Aumento de homicidios y control armado: el panorama de violencia en el Magdalena (Parte 2)

La defensora de derechos humanos Norma Vera encendió las alarmas por el aumento del 17 % en los homicidios en el Magdalena, la expansión del control territorial de los grupos armados ilegales y el reclutamiento de menores, en medio de una profunda crisis económica y de seguridad que amenaza con agravarse ante la falta de acción estatal.

Por: Arnol Sarmiento

La defensora de derechos humanos Norma Vera alertó sobre el preocupante incremento de la violencia en el departamento del Magdalena, donde los homicidios han aumentado un 17 % en lo que va del año, superando los 271 casos, con un promedio de más de un asesinato diario. Durante una entrevista con Opinión Caribe, Vera criticó la normalización de la violencia por parte de las autoridades y la sociedad, así como la violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados.

Gobernanzas armadas y crisis económica

Vera explicó el concepto de “gobernanzas armadas”, donde grupos ilegales ejercen control no solo mediante la fuerza, sino también a través del manejo de economías locales. Destacó el impacto en sectores como el turismo en Santa Marta, donde la Semana Santa registró una caída histórica en ocupación hotelera, y señaló el cierre masivo de negocios debido a la reducción del flujo de dinero, vinculado a incautaciones récord de drogas en el puerto.

“No es solo violencia: estos grupos son empleadores, controlan finanzas y ahuyentan la inversión. ¿Quién va a invertir en un territorio donde la extorsión y los grupos armados imponen su ley?”, cuestionó.

“Estamos a puertas de los 500 años y vamos a encontrar una ciudad con unos indicadores gravísimos. El análisis frente a cuánto fue el impacto de los últimos homicidios en Santa Marta. Tú no vas a invertir como extranjero, o tú no vas a invertir como dueño de un capital privado, en una tierra en la que te van a extorsionar, en la que estás expuesto a un robo en cualquier parte, y en la que hay unos grupos armados que se creen dueños del territorio, que ejercen más autoridad, a veces, que la misma autoridad”, aseguró Vera. 

Capacidad de sucesión y reclutamiento de menores

La defensora también denunció la rápida capacidad de sucesión de estructuras como las ACSN y las AGC, que en menos de tres décadas han pasado por múltiples generaciones de líderes. Subrayó que muchos integrantes son jóvenes menores de 26 años, reclutados en barrios periféricos por la falta de oportunidades.

“Son muchachos pobres, algunos reclutados desde niños. No son ‘angelitos’, pero el Estado tampoco les dio alternativas”, afirmó.

“Una cantidad de jovencitos reclutados de los barrios periféricos, que al final esto es un drama social inmenso, porque es gente pobre. Son muchachitos que tú los ves como, por ejemplo, el que era un cantante, que tenían otras vidas, pero al final terminan en un drama social inmenso que tiene entre la debilidad institucional, la falta de oportunidades”, señaló.

Logística operacional de los grupos armados ilegales

Vera expuso la sofisticada logística de estos grupos, que incluye armas largas (incluso robadas a la fuerza pública), radios, motos y control del transporte.

“¿Cómo no hay capturas si usan armas de la Policía pagadas con nuestros impuestos?”, cuestionó. También mencionó paros armados como muestra de su dominio, citando cierres en Santa Marta y Ciénaga, donde, según Norma Vera, la población obedece por miedo.

Llamado urgente a la acción

La activista exigió que la seguridad sea tratada como una prioridad transversal, no politizada, y pidió proyectos de empleabilidad para reducir el reclutamiento. “Estamos a puertas de los 500 años de Santa Marta, pero con indicadores de violencia gravísimos. El silencio es cómplice”, concluyó. 

Con su intervención, Vera puso en evidencia una crisis que combina violencia, colapso económico y desgobierno, retando a las autoridades a actuar antes de que la situación empeore.