Como vamos con la política criminal

Por: Juan Carlos Rodríguez

La sociedad reclama mas efectividad del sistema de seguridad del Estado, los ciudadanos se sienten inseguros, en las calles, en los centros comerciales, en sus negocios, en la terraza de sus casas, es una sensación constante de inseguridad, este fenómeno de percepción es más frecuente hoy en día, con el uso masivo de las redes sociales, que sin duda han remplazado los medios tradicionales de comunicación, cada celular se convierte en una fuente de producción de noticias en vivo o al instante. Esto permite reflejar una realidad frente al fenómeno del actuar de la delincuencia, sea individual u delincuencia organizada, sin embargo, también permite en muchas ocasiones la difusión de noticias falsas, noticias fuera de contexto, y muchas veces reproducción de noticias de otras latitudes, lo que posibilitas y aumenta la percepción de inseguridad. Sin duda este fenómeno refleja un estado crucial para la sociedad, en materia de seguridad, se define el pulso por el control territorial, el control social por parte de los actores, por ello el Estado Colombiano ha venido desarrollando una política criminal, que busca la disminución de la criminalidad, para ello son varias las estrategias que se vienen planteando.

La política criminal en Colombia ha experimentado una evolución significativa en la última década, marcada por un enfoque integral que va más allá de la mera sanción penal, incorporando la prevención, la investigación, la resocialización y la protección de los derechos fundamentales. Aquí se analizará las principales características, avances, retos y prioridades de la política criminal colombiana desde 2015 hasta 2025, con especial énfasis en los planes nacionales aprobados, de igual manera las sentencias constitucionales que han orientado las reformas y las estrategias para enfrentar el crimen organizado, la violencia y la crisis penitenciaria.

Por lo anterior, históricamente, la política criminal en Colombia se caracterizó por ser reactiva y centrada en la represión, con un sistema penitenciario colapsado y un enfoque limitado en la prevención y resocialización. Sin embargo, sentencias emblemáticas de la Corte Constitucional, como la T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015, declararon el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y ordenaron al Estado adoptar medidas integrales para superar la crisis carcelaria y mejorar la política criminal, señalando la necesidad de una política más coordinada, reflexiva y con enfoque en derechos humanos, de lo anterior podemos decir que aun el Estado esta en deuda con la intervención del estado de cosas inconstitucionales, el hacinamiento en los centros carcelarios supera con creces la crisis y la capacidad de respuesta del Estado.

De acuerdo con la política criminal del Estado desde el análisis que se realiza, El hito más relevante en la última década ha sido la aprobación del Plan Nacional de Política Criminal (PNPC) 2021-2025, el primero de carácter estatal que articula acciones entre la Rama Judicial, el Gobierno Nacional, el Congreso y el Ministerio Público. Establecen cinco pilares fundamentales: Prevención de la criminalidad, Definición y sanción de conductas antisociales, Investigación y juzgamiento, Cumplimiento de sanciones penales, Resocialización para la reintegración social

Este enfoque integral evidencia que la política criminal no se limita a la penalización, sino que incluye la prevención y la reconstrucción de los lazos comunitarios, buscando proteger los derechos de la sociedad y garantizar la efectividad del sistema penal.

El PNPC y otros documentos relacionados destacan varias prioridades estratégicas para enfrentar los desafíos criminales: Disrupción del crimen organizado y terrorismo: Se busca desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad y la democracia, incluyendo la lucha contra sus finanzas ilícitas. Modernización del Estado: Fortalecimiento de capacidades investigativa y judiciales, uso de tecnologías para entender la dinámica criminal en territorios específicos y mejorar la presencia estatal. Prevención de la violencia y protección de grupos vulnerables: Especial énfasis en la prevención del homicidio, violencia basada en género y la participación de adolescentes en actividades criminales. Humanización del sistema penitenciario: Mejorar las condiciones carcelarias y garantizar la resocialización efectiva, atendiendo las órdenes constitucionales para superar la crisis del sistema. Lucha contra la corrupción: Reconociendo su impacto en la reproducción de la violencia y la desconfianza institucional.

Retos y desafíos

A pesar de los avances normativos y estratégicos, Colombia enfrenta retos persistentes:

• La implementación efectiva del PNPC requiere coordinación interinstitucional y recursos adecuados para superar la fragmentación histórica de las políticas criminales.
• La crisis penitenciaria sigue siendo un problema estructural que demanda no solo infraestructura sino atención integral en salud, educación y derechos humanos.
• La presencia desigual del Estado en territorios afectados por el crimen organizado limita la efectividad de las estrategias de prevención y judicialización.
• La violencia basada en género y la protección de poblaciones vulnerables requieren políticas focalizadas y con enfoque diferencial.

Algunas fuentes históricas y presentes,

En la última década, la criminalidad en Colombia ha mostrado dinámicas diferenciadas entre reducción de algunos delitos violentos, un incremento importante en los delitos urbanos y variaciones regionales notorias. Factores como el post-conflicto, el auge del crimen organizado, el crecimiento urbano y cambios en la denuncia penal han influido en estas tendencias.

Homicidios y Violencia Letal

Reducción sostenida del homicidio nacional: Entre 2015 y 2024, la tasa de homicidios continuó con la tendencia descendente iniciada años atrás, pero con repuntes en ciertas regiones. Las principales capitales aportan la mayor proporción de víctimas: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, Santa Martha, Cartagena.

• Concentración en zonas urbanas: El 43% de los homicidios se concentran en apenas 39 municipios. Calles y vías públicas representan los sitios más comunes del crimen. (PNPC) 2021-2025.
• Persistencia en zonas rurales: Algunos municipios rurales y de frontera han visto repuntes por conflictos con economías ilegales y disidencias armadas

El horizonte 2022-2025, marcado por el Plan Nacional de Política Criminal, representa una oportunidad para consolidar una política criminal más humana, efectiva y orientada a la prevención y protección de derechos humanos. La apuesta por un enfoque territorial, diferencial y restaurativo es clave para enfrentar la complejidad del fenómeno criminal en Colombia y garantizar la convivencia pacífica.

En la última década, la política criminal colombiana ha transitado hacia un modelo más integral y coordinado, que reconoce la necesidad de articular prevención, sanción, investigación y resocialización. Los planes nacionales y las sentencias constitucionales han sentado las bases para superar la crisis penitenciaria y enfrentar el crimen organizado, con un enfoque en la protección de los derechos humanos y la reconstrucción social. Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende de su implementación real y sostenida, así como del fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.

Así mismo el estado en su conjunto deberá enfocar políticas sociales, que transformen vidas, dejar de un lado la marginada social mediante políticas de subsidio,  la creación de empresas, oportunidades de vida en desarrollo pleno de los jóvenes, capacidad de transformación de entornos sociales de impacto, dejar el asistencialismo, y por el contrario elaborar políticas de inclusión social verdaderas, los jóvenes necesitan oportunidades reales de desarrollo, estudio, formación laboral  y fuentes reales laborales, donde puedan desarrollar sus potencialidades, como sociedad moderna no podemos perder una década más en violencia, desperdiciando una generación sumida en la violencia como único factor de vida.

Reseña:

Abogado Docente universitario en la Universidad de la Costa CUC, abogado penalista por excelencia, investigador, ha trabajado en el campo de la investigación social. Actualmente se desempeña en una de las mas prestigiosas universidades de la costa Norte Colombiana como es la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla.

Articulo producto de un trabajo de investigación en etapa ante proyecto.