: la expedición de un decreto con el cual se adoptase el Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta y, que, incluyera de manera precisa los proyectos que determinara como prioritarios la Comisión Preparatoria y el aseguramiento de los recursos pertinentes. Y desde entonces, los avances han sido así, rogadas.

Y lo digo, porque aun cuando hay expedidas dos leyes sobre el tema y una sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena ordenando se cumpla lo establecido por el articulado, tanto la Presidencia de la República, como el Ministerio de Cultura, se opusieron en su momento a la expedición del decreto, teniendo el Consejo de Estado, órgano de cierre del contencioso administrativo, ordenar el “estricto cumplimiento al artículo 7 de la Ley 2058 de 2020. Para ello, se concede un plazo de un (1) mes al Ministerio de Cultura, como líder técnico y operativo de dicha ley, a fin de que realice las acciones necesarias para que se conforme, dentro de ese término y si no se hubiere hecho, la Comisión Preparatoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 2058 de 2020”.

Salió el gobierno de Duque y entró el de Petro con discursos de cambios y renovación de ejercicios administrativos y no sé qué más cosas, pero, la realidad no fue distinta para la ciudad y sus 500 años: el Decreto 1053 de 2022 a través del cual el Gobierno Nacional adoptó el componente principal del Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta, según el análisis de varios expertos en la materia va en contravía de los dispuesto por la Ley 2058 de 2020 en el artículo 7 y el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Es decir, al no establecerse claramente las fuentes que soportarán financieramente los proyectos contemplados por las Leyes 1617 de 2013 y 2058 de 2020, no solo se le hace el quite a una orden judicial, que según entiendo podría traer sanciones de diversa índole al funcionario infractor, sino también, se pone en riesgo la ejecución de planes, programas y proyectos para dinamizar el crecimiento social, económico y cultural de Santa Marta. Esta acción pudo haber sido el inicio de otras tantas orientadas a pasarse por la faja el asunto.

Y ahora, la cereza del pastel es un ministro de Cultura al que no le parece relevante el hecho mismo de la fundación de la ciudad, el intercambio cultural, el idioma, la religión, la hispanidad y que reduce tan importante evento: la celebración de los 500 años de Santa Mara a un “enfoque conmemorativo para culturas afro y las comunidades de la Sierra Nevada. Haremos exposición en la Quinta de Bolívar de estas culturas”. Estas afirmaciones denotan más que displicencia, una actitud positiva hacia el incumplimiento de lo dicho por las Leyes 1617 de 2013, 2058 de 2020 y sendos fallos del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Aunque después de sus destempladas declaraciones el ministro Correa ha venido a Santa Marta al menos tres veces y sostenido reuniones con activistas del sector cultural y funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta en público y en privado, no ha modificado un solo ápice su posición, situación que me ha motivado a tomar cartas en el asunto, pasar de la discusión a la acción.

Junto con mi abogado, Ariel Quiroga Vides, hemos presentado un Incidente de Desacato, para que se declare que la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura, en cabeza de Gustavo Petro y Juan David Correa, han desatendido los fallos que hemos comentado en esta columna, y se les ordene dar pleno cumplimiento a lo estipulado en la sentencia del 01 de junio de 2021, expedida por del Tribunal Administrativo del Magdalena. Igualmente, pedimos que se incluyan dentro del Presupuesto General de la Nación 2025 los rubros correspondientes a la ejecución del Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta.

Doctor correa, puede que su despliegue discursivo sirva para convencer a muchos que tiene razón en cuanto a su visión de lo que realmente pasó tras la llegada de los españoles a esta tierras, sin embargo, usted como funcionario está obligado a darle cumplimiento eficiente y eficaz a lo que la Ley 2058 de 2020 establece en su artículo sexto que el Ministerio de Cultura tiene que “asumir el liderazgo técnico y operativo de parte del Gobierno nacional para el impulso e implementación de la presente ley” y en concordancia con esa designación, “iniciar las acciones pertinentes para su puesta en marcha de manera inmediata, con el apoyo de todos los sectores del Gobierno nacional que sean requeridos”.

Finalizo diciéndole que, aunque usted sea ministro y crea que puede, por esa condición temporal de poder, frenar el avance de proyectos tan importantes como el Plan Maestro Quinto Centenario, siempre tendremos los ciudadanos la posibilidad de acudir a los tribunales para pedir que en este y otro casos, haya ¡JUSTICIA PARA SANTA MARTA!

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