“Tenemos que recurrir al pueblo”: Jaramillo plantea consulta popular mientras la legalidad de su reforma tambalea

Mientras el Congreso frena la reforma a la salud, el ministro Guillermo Jaramillo abre la puerta a una consulta popular. Sin embargo, el decreto que la sustenta enfrenta severas críticas por presunta inconstitucionalidad, concentración de poder en alcaldes y gobernadores, y uso indebido de recursos de la salud.

En un escenario político cada vez más tenso, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció que el Gobierno no descarta recurrir a una consulta popular para sacar adelante su reforma a la salud, una propuesta que ha enfrentado duros reveses en el Congreso y múltiples alertas jurídicas por parte de expertos y gremios del sector.

Durante una audiencia pública en Bucaramanga, Jaramillo declaró que, si el Legislativo continúa bloqueando la iniciativa, el Ejecutivo acudirá «al pueblo», imitando el camino tomado para la reforma laboral.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha lanzado una fuerte advertencia: el decreto que acompaña esta posible reforma podría estar violando el marco legal vigente. Según esta agremiación, el documento excede las competencias asignadas a entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, otorga funciones irregulares a alcaldes y gobernadores, y compromete recursos clave como los de la Unidad de Pago por Capitación en proyectos ajenos a la atención médica directa.

Uno de los puntos más delicados es la transferencia de responsabilidades de las EPS a los Centros Reguladores de Urgencias (Crue), en contradicción con lo establecido por la Ley 1122 de 2007. Además, el decreto permitiría a las autoridades territoriales diseñar redes de servicios de salud, una atribución que, según Acemi, no solo es inconstitucional, sino que podría abrir la puerta a manejos clientelistas y a la politización del sistema sanitario.

La creación de nuevas entidades como “microterritorios” también despierta sospechas sobre el intento de rediseñar el sistema de salud por decreto, sin una discusión pública y sin respaldo legal suficiente. Estas modificaciones no solo tensionan el ordenamiento territorial definido en la Ley 388, sino que fragmentan aún más un sistema ya debilitado.

Pese a las graves implicaciones legales y operativas, el Gobierno parece decidido a avanzar a toda costa.