Voto Popular para la elección de jueces y magistrados, ¿La salida para reformar la justicia?

Por: Iván David Correa Acosta

Si hay un tema que está en boga en la rama judicial en estos días, fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro haciendo referencia a un verdadero debate que está encendido en México, que gira en torno a la reforma judicial emprendida allá, el picante de la reforma está en que se plantea que los jueces, magistrados, e incluso los ministros (magistrados) de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular, algo a lo que el presidente hizo referencia en uno de sus discursos y que causó bastante escozor, no solo entre la Rama Judicial, sino en todo el ecosistema jurídico colombiano.

La reforma judicial en México, altamente cuestionada y que no es para menos, indica la reforma al artículo 96 de la Constitución mexicana, que dice: “establece que, tanto las ministras como los ministros de la Suprema Corte, así como los magistradas y magistrados de las Salas Superiores Regionales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. Este cambio incluye a las juezas y jueces de distrito”, algo histórico en el mundo, ya que los sistemas judiciales a pesar de que su jurisprudencia y su operatividad sea distintas, sus mecanismos de elección casi siempre están mediados por postulaciones y elecciones políticas dentro de la misma rama judicial, mecanismos de armonía que han establecido un orden y que mantienen la independencia de la Rama Judicial dentro de la República y del Estado de Derecho como forma de Estado.

El debate que se plantea alrededor de esta reforma es el cómo afecta el funcionamiento y la independencia de la Judicatura el que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, algo inédito en el mundo, y es que el debate se centra en que esto atacaría por completo el equilibrio de poderes y alteraría el sistema, ya que el voto ciudadano alteraría las decisiones tomadas por los jueces, y pondría a los mismos jueces en situaciones verdaderamente incómodas, en donde se ponderaría el sentir popular o la verdadera resolución del problema jurídico, a menudo impopular, una dicotomía difícil y que destruiría precisamente el Estado de Derecho.

Al entrar los jueces en una disputa política, las mismas decisiones judiciales quedarían en entredicho, al además el mismo Poder Ejecutivo seleccionar a los candidatos que participarán en las elecciones, algo que lesiona profundamente el tejido democrático, y que convertiría al voto popular en un notario para revestir de legitimidad una decisión puramente política e ideológica según el Gobierno que esté en el poder. El animus pretendi del presidente AMLO, impulsador de esta iniciativa, es el de elegir jueces “independientes y legítimos” y que sea el pueblo quien los elija, un arma totalmente contraproducente que convertiría las sentencias judiciales en una hoja de propuestas para la reelección de estos jueces. Muchos de los juristas que defienden esta idea sacada de los cabellos basaban su decisión en el precedente de los EE. UU. o en el de Bolivia, pero la diferencia es que en EE. UU., algunos estados eligen a los fiscales de distrito, no a los jueces, y en Bolivia se escogen a los magistrados de las Altas Cortes (Algo también desastroso) pero no a los jueces de distrito o a los magistrados de Tribunales.

Una iniciativa que, aunque está vestida de democracia y legitimidad, no hay nada más antidemocrático e ilegítimo que esto, las decisiones de los jueces son precisamente impopulares porque están apegadas a derecho, son decisiones que se hacen bajo el principio de legalidad, y bajo el principio de nullum poena sine lege, no hay pena sin ley, lo que convierte a la ley en la base del derecho, ley hecha precisamente por el legislador, que a su vez es elegido por voto popular, los jueces son los intérpretes y los creadores de jurisprudencia pero a partir de la ley, lo que, a su vez, haciendo conexidad en el silogismo, conduce a que las decisiones en estricto sentido de la ley sean legítimas.

Esta medida no es más que un vericueto para poder nombrar jueces afines a las propuestas de MORENA, el partido de gobierno y para desestabilizar y desnaturalizar la función judicial en México.