Enero y la verdadera radiografía de la violencia en el Magdalena

La reducción de homicidios registrada en enero no puede presentarse como un triunfo en seguridad. Aunque las cifras muestran un descenso, el control territorial de las estructuras armadas ilegales sigue intacto en amplias zonas del Magdalena, mientras avanzan el reacomodo criminal y el aumento de delitos como la extorsión. Este escenario, lejos de reflejar estabilidad, expone a las comunidades a una alta vulnerabilidad y advierte que la aparente calma podría ser apenas una antesala de una nueva escalada de violencia.

Por: Arnol Sarmiento

En un reciente informe de la Plataforma de Derechos Humanos (PDHAL), entregado a OPINIÓN CARIBE, se evidencia que la violencia en el departamento mantiene un comportamiento complejo, pese a la reducción general de homicidios. Durante enero de 2026 se registraron 34 homicidios en 13 municipios, una cifra inferior a los 47 casos reportados en el mismo mes de 2025, pero que, según la organización, sigue representando un alto índice de violencia y confirma el recrudecimiento y el reacomodo de actores armados en varias zonas del territorio.

El reporte destaca una disminución significativa en Santa Marta, donde los homicidios pasaron de 17 en enero de 2025 a una reducción cercana al 70 % en 2026. No obstante, el comportamiento del delito se desplazó hacia otros municipios como Ciénaga, Aracataca y San Ángel, que concentran el mayor número de casos, incluidos asesinatos de mujeres, lo que mantiene encendidas las alertas.

Para Lerber Dimas, director de PDHAL, la reducción de homicidios en el Distrito no puede interpretarse como una mejora estructural de la seguridad. “El tema de la criminalidad en el departamento del Magdalena y particularmente en Santa Marta y el corredor Ciénaga–Fundación sigue siendo problemático”, afirmó.

Dimas explicó que la disminución de homicidios obedece principalmente a factores coyunturales y de control territorial, más que a la erradicación de las estructuras criminales. “En Santa Marta ya no hay una disputa entre el Ejército Gaitanista de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; hoy hay una hegemonía de un solo actor armado. Eso reduce los homicidios, pero incrementa otros delitos como la extorsión, las amenazas y los castigos”, sostuvo.

El informe también resalta cambios en la gestión investigativa de la Policía Metropolitana como un segundo factor. Según Dimas, “la investigación criminal hoy tiene mayor rigurosidad y estabilidad, lo que no ocurría antes y que había generado fallas evidentes”, lo cual habría incidido en la reducción de los delitos de alto impacto.

Un tercer elemento señalado por PDHAL es el contexto alrededor de alias ‘07’, cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia, cuya neutralización generó impactos directos en la dinámica violenta del departamento. “Alias ‘07’ no era un criminal menor; tenía injerencia en al menos 45 municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira, con confrontaciones abiertas y de gran escala”, explicó Dimas.

Golpe estructural a las AGC: abaten a alias ‘Moisés’ en Sabanas de San Ángel

De acuerdo con el análisis, este hecho abre tres escenarios de riesgo. El primero, un desescalamiento temporal de las confrontaciones mientras la estructura criminal redefine su mando. El segundo, un desorden criminal producto de la ausencia de liderazgo, que podría traducirse en disputas internas, aumento de extorsiones y nuevos homicidios. Y el tercero, la reconfiguración de otros grupos armados que podrían intentar recuperar o disputar territorios debilitados.

La situación en municipios como Aracataca, Zona Bananera, Fundación, Pivijay, El Retén, Pueblo Viejo y el corredor de la Vía Parque Isla de Salamanca es particularmente preocupante. “San Ángel fue advertido desde hace años como base de estas estructuras. La confrontación reciente confirma lo que veníamos denunciando: la presencia y la imposición armada en el territorio”, subrayó el director de PDHAL.

A la basura la “Paz Total”: la política de seguridad que fracasó

El balance de enero no puede leerse como una victoria en materia de seguridad. La reducción de homicidios, aunque relevante en cifras, no es sinónimo del desmantelamiento de las estructuras criminales ni elimina el control armado que hoy se ejerce sobre amplios sectores del Magdalena. Por el contrario, el reacomodo de los actores ilegales, el aumento de la extorsión y el riesgo latente de un desorden criminal configuran un escenario de alta vulnerabilidad para las comunidades.

La institucionalidad no puede limitarse a reaccionar cuando los homicidios aumentan, sino que debe actuar de manera preventiva y coordinada, con una intervención urgente y sostenida del Gobierno Nacional, la Gobernación del Magdalena y las alcaldías municipales, que vaya más allá del despliegue policial y militar. El control territorial efectivo, la investigación judicial sólida, la protección a las víctimas de extorsión y la presencia social del Estado son acciones inaplazables para evitar que la actual reducción sea solo una pausa antes de una nueva escalada violenta.

Más de 1.200 homicidios se registraron en Magdalena, Cesar y La Guajira durante el 2025

De no asumirse medidas estructurales ahora, el Magdalena corre el riesgo de repetir el ciclo histórico de violencia: breves descensos estadísticos seguidos de estallidos criminales aún más letales, con las comunidades nuevamente atrapadas entre el miedo, el silencio y la ausencia del Estado.