Navidad a estallidos

En lo que va de la temporada de Navidad y fin de año, Colombia registra 453 personas lesionadas por pólvora. Pero hay otra cuenta que el país se niega a llevar: la del daño infligido a animales domésticos y fauna urbana, seres sintientes cuyo sufrimiento no es colateral ni anecdótico: la pirotecnia vulnera derechos básicos de animales que sienten miedo, dolor y estrés, y revela una cultura que sigue subordinando la vida no humana al espectáculo.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

En lo que va de la temporada de Navidad y fin de año, el Instituto Nacional de Salud ha reportado 453 personas lesionadas por pólvora pirotécnica, un 8,6 % más que en el mismo periodo del año anterior. Ciento cincuenta y cinco de esos casos corresponden a menores de edad. El país recibe el dato con la misma coreografía anual: alarma inicial, llamados genéricos a la prevención y una rápida normalización del daño. Sin embargo, estas cifras no describen una fatalidad estacional. Describen una conducta reiterada frente a un riesgo ampliamente conocido.

Mientras la atención pública se concentra en las quemaduras humanas —el 88 % del total—, otra dimensión del daño permanece sistemáticamente fuera del balance: la que padecen animales domésticos y fauna urbana, sometidos durante semanas a un entorno acústico violento, imprevisible y fisiológicamente devastador. Para ellos, la pólvora no es tradición ni celebración. Es amenaza. No hay forma de anticiparla ni de comprenderla. Cada detonación activa respuestas intensas de pánico, estrés y desorientación que derivan en huidas desesperadas, extravíos, accidentes y muertes silenciosas.

Este no es un argumento sentimental. Es un dato ético y jurídico. Colombia reconoce a los animales como seres sintientes, lo que implica que sienten miedo, dolor y estrés de manera consciente y que ese sufrimiento tiene relevancia constitucional. No son objetos ni externalidades del entretenimiento humano. Son sujetos de especial protección frente a los cuales existe un deber positivo de prevención del daño. La pirotecnia recreativa, tal como se practica en barrios residenciales, vulnera de forma directa esa obligación.

La fauna urbana y silvestre enfrenta, además, un impacto estructural. Las detonaciones nocturnas provocan abandono de nidos, interrupción de ciclos reproductivos y desplazamientos forzados, especialmente en aves. El territorio se vuelve temporalmente inhabitable. No se trata de molestias pasajeras, sino de alteraciones que afectan la remembering supervivencia de poblaciones completas. Que este daño no aparezca en los reportes oficiales no lo vuelve inexistente; lo vuelve conveniente de ignorar.

Llegados a este punto, suele invocarse un falso dilema: que proteger a los animales implicaría sacrificar derechos humanos o tradiciones culturales. La Constitución no exige eso. Exige evitar daños injustificados cuando existen alternativas menos lesivas. El derecho a la recreación no es absoluto cuando entra en conflicto con la integridad de otros —humanos o no humanos— que no pueden elegir ni defenderse. Aquí no hay colisión insoluble de derechos; hay una falla de proporcionalidad.

Este debate, además, no puede seguir refugiándose en una acusación difusa al “Estado”. La omisión frente a la pólvora tiene responsables funcionales identificables. Empieza en los alcaldes, quienes cuentan con competencia expresa para prohibir total o parcialmente la pólvora, fijar horarios, delimitar zonas y autorizar únicamente espectáculos profesionales controlados. Cuando no expiden decretos restrictivos, cuando optan por la ambigüedad o trasladan toda la carga a campañas pedagógicas, renuncian a una herramienta esencial de prevención.

Continúa en los inspectores de policía, facultados para suspender actividades, sellar establecimientos y decomisar material pirotécnico. Su inacción no es neutral: permite que el riesgo se instale y se reproduzca en entornos residenciales donde conviven niños y animales. Sigue en la Policía Nacional, que dispone de instrumentos claros para incautar, imponer comparendos y prevenir el uso indebido de pólvora. Cuando su actuación es intermitente, reactiva o simbólica, el mensaje es inequívoco: el estruendo se tolera y el daño se administra después.

El marco jurídico es contundente. La Ley 670 de 2001 establece una protección reforzada frente al riesgo pirotécnico, especialmente cuando hay menores involucrados. La Ley 1801 de 2016 sanciona el uso y la permisividad frente a la pólvora sin autorización. A ello se suman decretos y resoluciones municipales que habilitan restricciones estrictas. No hay vacío normativo.

Más aún: cuando hay menores lesionados, el ordenamiento prevé rutas severas —intervención del ICBF, seguimiento por defensores de familia e incluso limitación o suspensión temporal de la patria potestad en casos graves—. El mensaje jurídico es claro: permitir pólvora en contextos de riesgo puede constituir una falla grave del deber de cuidado. La incoherencia aparece cuando ese mismo rigor desaparece frente al daño masivo y previsible que la pirotecnia causa a animales reconocidos como seres sintientes.

La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que el reconocimiento de los animales como seres sintientes impone deberes positivos de protección al Estado y limita prácticas que les causen sufrimiento injustificado. Desde esa perspectiva, la omisión frente a la pólvora no es solo administrativa: es constitucionalmente reprochable.

Existen alternativas técnicas y culturales: pirotecnia de bajo impacto sonoro, espectáculos de luz, celebraciones comunitarias sin explosiones. Persistir en el estruendo no responde a una necesidad social ineludible, sino a una decisión administrativa sostenida por la indulgencia institucional. Cada noche sin control efectivo no es una fatalidad: es una elección.

Que no se registren fallecimientos humanos hasta ahora se presenta como alivio. Es una vara ética demasiado baja. La justicia no empieza cuando alguien muere; empieza cuando evitamos causar daño injustificado. Medir el éxito de la Navidad por la ausencia de muertos invisibiliza el miedo, el estrés y la violencia cotidiana infligida a quienes no aparecen en los reportes.

Navidad a estallidos no es una exageración retórica. Es el retrato de una sociedad que proclama derechos, pero suspende su vigencia cuando incomodan la fiesta. Reconocer a los animales como sujetos sintientes exige coherencia constitucional: autoridad que actúe, normas que se cumplan y límites que no se negocien. Todo lo demás es ruido. Y ya sabemos quiénes son los que más lo padecen.