Virna Johnson y los procesos que definieron su paso por la Alcaldía de Santa Marta

Fuerza Ciudadana vuelve a estar en el centro del debate público tras recientes denuncias que han reavivado la memoria de las sanciones impuestas a sus dirigentes en años anteriores. Una de las más recordadas es la que recibió la exalcaldesa Virna Johnson, quien fue destituida e inhabilitada por ocho años y dos meses debido a irregularidades en la ejecución de la obra de la Cancha de Gaira.

La Procuraduría General de la Nación concluyó en su momento que se había vulnerado el principio de transparencia y el deber de selección objetiva, pues los requisitos exigidos en la licitación limitaron la participación de oferentes y terminaron favoreciendo únicamente a la empresa B&P Construcciones. A pesar de que los estudios de mercado advertían las restricciones, Johnson continuó con el proceso y adjudicó el contrato a la única firma habilitada.

Ese antecedente no fue un hecho aislado. Durante su administración, Johnson acumuló varios procesos abiertos por la Procuraduría y la Contraloría. Uno de ellos estuvo relacionado con el centro de salud de Gaira, financiado con recursos del Sistema General de Regalías por más de $5.050 millones. La Procuraduría encontró que Johnson inició las obras sin gestionar la licencia de construcción y pese a que los diseños técnicos incumplían la distancia mínima respecto a la vía de doble calzada. La licencia fue negada en dos ocasiones, lo que puso en riesgo de demolición parte de la infraestructura. Además, se detectaron fallas en los diseños hidráulicos y en el sistema contra incendios, problemas que fueron ignorados durante la ejecución del proyecto.

Otro proyecto bajo la lupa, y de los más relevantes, fue la obra de la Institución Educativa Distrital Taganga. Mediante el Auto No. 054 del 28 de febrero de 2024, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el proyecto, cuyo valor ascendía a más de 9.611 millones de pesos. Como medida cautelar, se dispuso el embargo de las cuentas bancarias de Johnson para garantizar el resarcimiento del patrimonio público afectado.

Hoy, cuando Fuerza Ciudadana vuelve a ser mencionada en el debate político por nuevas denuncias, estos antecedentes resurgen como recordatorio de los cuestionamientos que han acompañado al movimiento en los últimos años. Las sanciones contra Virna Johnson y los procesos posteriores se convierten en un punto de referencia inevitable para entender el presente del movimiento y las dudas que persisten sobre su gestión en la administración pública.