Brayan Campo habría confesado en prisión otros posibles homicidios además del feminicidio de Sofía Delgado

Nuevas revelaciones desde la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa han puesto nuevamente bajo la lupa a Brayan Schneider Campo Pillimué, el hombre condenado a 58 años y tres meses por el feminicidio de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca.

Según el testimonio del también recluso Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias La Soga, durante encuentros en el patio del penal, Campo habría asegurado que no solo estuvo involucrado en la muerte de Sofía, sino que tendría relación con otros crímenes cometidos contra menores en años anteriores.

De acuerdo con La Soga, las conversaciones se dieron en medio de actividades cotidianas, como partidas de parqués y charlas informales. En ese contexto, Campo habría manifestado que “tenía muchos otros casos” en el Valle del Cauca y que no veía utilidad en reconocerlos, debido a que no recibiría ningún beneficio judicial a cambio.

Entre los nombres que habrían surgido en esas conversaciones están los de Erika Sepúlveda y Tatiana Trujillo, dos jóvenes halladas muertas en 2022. No obstante, no existen pronunciamientos oficiales de la Fiscalía que lo vinculen directamente con esos crímenes, por lo que la información debe entenderse como presunta y en proceso de verificación.

Brayan Campo fue condenado por el feminicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años que desapareció en julio de 2023 y posteriormente fue hallada sin vida en un cañaduzal de la vía Candelaria–Florida.

El hombre ya contaba con una condena previa por el abuso sexual de otra menor de 12 años en 2018, también en Candelaria, lo que ha aumentado la indignación ciudadana y el clamor por mayores controles frente a agresores reincidentes.

Hasta ahora, lo relatado por alias La Soga se mantiene como testimonio de un interno, sin respaldo judicial ni pruebas materiales que acrediten los presuntos homicidios adicionales.

Por ello, especialistas en derecho penal subrayan que debe respetarse la presunción de inocencia de Campo en relación con estos hechos, mientras la Fiscalía General de la Nación determina si existen méritos suficientes para abrir nuevas investigaciones.

Las revelaciones han reavivado la discusión sobre la seguridad de los menores en el Valle del Cauca, la transparencia en las investigaciones judiciales y la necesidad de esclarecer posibles patrones criminales que podrían estar detrás de varios casos no resueltos.

La sociedad civil y familiares de víctimas han pedido a las autoridades actuar con rapidez.