Quitemos las máscaras de fuerza ciudadana con relación al conflicto armado, la inseguridad y la paz

Por: Jennifer Del Toro Granados, Alta Consejera para la Paz del Distrito de Santa Marta

Presidente Gustavo Petro Urrego:

En las últimas semanas Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, y algunos otros voceros menos visibles de Fuerza Ciudadana parecieran haber descubierto que la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena sufre afectaciones humanitarias, y que las estructuras criminales disputan a sangre y fuego las rentas ilícitas. Se trata de un comportamiento hipócrita y lleno de oportunismo político.

El gobierno Distrital, en general, y la Alta Consejería para la Paz en particular, no está en negación sobre la naturaleza del conflicto armado y sus graves impactos en la sociedad, en la economía, y en las vidas de las personas. Llevamos 15 meses diciendo que Santa Marta y el Magdalena no serán sociedades viables si no se desmontan las estructuras criminales de alto impacto. En la disputa entre estas estructuras se encuentra la causa del horror al que ha sido sometido el territorio durante muchos años.

¿Cuál es la política del gobierno Distrital en materia de seguridad y paz?

Desde el 1 de enero del 2024 la alcaldía Distrital decidió de manera resuelta respaldar la política de Paz Total del presidente de la República Gustavo Petro, política de Estado definida para el desmonte de las estructuras criminales.

La administración distrital ha apoyado, respaldado, y concurrido junto al gobierno nacional, la Fuerza Pública y la Fiscalía para que se hayan propinado los golpes más contundentes en contra de las estructuras criminales en los últimos años, incluyendo capturas de alto valor y desarticulación de redes de extorsión.

En desarrollo de esta política se ha generado una importante movilización popular por la paz, y el respaldo a las resoluciones del presidente Petro que han ordenado la instalación formal de los diálogos sociojurídicos de paz.

Así mismo, promovimos acuerdos con la Defensora del Pueblo, Iris Marín, para que se aborde la respuesta integral del Estado frente a las recomendaciones de las alertas tempranas, se actualice una alerta temprana de carácter regional en Sierra Nevada, y se fortalezca el monitoreo a los derechos humanos en el territorio.

En contraste, ¿Cuál ha sido el comportamiento de Fuerza Ciudadana en relación con el conflicto armado?

Hablemos del presente, y hablemos de su pasado.

Casi la totalidad de las Direcciones Territoriales de las entidades nacionales del gobierno nacional que deben garantizar la transformación del conflicto y el logro de la paz están bajo el control político del Caicedismo, incluyendo la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad de Restitución de Tierras. Incluso, los asesores de la Oficina del Comisionado de Paz son exfuncionarios de las administraciones Caicedistas, y militantes de su movimiento político. El resultado de la política de paz total del presidente Gustavo Petro en el territorio también depende de ustedes.

Los dos años y ocho meses del gobierno de Gustavo Petro han coincido con parte del mandato de Virna Johnson en la alcaldía de Santa Marta, de Carlos Caicedo y de Rafael Martínez en la gobernación del Magdalena. No existe por parte de estos dirigentes una sola acción, acto administrativo, o declaración de apoyo a la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, y específicamente a los diálogos socio jurídicos autorizados en Sierra Nevada.

En lugar de ello, lo que sí se puede evidenciar son obstáculos, saboteos o interferencias a la política de paz del presidente. Es decir, pelechan y se descamisan por obtener cargos de relevancia política en el gobierno nacional, piden que el presidente les reconozca participación política en el poder, pero aquí en el territorio sabotean su principal política.

¿Por qué lo hacen? Porque le tienen miedo a la verdad histórica.

Hablemos del pasado.

Hablando de negación del conflicto, en 2019, Rafael Martínez en su condición de alcalde desestimó la Alerta Temprana 044 que advertía la reconfiguración de las estructuras herederas del paramilitarismo en la Sierra Nevada, ese momento hubiese sido clave para impedir su expansión y consolidación, sin embargo, el entonces alcalde acusó al defensor del pueblo de ser un politiquero con tal de negar el conflicto.

He publicado antes los resultados electorales reportados por la Registraduría durante los últimos 12 años. Allí, cualquiera puede comprobar que Fuerza Ciudadana barrió en zonas de control e influencia de estas estructuras en las elecciones para elegir al alcalde de Santa Marta. El mismo grupo ha declarado públicamente el tipo de relaciones que hubo entre esa estructura ilegal y dirigentes de Fuerza Ciudadana.

Ahora, esos mismos Caicedistas creen que van a acorralar al gobierno Distrital diciendo que hay violencia en la ciudad. Las cifras muestran que la inseguridad está desbordada en todo el país, incluso el Gobernador Rafael Martínez reconoció la crisis e inestabilidad en materia de inseguridad en el norte y centro del Magdalena, incluyendo el aumento de número de hombres en armas entre el 2020 y el 2025.

Durante estos años, bajo el gobierno de Fuerza Ciudadana en el departamento el Clan del Golfo pasó de tener 120 hombres en armas, a 802, de acuerdo con la información proporcionada por el mismo gobernador; situación para la que ha hecho muy poco, salvo convocar uno que otro Consejo de Seguridad.

Nos preguntan que si nuestras actuaciones tienen un enfoque de respuestas estructurales: claro que sí.

Estamos resueltos a contribuir al desmonte de las estructuras criminales en el territorio. No hay una solución más estructural que esa. Mientras el presidente persista en esta política, tendrá el respaldo del gobierno Distrital.

El alcalde Carlos Pinedo le ha pedido al Presidente y al Comisionado de Paz reglas claras, y hemos realizado varias propuestas concretas.

1. Seguridad y control legítimo del territorio. En el escenario en el que los diálogos sociojurídicos concluyan exitosamente con el desmonte de las ACSN, o en el que fracasen, es decir, en cualquier escenario posible, el presidente de la República y el gobierno nacional deben garantizar un fortalecimiento significativo de las capacidades locales en materia de seguridad y de control territorial. El Plan Integral de Seguridad del Distrito contempla las inversiones mínimas necesarias para lograr este propósito, valuadas en 140 mil millones de pesos.
2. Reglas claras para los diálogos: Mientras se desarrollan los diálogos socio jurídicos deben consolidarse los dos acuerdos alcanzados por la Oficina del Comisionado de Paz y las ACSN en el único comunicado conjunto conocido hasta ahora, esto es: sacar a los adolescentes y jóvenes de la guerra, cesar la extorsión, empezando por los sectores de las economías populares, tal como se firmó.

Adicionalmente, deben definirse los protocolos de verificación del cumplimiento de estos acuerdos, y en general, presentar un esquema metodológico para los diálogos.

3. Transformación del territorio: En cualquiera de los escenarios posibles, el gobierno del presidente Gustavo Petro debe garantizar las inversiones para transformar el territorio como condición de consolidar el Estado social de derecho.

Esta es una directiva del presidente Gustavo Petro, quien, durante el primer consejo de ministros transmitido por televisión, expresó su vergüenza por el elevado nivel de incumplimiento de las metas establecidas.

En este punto invitamos al Ministro del Interior, Armando Benedetti y al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a liderar el cumplimiento de estos compromisos en la Sierra Nevada, y a reanudar el diálogo social hoy suspendido entre el gobierno nacional y las comunidades serranas.

La transformación del territorio tiene 4 puntos nodales: fortalecer las economías lícitas, superar la vulnerabilidad de 116 mil víctimas en el Distrito de Santa Marta, ordenar y superar los conflictos por tenencia y usos de la tierra y el territorio, y fortalecer la gobernanza ambiental e implementar los modelos de justicia restaurativa para reparar los daños causados por la violencia.

4. Actualizar las alertas tempranas y coordinar la respuesta estatal para impedir consumación de riesgos, amenazas o vulneraciones de derechos humanos.

Señor presidente Gustavo Petro, el gobierno Distrital sigue comprometido con el propósito superior de lograr la paz para la Sierra Nevada. Lo invitamos a alinear a sus fuerzas políticas en el territorio.

Nos resulta insoslayable poner en su conocimiento que las interferencias y obstáculos de fuerzas políticas que se reclaman Petristas sabotean el anhelo de paz de los samarios.

Estas expresiones de sectarismo y de oportunismo se han exacerbado con los anuncios del Presidente: Por la elección de la ciudad como sede de la cumbre de la CELAC, por su apoyo a la conmemoración y celebración de los 500 años de la ciudad, y con su decisión de desarrollar en Santa Marta el proyecto de transformación digital y soberanía de datos.

Es tal su mezquindad que preferirían que el presidente de la República bloqueara a Santa Marta porque no son ellos los que gobiernan.

Ahora, unas palabras sobre el “robo de las elecciones”.

La verdad judicial los desmiente.

En el proceso contencioso administrativo, el Tribunal del Magdalena avaló la legalidad de la elección de Carlos Pinedo como alcalde, también tuvieron un fallo adverso en la Corte Constitucional, cuya decisión en Sentencia T 300 del 2024 estableció que Jorge Agudelo nunca alcanzó la condición de candidato, y ordenó investigar posible corrupción en los trámites promovidos por Fuerza Ciudadana para burlar la Ley.

Durante la campaña de 2023, todos los sectores progresistas decentes en Santa Marta advirtieron a la hermana del gobernador que se encontraba inhabilitada por sus vínculos de consanguinidad que violaban el régimen de inhabilidades establecido en la Constitución Política de Colombia, que esa decisión reflejaba nepotismo, que rompía con las reglas de la democracia. Pero, creyeron que estaban por encima de la Constitución, y perdieron.

Hay que superar la hipocresía, no habrá paz sin verdad. La Santa Marta que cumple 500 años el 29 de julio demostrará su madurez democrática reconciliándose, actuando con grandeza, y superando a quienes pretenden arrastrarnos al odio y la desesperanza.

PD: Anexo el comportamiento del delito de homicidio para el Distrito de Santa Marta entre los años 2021-2025. Los picos más altos ocurrieron en abril de 2022 (20), mayo de 2024 (20) y agosto de 2023 (25).

Los mínimos se ven en abril de 2023 (5) y agosto de 2024 (5).

¿Dónde estaban ustedes en abril de 2022, y en agosto de 2023? ¿Cuál fue la intervención estructural que propusieron en materia de construcción de paz o estrategia de seguridad?

Hoy a los samarios no les interesan las peleas, sino los resultados, confiamos que al menos en la Sierra Nevada el presidente Petro pueda mostrar resultados de su política de paz. De lo contrario, sus enemigos políticos repetirán junto con ustedes que estamos es ante un «fracaso total».