El algoritmo como cómplice del poder ilegal en Santa Marta

Las redes sociales han amplificado la capacidad de los grupos armados para imponer normas y modelar comportamientos en algunos sectores de la ciudad. Sus asesores comunicacionales tienen claro que la viralización de amenazas y destierros no solo produce temor; también genera una aceptación progresiva del actor ilegal como regulador de conflictos.

Por: José D. Pacheco Martínez

Las redes sociales han amplificado la capacidad de los grupos armados para imponer normas y modelar comportamientos en Santa Marta. La viralización de amenazas y destierros no solo produce temor; también genera una aceptación creciente del actor ilegal como regulador de conflictos. Lo que a primera vista parece miedo colectivo es, en realidad, el síntoma de algo más profundo: la erosión del criterio ético con el que la sociedad distingue entre protección y sometimiento.

En la ciudad dejó de sorprender que un grupo armado difunda videos anunciando castigos. Lo alarmante es otra cosa: la velocidad con la que esas piezas circulan por WhatsApp, Facebook, TikTok o X; la naturalidad con que se comentan; la cantidad de voces que las justifican como si fueran boletines de autoridad. Ese circuito —producir, viralizar, aceptar— es la maquinaria que hoy legitima al violento. No por la potencia de sus armas, sino por la docilidad de nuestros clics.

La reciente Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo revela que estos contenidos no son improvisados: son dispositivos de gobierno. Su difusión opera como violencia psicológica y administración del terror, mecanismos de control social tan eficaces como el plomo. Quien publica el video demuestra que vigila y castiga; quien lo comparte multiplica su alcance; quien lo celebra da prestigio; quien calla abre espacio para su expansión. Las redes sociales ya no son simples canales: se han convertido en el campo donde estas organizaciones disputan autoridad, moldean percepciones y buscan legitimidad imitando incluso el lenguaje institucional.

La práctica es sistemática. Filman castigos, editan intimidaciones, viralizan advertencias y convierten el terror en espectáculo. Ese guion, lejos de ser un susto pasajero, instala normas: panfletos y videos que fijan horarios, prohíben actividades, anuncian “limpiezas”, señalan “objetivos” y obligan a desplazamientos preventivos. En varios corregimientos han paralizado economías locales y aplazado fiestas patronales. La comunicación del miedo terminó administrando la vida cotidiana. Es fuerza, es mensaje y es pedagogía.

En ese entorno, la sociedad experimenta una mutación peligrosa. La violencia empieza a ser percibida como un trámite útil, porque, cuando un departamento convive con más de 500 homicidios en el año sin hacer duelo, la sensibilidad se embota. Y donde el dolor pierde fuerza, la resignación gana terreno. Las frases que circulan en chats lo confirman: “si alguien logra controlar, que controle”. Ese razonamiento marca la frontera donde la ciudadanía deja de ser sujeto de derecho y se transforma en audiencia de la coerción.

Los grupos armados conocen ese agotamiento y lo explotan con precisión. No solo intimidan: fabrican una imagen de eficacia. Suspenden cobros de extorsión “temporalmente”, envían mensajes de “solidaridad”, se presentan como defensores de los intereses comunitarios. No es altruismo, es marketing del control. Buscan voz pública, interlocución y reconocimiento como reguladores donde el Estado llega tarde o no llega. Y refuerzan ese relato con pasacalles, grafitis, banderas y códigos de conducta que dejan claro quién dicta las reglas cuando la institucionalidad no sostiene las suyas.

La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos a identificar al violento como un actor de orden? La respuesta es política y territorial. Años de promesas incumplidas, investigaciones que no avanzan, denuncias sin efecto y operativos episódicos han debilitado la credibilidad estatal. A eso se suma un clima nacional de polarización donde la seguridad dejó de ser prioridad de Estado y se volvió munición electoral. La ciudadanía siente que la política discute sobre seguridad, pero no para protegerla a ella. Ese vacío emocional y práctico lo ocupan quienes ostentan el poder de daño.

Y mientras tanto, la pantalla decide. El algoritmo premia lo que provoca reacción: miedo, shock, rabia. En ese ecosistema, los contenidos de los grupos armados encuentran terreno fértil. No porque la sociedad admire la violencia, sino porque esos videos condensan frustraciones profundas. Cada reproducción es un acto político sin declararlo: se vota por la autoridad equivocada sin quererlo.

Aquí debemos ser implacables con nosotros mismos. Cada reproducción acrítica otorga legitimidad. Compartir “para que se enteren” legitima. Comentar “así es que se arregla” legitima. Difundir “por si acaso” legitima. La responsabilidad ciudadana no está en enfrentarse al violento —nadie puede exigir heroísmo en territorios de riesgo—, sino en no prestarle la caja de resonancia que necesita para gobernar a través del miedo.

Aceptar el video como orden erosiona la noción de límite, degrada la idea de persona y convierte la excepción en rutina. Hoy es un destierro filmado; mañana, el silenciamiento del disidente; después, la administración selectiva de permisos para vivir, trabajar o celebrar. Así se instala un derecho paralelo cuya única fuente es la amenaza. Cuando ese orden se vuelve costumbre, las instituciones quedan de adorno, la justicia se reduce a trámite y la ciudadanía pierde su voz.

La salida comienza en un gesto mínimo, pero decisivo: retirarle al verdugo la audiencia que exige para ejercer poder. No compartir. No celebrar. No transformarlo en conversación cotidiana. Y a la par, exigir del Estado lo que solo el Estado puede: presencia sostenida, justicia que llegue hasta la sentencia, protección que se sienta en el barrio y liderazgo que reconstruya la confianza pública.

Porque aquí no existe la neutralidad, ya que, cada clic construye o destruye un tipo de ciudad. Y cada ciudadano que decide no reproducir miedo y reclamar seguridad legítima devuelve un fragmento del orden que hemos perdido.  Es imperativo recordar en este punto, que la autoridad no es quien se impone: es quien merece obediencia.

Ese principio —simple y exigente— sigue siendo la frontera entre vivir en sociedad y la barbarie.