El trabajo decente para la gente

Por: Ricardo Villa Sánchez

El trabajo decente es más que un derecho: es una promesa de dignidad hecha por el Estado a su pueblo. Con la aprobación de la reforma laboral, esa promesa empieza a cumplirse. La ley no es un regalo, es el resultado de décadas de lucha sindical, resistencia popular y persistencia de quienes soñaron con un país más justo. Hoy Colombia da un paso firme hacia una ciudadanía plena, construida desde el esfuerzo colectivo.

En las palabras del presidente Gustavo Petro: “La riqueza no puede seguir concentrada en unos pocos. El trabajo digno es el verdadero motor de la economía”. La nueva legislación reconoce como trabajadores a los aprendices del SENA desde el inicio de sus prácticas, asegura el pago de horas extras, festivos y dominicales, y reduce la jornada laboral progresivamente hasta las 42 horas semanales sin reducción salarial.

Según el DANE, en 2024 más de 11 millones de personas trabajaban en condiciones de informalidad, y el 55 % de los jóvenes entre 18 y 28 años no accedía a empleos con contrato. La reforma laboral busca revertir esa realidad estructural, articulando empleo, inclusión social y desarrollo económico. En un país donde la mitad de la población económicamente activa vive en la informalidad, garantizar trabajo decente es una medida de urgencia democrática.

Las reformas no nacen del capricho, sino del mandato popular. Petro ganó las elecciones con más de 11 millones de votos proponiendo un cambio estructural. El Congreso intentó frenar ese mandato, pero la movilización social y el diálogo institucional permitieron que la ley laboral viera la luz. No fue necesaria la consulta popular, pero sí dejó listo el camino para un poder constituyente si se pretende desconocer la soberanía ciudadana.

Esta victoria legislativa refuerza el Plan Nacional de Desarrollo, que declara la política de trabajo decente como eje transversal para la paz total. La paz no se firma solo con grupos armados: se construye cuando las mayorías acceden a condiciones justas, salario digno y respeto en sus espacios laborales. La democracia se amplía cuando la igualdad de oportunidades deja de ser promesa para convertirse en realidad.

El propio presidente ha denunciado que la codicia de ciertos sectores frena la justicia social. “¿Cómo se explica que Colombia tenga la jornada laboral más alta de la OCDE y una de las más bajas productividades?”, preguntó en su alocución. La respuesta es clara: la explotación no produce desarrollo. La concentración del ingreso y la negación de derechos alimentan un modelo de privilegios que la reforma comienza a desmontar.

En 2025, el 10 % más rico concentraba el 70 % de la riqueza, según cifras oficiales. La nueva reforma laboral, junto con la reforma tributaria, la educativa y la de salud, apunta a redistribuir ese poder económico y simbólico. El trabajo digno permite comprar, consumir, participar: es un acto de emancipación. Y sin emancipación no hay democracia real.

El trabajo decente también es un fundamento del poder territorial. Alcaldías y gobernaciones alternativas pueden ahora ejecutar políticas laborales alineadas con esta legislación nacional. La coordinación entre nación y territorios, con financiación y compromiso, permitirá hacer efectivos estos derechos incluso en zonas periféricas, rurales o históricamente excluidas.

Este avance abre la puerta a consolidar mayorías progresistas en el Congreso y en gobiernos locales. La ciudadanía ya no solo elige con el miedo, sino también con la esperanza. El trabajo decente, como bandera de esta transición, convoca nuevas lealtades, nuevos liderazgos y una ética política de lo común.

Hoy el país tiene una oportunidad histórica de cerrar la brecha entre legalidad y realidad. La reforma laboral no resuelve todos los problemas, pero inaugura una nueva época. Una en la que el pueblo no pide permiso para existir con dignidad, y en la que la justicia social no se negocia, se garantiza. Porque el trabajo decente para la gente es el corazón mismo del cambio.