Seis agentes, cero soluciones: la Essmar le sigue fallando a Santa Marta

Santa Marta sigue padeciendo un servicio de agua potable y alcantarillado deficiente, mientras la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar) acumula agentes interventores, pasivos financieros y promesas incumplidas. Recientemente, se conoció la salida de Yanod Márquez de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), y con ello, la renuncia de Erney Velásquez como agente interventor de la Essmar.

De manera extraoficial se conoció que Edwin Parada Cabrera será designado como el nuevo agente interventor. Sin embargo, hasta el momento no ha sido confirmado por la Superservicios. Con este nombramiento ya serían siete los agentes que han pasado por la empresa desde su intervención en noviembre de 2021, sin que se resuelvan los problemas estructurales de agua potable y alcantarillado que afectan a miles de samarios.

Desde que la Superservicios asumió el cargo de la entidad con carácter liquidatorio en etapa de administración temporal, con el objetivo de garantizar la prestación eficiente de los servicios, la ciudad ha visto desfilar varios agentes especiales: Yahaira Díaz, EPM, Jorge López Echeverry, Pedro Sánchez, Isis Navarro, Erney Velásquez y ahora Edwin Parada Cabrera. En este tiempo, de casi cuatro años, los resultados son escasos y las quejas ciudadanas aumentan.

Los derramamientos de aguas residuales, la intermitencia del suministro de agua potable y el deterioro de la infraestructura sanitaria son problemas que persisten. Mientras tanto, el pasivo financiero de la empresa ha pasado de $70 mil millones en 2021 a cerca de $130 mil millones en 2025.

El presidente Gustavo Petro ha reiterado en varias ocasiones que la Essmar será devuelta a Santa Marta, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna acción. La ciudadanía exige saber en qué condiciones se entregará la empresa.

La intervención de Essmar, lejos de representar una solución estructural, parece haberse convertido en una gestión errática y sin rumbo. El cambio constante de agentes, la falta de transparencia sobre los avances y el deterioro del servicio público plantean una pregunta urgente: ¿quién responde por el fracaso de una intervención que prometía eficiencia?