Plantas desalinizadoras: ¿una apuesta estratégica o una oportunidad perdida para Santa Marta?

Con una inversión proyectada de $786 mil millones y vigencias futuras hasta 2030, el Gobierno Nacional apuesta por la desalinización del agua de mar como la gran solución para Santa Marta. Sin embargo, expertos advierten que la decisión podría convertirse en una “oportunidad perdida”, pues subestima los costos de mantenimiento, el impacto ambiental y la dependencia energética de una ciudad con graves deficiencias en su red eléctrica.

En el marco de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, el Gobierno Nacional oficializó el Documento CONPES 4159, que declara la importancia estratégica del proyecto de dos plantas desalinizadoras para la ciudad. Sin embargo, expertos y líderes advierten que la decisión podría repetir errores del pasado si no se acompaña de una verdadera planificación territorial, ambiental y energética.

El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó vigencias futuras excepcionales por $786.032,78 millones, recursos que se ejecutarán entre 2026 y 2030. Las plantas estarán ubicadas en Taganga y en el sur de Santa Marta, y abastecerían a más de 796.650 habitantes, una cifra que representa una cobertura sin precedentes para una ciudad que ha padecido históricamente el desabastecimiento de agua potable.

OPINIÓN CARIBE habló con el biólogo Luis Miguel Moisés, quien consideró que el CONPES debe analizarse desde dos perspectivas: “Por un lado, es un gran triunfo para la ciudad. Es el camino correcto para reunir las fuerzas del Estado y articular recursos y acciones en función de resolver un problema de fondo: el desabastecimiento de agua”.

#EnVideoOC El biólogo Luis Miguel Moisés habló sobre el CONPES 4159 que declara la importancia estratégica del proyecto de dos plantas desalinizadoras para la ciudad. Para Moisés esto es un avance importante para solucionar el desabastecimiento de agua potable, pero advierte que… pic.twitter.com/LZ54gwfYQV

— Opinión Caribe (@opinioncaribe) October 7, 2025

No obstante, su segunda lectura es más crítica. De acuerdo con Moisés, la iniciativa responde al interés directo del presidente Gustavo Petro de impulsar la desalinización como única solución, una alternativa que, si bien ha demostrado efectividad en contextos como los Emiratos Árabes o España, no necesariamente se adapta a las condiciones tropicales y megadiversas del Caribe colombiano.

“El trópico tiene una dinámica ecohidrológica compleja que debe ser comprendida antes de intervenir con tecnologías tan invasivas. Si no hay un estudio profundo del ciclo del agua y una adecuada planificación en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se corre el riesgo de aplicar soluciones parciales que ignoren las causas estructurales del problema”, advierte.

Uno de los principales riesgos asociados a la desalinización es la generación de salmueras, residuos hipersalinos resultantes del proceso de filtración del agua marina. “Por cada litro de agua potable se produce casi un litro de salmuera”, explica Moisés, quien además indicó que estos vertimientos alteran los ecosistemas marinos al superar el rango de tolerancia de las especies locales, lo que podría generar mortalidad y degradación en la fauna y flora costera. A diferencia de España o los Emiratos Árabes, Santa Marta posee un litoral catalogado como “hot spot” de biodiversidad mundial, lo que incrementa el riesgo ecológico.

Para el biólogo, las plantas desalinizadoras no son una solución definitiva. “El verdadero camino está en una estrategia multipropósito que combine la restauración de los ríos, la recuperación del acuífero, el tratamiento de aguas residuales y su reinyección, junto con sistemas de captación superficial y regionales. La desalinización puede ser un complemento, no el eje central”, explica.

Moisés plantea la necesidad de un enfoque integral que incluya la gestión ambiental, la planificación urbana y la educación ciudadana sobre el uso sostenible del agua. “Santa Marta debe ordenarse en función del agua, no al revés”, concluye.

“Una oportunidad perdida”

Desde otra perspectiva, Alfonso Lastra, exdirector de la Cámara de Comercio de Santa Marta, considera que el CONPES representa una oportunidad perdida. Aunque reconoce la urgencia de garantizar agua potable, advierte que la medida prioriza una tecnología costosa y dependiente de factores externos, en lugar de culminar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que habría permitido fortalecer las plantas de tratamiento existentes y optimizar la red actual.

“Si bien el objetivo de garantizar agua potable para los samarios es loable, este enfoque plantea serios inconvenientes que podrían haber sido evitados de haber optado por una alternativa más benéfica y sostenible, como concluir el plan maestro de acueducto y alcantarillado, el cual, seguramente priorizará previamente nuevas plantas de tratamiento de agua”, señaló.

Por otro lado, advirtió que los costos de mantenimiento, la depreciación de los equipos y la dependencia energética podrían triplicar la inversión inicial en 30 años; y que la ejecución con vigencias futuras hasta 2030 podría quedar vulnerable a recortes presupuestales o cambios de gobierno.

En cuanto a la dependencia energética, mencionó que las desalinizadoras son intensivas en consumo eléctrico. “Sin un plan claro para integrar energía solar —abundante en la región—, el gobierno podría trasladar estos gastos a los usuarios, haciendo que el agua desalinizada sea inalcanzable para los sectores más vulnerables”, precisó.

Desde el punto de vista ambiental, coincide en la preocupación por las descargas de salmuera y la posible afectación de los ecosistemas costeros. “La extracción de agua marina y la disposición de salmuera podrían dañar los ecosistemas costeros de Santa Marta, un tesoro para su biodiversidad y turismo”, señala.

Para Lastra la apuesta por las desalinizadoras responde más a un gesto de prestigio político que a una política integral de sostenibilidad. “Santa Marta no necesita soluciones espectaculares, sino decisiones coherentes y adaptadas a su realidad”, afirma.

El anuncio del CONPES 4159 ha despertado optimismo en una ciudad históricamente sedienta, pero también genera interrogantes sobre su viabilidad ambiental, social y económica.

Las plantas desalinizadoras representan una esperanza tangible, pero también un riesgo latente. El desafío será convertir esta ambición tecnológica en una verdadera solución sostenible, donde el acceso al agua no implique el sacrificio del entorno ni el bolsillo de los samarios.