Columnistas
¿La reforma al sistema general de participaciones es la clave para la autonomía fiscal de las regiones?
Por: Iván Correa Acosta
El tema que se encuentra en discusión por estos días en el Congreso de la República es una reforma importante, necesaria, pero a la vez que ha generado profundos debates en torno a su sostenibilidad, hablo de la reforma al Sistema General de Participaciones, que no es más que los recursos que transfiere el Estado a las entidades territoriales (Llámese municipios, departamentos y distritos) que tienen una destinación específica para acueducto, alcantarillado, educación y salud, principalmente, asignados por la ley 715 del 2001, recursos que provienen de los ingresos corrientes de la Nación, en palabras sencillas, del presupuesto que tiene el Estado.
La reforma propuesta, en parte por el ministro Juan Fernando Cristo y la bancada de En Marcha, tiene como objetivo central que las transferencias que realiza el SGP a los entes territoriales pase del 23,5% de los ingresos corrientes de la Nación a 46%, un salto tremendo para los municipios y departamentos que aducen desde hace mucho tiempo una falta recurrente de recursos para ser invertidos en desarrollo social y en mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones, además de ser partidarios de la autonomía fiscal y la descentralización efectiva en Colombia, un país que a pesar de que en la propia Constitución se enuncia como un Estado descentralizado, carece y con creces de ser descentralizado, de hecho, las evidencias muestran que cada vez somos más centralizados.
Pero la reforma plantea retos serios en un presupuesto desfinanciado y que, por análisis de expertos en Hacienda Pública, ven en la reforma más gasolina para una crisis fiscal que solo se acrecentaría con el aumento, que, aunque gradual, no exhibe formas alternas de financiación de esos recursos que pueden ser redistribuidos a las regiones. Y es que todo esto se explica en que el presupuesto general de la nación, los proyectos de gastos de la nación tienen enormes inflexibilidades, es decir, la mayoría de los gastos de la Nación ya tienen destinaciones específicas dictadas por la ley, como es el caso de las pensiones, gastos de funcionamiento, etc. Y lo que haría este proyecto si llega a aprobarse en el Congreso, sería aumentar esa inflexibilidad financiándose con el presupuesto destinado a Inversión, limitando al máximo las finanzas públicas y haciendo que el Estado tenga que financiarse con operaciones de deuda pública, es decir, endeudándose más para poder financiar los recursos destinados a las regiones, lo que pondría en aprietos aspectos básicos del PGN como es el caso de los gastos de funcionamiento.
Sin duda, se necesita y requiere una mayor autonomía fiscal, una descentralización para los recursos de las regiones, pero este proyecto ofrece más oscuros que claros, elevando las transferencias a un porcentaje inusitado y sin dar mucha claridad acerca no solo de su financiación, sino de las competencias que los entes territoriales tendrían sobre estos recursos, ya que, al ser inflexibles por ley, tampoco tendría un panorama tan despejado para esa descentralización necesaria. Los expertos apuntan a un aumento paulatino, pero mesurado del 30 por ciento, algo que, si bien también generaría presión sobre la Hacienda Pública, esta sería una presión sostenible a largo plazo, visión que comparto, pero además a eso le añadiría que las entidades territoriales merecen su reforma tributaria territorial, seguir dependiendo de los ingresos corrientes de la nación es un despropósito absurdo en un Estado que se precia constitucionalmente de ser descentralizado, las regiones merecen tener autonomía fiscal y aumentar su carga tributaria propia, para poder llegar a ese umbral de independencia financiera que hoy en día, es incipiente.