La barbarie que arrebata la vida en Mingueo, La Guajira

El homicidio de una niña de tres años desató una cadena de acontecimientos que dejó al descubierto el vacío de autoridad, la normalización del terror y la reinstalación de la justicia por mano propia en Mingueo, La Guajira. La tragedia de Shelsy Michel Navarro Ojeda terminó convertida en un espejo brutal de un territorio donde la institucionalidad llega siempre después de la sangre.

Por: Arnol Sarmiento

El día que Mingueo amaneció desgarrado

En el corregimiento de Mingueo, en los límites entre La Guajira y el Magdalena, el 10 de diciembre comenzó como cualquier otro día. Pero hacia el mediodía, la noticia corrió como un relámpago: Shelsy Michel Navarro Ojeda, una niña de tres años, había desaparecido.

La angustia inicial se transformó pronto en conmoción colectiva. Vecinos, familiares y voluntarios recorrieron las calles en busca de cualquier rastro. Pero cuando cayó la noche, el rumor que todos temían se confirmó: Shelsy fue encontrada sin vida, en circunstancias que ningún habitante logra aún explicar con claridad. El hallazgo fue inmediato y desgarrador; la respuesta social, fulminante.

Ese mismo día, también fue identificado un presunto responsable, quien, al parecer, era un menor de edad según las autoridades. La tensión explotó. Horas después, la comunidad —desbordada por el dolor y sumida en un sentimiento de justicia— lo encontró y lo sometió. Lo que siguió fue imposible de detener.

La multitud actuó como si estuviera respondiendo a aquella sensación de venganza ante el atroz asesinato de la niña. El menor sospechoso fue entregado, según versiones, a actores armados ilegales que ejercen control en la zona. La tragedia, lejos de cerrarse, apenas comenzaba.

Horas después, el presunto responsable fue asesinado y decapitado. El terror quedó grabado en videos que circularon con rapidez en redes sociales, dejando al departamento en shock.

El vacío que deja el Estado

La muerte de la niña no solo desató una reacción visceral, sino que evidenció, nuevamente, que en la Sierra Nevada la institucionalidad opera como un fantasma: visible en documentos, ausente en el territorio.

Las autoridades reaccionaron tarde. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, expresó:

“He solicitado a las autoridades avanzar con total rigor y prontitud en la investigación para esclarecer este crimen y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. La vida de nuestros niños es sagrada y debe ser protegida sin excepciones.”

La Gobernación también se pronunció y afirmó:

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia contra nuestros niños… Hemos activado de inmediato la articulación con Fiscalía, Policía y ICBF… A la comunidad de Mingueo le pedimos mantener la calma y evitar cualquier forma de justicia de mano propia.”

Pero estas palabras llegaron cuando el curso de los hechos ya había sido decidido por fuerzas más antiguas que cualquier decreto: la ley del miedo y la justicia paralela que opera desde hace décadas en la región.

A pesar del anuncio oficial de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para esclarecer los hechos, la realidad era otra: el presunto responsable ya estaba muerto. La justicia institucional no alcanzó a llegar.

La tragedia dejó dos vidas segadas: Shelsy, de tres años, y un adolescente migrante, de 14 o 15 años, que murió en un acto de castigo extremo. Ninguno tuvo oportunidad de defensa. Por su parte, el defensor de derechos humanos Lerber Dimas describió la escena con crudeza y análisis profundo:

“Yo no me puedo imaginar en estos momentos el sufrimiento y el dolor de esa familia… Es una niña inocente, incapaz de defenderse, muerta en circunstancias que aún no están claras.”

Y añadió un punto que muchos prefirieron ignorar:

“Esto desembocó en una acción de justicia por mano propia… trajo el asesinato brutal del presunto asesino de la niña, un joven migrante venezolano. Dos personas que pierden la vida en las dos primeras etapas: niñez y adolescencia.”

Pero lo más perturbador es la dimensión del castigo:

“Lo convirtieron en una carnicería… Le cortaron las orejas, lo castraron y finalmente le cortaron la cabeza.”

A pesar de la brutalidad, Dimas insiste en un punto central: nadie puede asegurar que el menor fuera realmente culpable. Y, aun si lo hubiera sido, nunca recibió un proceso justo:

“Mientras usted está siendo torturado, dice cualquier cosa para evitar que sigan haciéndolo. Eso no es justicia. Eso bloquea la posibilidad de comprender qué ocurrió y quiénes más pudieron estar involucrados.”

Mingueo y la larga sombra de la justicia paralela

El análisis de fondo revela una verdad incómoda: la justicia por mano propia no surge por impulso espontáneo, sino por una legitimación social acumulada durante años.

Dimas lo explica así:

“Hay un grado social muy significativo de aceptación a los procesos de regulación violenta en los territorios… La justicia por mano propia transgrede el Estado de derecho, pero opera donde la institucionalidad nunca llega.”

El defensor advierte que, en territorios castigados por la guerra, la violencia se normaliza:

“La guerra en la Sierra Nevada nunca definió ganadores. Definió perdedores. Y sigue manifestándose en estas formas de violencia que se instauran en los territorios.”

En Mingueo, como en muchas zonas de frontera entre La Guajira y el Magdalena, los habitantes viven entre la desconfianza hacia las instituciones y el dominio de actores armados que llenan los vacíos del Estado. El asesinato del adolescente no fue un acto improvisado: fue la manifestación de un orden paralelo que regula, castiga, dicta sentencia y ejecuta.

Lo que queda después de la sangre

La muerte de Shelsy podría haberse convertido en el comienzo de una investigación rigurosa. Pero la muerte del principal sospechoso —en medio de torturas y sometido por grupos ilegales— cerró múltiples caminos judiciales, borró piezas clave y dejó más preguntas que certezas.

Hoy, el caso enfrenta:

• Un asesinato sin esclarecimiento.
• Un presunto responsable ejecutado sin juicio.
• Posibles partícipes aún desconocidos.
• Una comunidad fracturada entre el dolor, el miedo y el silencio.

Dimas es claro:

“La acción no debió pasar. En ninguna circunstancia. Lo correcto hubiera sido entregarlo a la justicia para determinar responsabilidades. Hoy tenemos impunidad y un territorio sumido en el terror.”

Un asesinato que se suma a una violencia sistemática contra niñas y mujeres

Por su parte, la defensora de derechos humanos Norma Vera —una de las voces más documentadas en violencia de género en la región Caribe— contextualizó la tragedia de Shelsy dentro de un patrón mucho más amplio:

“La violencia contra las niñas sigue siendo un factor estructural de las violencias basadas en género. El 23 de noviembre asistimos al crimen de Luciana, una niña de 3 años degollada en Apure, en Plato, en un caso de presunta violencia vicaria. Un hombre asesinó a una niña porque su madre no accedió a sus pretensiones sexuales.”

Vera trazó un paralelismo contundente:

“Ayer, una niña de 3 años desapareció en Mingueo y luego fue encontrada muerta, sin claridades aún sobre si se ejerció violencia sexual ni sobre si su homicidio responde a violencias estructurales de género, a violencias de grupos armados o a violencia intrafamiliar.”

Su lectura apunta a un fenómeno repetitivo, crónico y alarmante:

“Esta dinámica muestra una violencia estructural que se ensaña contra niños, niñas y mujeres, con indicadores gravísimos en la región Caribe colombiana y un aumento de criminalidad en La Guajira, Magdalena y Cesar, los tres departamentos bajo dominio de grupos armados, documentados en la alerta temprana 020.”

El asesinato del presunto responsable: tortura, sevicia y un mensaje criminal

Norma Vera entregó uno de los relatos más detallados y crudos sobre lo ocurrido con el presunto agresor, también menor de edad:

“El presunto asesino, entre 14 y 16 años, fue degollado, le cortaron las orejas, los genitales y fue expuesto públicamente. La comunidad primero intentó lincharlo y luego fue entregado al grupo armado que opera en la zona, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.”

Y subrayó un elemento clave: el Estado nunca apareció.

“Durante ese tiempo no hicieron presencia las autoridades policiales, no hizo presencia la Fiscalía. Se permitió que la comunidad lo golpeara y luego que el grupo armado lo sometiera públicamente mediante videos difundidos en redes.”

Vera advirtió que no hay certeza sobre su responsabilidad:

“Él en algún momento manifiesta que sí es culpable, pero cualquier persona sometida a ese nivel de tortura termina diciendo lo que el grupo armado ordene.” El mecanismo de castigo, dijo, es un regreso directo a las prácticas paramilitares de los años más violentos: “El uso de tortura y exposición pública ya está haciendo carrera, como en los tiempos del paramilitarismo.”

La gobernanza criminal: cuando la justicia no depende del Estado

El análisis de Vera es estructural y apunta a un problema que el país se ha negado a enfrentar con la profundidad necesaria:

“Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo están sometiendo a la población a niveles extremos de tortura y exposición. Al mismo tiempo violentan derechos humanos y se burlan de las autoridades.”

Denunció además un hecho demoledor:

“Varios miembros del grupo armado tienen órdenes de captura levantadas mientras exhiben lujos en redes sociales y al mismo tiempo exhiben crímenes como este.” La defensora concluyó que, en este contexto, es altamente probable que el crimen contra Shelsy quede en total impunidad: “No sabemos si él realmente fue el autor. No hubo justicia. No hubo investigación. Esto, como muchos crímenes en territorios controlados por estos grupos, queda en impunidad absoluta.”

Y remató con una sentencia que resuena con fuerza:

“Aquí la autoridad que se impone es la autoridad paramilitar. La justicia es la justicia paramilitar. Los grupos armados colocan las normas, las sanciones y el orden. La autoridad legítima dejó de gobernar hace mucho.”

El país que permite que los niños mueran dos veces

Entre la muerte de Shelsy, el asesinato del presunto responsable y la ausencia total de autoridades, queda una verdad innegable: el territorio quedó entregado a su propia suerte.

Si bien Gobernación y Policía anunciaron recompensas, rechazos y despliegue operativo, ese aparato institucional solo apareció después de la tragedia. Nunca evitó el asesinato de la niña. Nunca evitó la tortura del menor señalado. Nunca contuvo al grupo armado.

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas lo había advertido:

“La justicia por mano propia tiene aceptación social cuando la institucionalidad no llega. La guerra nunca definió ganadores. Solo definió perdedores.”

Shelsy, una niña de tres años, y el menor señalado, un adolescente invisible para el Estado, fueron dos de esos perdedores.

La herida abierta

La historia de Shelsy y del presunto responsable no es un episodio aislado. Es el síntoma visible de una enfermedad profunda: la erosión de la confianza en las instituciones, el abandono estatal y la permanencia de poderes armados que deciden cuándo y cómo se ejerce justicia.

Mingueo no es un punto remoto en el mapa. Es un espejo que refleja la fragilidad de un país que no ha logrado consolidar la paz en sus territorios, donde los niños mueren, los adolescentes son linchados y la comunidad, atrapada entre el miedo y la rabia, siente que no tiene otra opción.

La justicia institucional llega, pero llega tarde. Llega después de la muerte, después del pánico. Y en esos minutos que definen la vida de una persona, quien gobierna no es la ley, sino el terror.