A la basura la “Paz Total”: la política de seguridad que fracasó

A pocos meses de concluir el mandato de Gustavo Petro, el balance de la política de la “Paz Total” es un fracaso rotundo: la violencia se recrudeció en regiones como el Magdalena, La Guajira y el Cesar, en medio de espacios de conversaciones sociojurídicas sin resultados concretos y de una evidente falta de control sobre los llamados “gestores de paz”, cuyas actuaciones hoy podrían tener consecuencias que reactiven procesos de extradición en La Picota.

A casi cuatro años del inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro y a pocos meses de culminar su mandato, la política de seguridad denominada ‘Paz Total’ enfrenta fuertes cuestionamientos por sus resultados en materia de orden público. Lejos de la desmovilización y reducción de la violencia prometida en 2022, distintos territorios del país registran hoy un recrudecimiento del accionar de los grupos armados ilegales, con impactos especialmente graves en regiones como el Catatumbo y el Caribe colombiano.

El 7 de agosto de 2022, Petro anunció la ‘Paz Total’ como eje central de la política de seguridad nacional de su gobierno, con el objetivo de abrir diálogos con todas las estructuras armadas ilegales para avanzar hacia su desarme, sometimiento o negociación. En ese momento, el mandatario aseguró que procesos como el del Ejército de Liberación Nacional (ELN) permitirían resultados rápidos, incluso señalando que esta organización podría desactivarse en los primeros meses de su administración. Sin embargo, el balance actual dista de esas proyecciones.

En el caso del ELN, informes de seguridad y hechos recientes evidencian un fortalecimiento de sus estructuras, una mayor capacidad armada y un aumento de acciones terroristas en varias zonas del país. La situación más crítica se vive en el Catatumbo, donde enfrentamientos entre disidencias de las FARC-EP y el ELN por el control territorial han generado desplazamientos, confinamientos y una profunda crisis humanitaria, en medio de la ausencia efectiva del Estado.

El Caribe, otro escenario donde la ‘Paz Total’ fracasó

El fracaso de la ‘Paz Total’ no se limita al interior del país. En el Caribe colombiano, particularmente en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, la violencia también se ha intensificado. En esta región opera el grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), con el cual el Gobierno adelantó acercamientos desde 2022.

Mediante el Decreto 2659 del 31 de diciembre de 2022, el Ejecutivo ordenó un cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con las ACSN, en el marco de conversaciones exploratorias. En el documento oficial, el Gobierno señaló que esta organización había expresado su disposición a un cese unilateral y a participar en un mecanismo de diálogo sociojurídico, nombrando voceros y delegados. La decisión, según el decreto, respondía también a solicitudes de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que clamaban por una reducción de la violencia en sus territorios.

No obstante, las cifras de homicidios y hechos violentos dieron rápidamente los primeros avisos sobre los verdaderos alcances de los acuerdos. El año 2022 cerró en el Magdalena con más de 500 homicidios y varios hechos catalogados como masacres, consolidándose como uno de los periodos más violentos para el departamento. Lejos de mostrar una mejoría, el panorama se agravó en 2023, mientras los acercamientos con las ACSN continuaban sin resultados visibles en materia de seguridad.

Gestores de paz y levantamiento de capturas 

En 2024, el Gobierno formalizó un espacio de “conversación sociojurídica” con las ACSN para explorar su sometimiento a la justicia. A este proceso se sumó la designación de varios de sus integrantes como “gestores de paz”, lo que implicó el levantamiento de órdenes de captura contra miembros del estado mayor y otros cabecillas de la organización armada.

Esta decisión generó fuertes críticas desde distintos sectores, al considerar que no se tradujo en una disminución real de la violencia. Por el contrario, en Magdalena, La Guajira y Cesar se reportó un aumento de homicidios, extorsiones y control armado sobre comunidades, lo que profundizó la percepción de que la ‘Paz Total’ terminó otorgando beneficios sin resultados concretos.

La situación alcanzó un nuevo punto crítico en los últimos días, cuando uno de los llamados “gestores de paz”, fuera de control, habría lanzado amenazas públicas contra el propio presidente Gustavo Petro. Este hecho dejó en evidencia el deterioro de los espacios de conversación sociojurídica entre el Gobierno y las ACSN, así como la falta de control sobre los actores beneficiados por el proceso.

Un balance marcado por el desgaste

 La ‘Paz Total’ atraviesa su momento más crítico. La ausencia de acuerdos tangibles, el aumento de la violencia y el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales han debilitado la credibilidad de esta política, que fue presentada como la principal apuesta del actual gobierno en materia de seguridad.

Incluso, el fracaso de las conversaciones sociojurídicas con las ACSN podría tener consecuencias irreversibles, pues se advierte que el desgaste de los diálogos y la persistencia de actividades criminales de los “gestores de paz” podrían reactivar solicitudes de extradición hacia Estados Unidos de aquellos que permanecen recluidos en La Picota, cerrando definitivamente la puerta a cualquier negociación.

A meses del cierre del mandato de Gustavo Petro, la ‘Paz Total’ deja un balance adverso en amplias regiones del país, donde la violencia no solo persiste, sino que se ha recrudecido, poniendo en entredicho una de las políticas más ambiciosas —y controvertidas— del actual gobierno.