Geopolítica Parroquial
La lista que condicionó la segunda vuelta presidencial
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella mencionó a dirigentes políticos, congresistas y empresarios como supuestos integrantes de una estructura destinada a influir ilegalmente en la segunda vuelta del 21 de junio. Ninguno de los mencionados tiene, a la fecha de esta publicación, cargos formales ni vinculación procesal por estos hechos. Varios rechazaron las acusaciones de forma pública e inmediata y le exigieron al candidato presentar sus pruebas ante las autoridades competentes.
Por: Arnol Sarmiento
La campaña presidencial de cara a la segunda vuelta del 21 de junio se tensionó aún más con una de las denuncias de mayor impacto político lanzadas hasta ahora en la contienda electoral. El candidato Abelardo de la Espriella afirmó públicamente que existe una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe, orquestada —según él— por una alianza entre dirigentes políticos tradicionales, congresistas y empresarios.
En su declaración, difundida a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, De la Espriella fue directo: «Ya lo denuncié. Existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos. Les recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos está vigilando. Ya tiene los ojos puestos sobre los corruptos». El candidato no aportó documentos, grabaciones ni ningún otro elemento probatorio que respalde formalmente estas afirmaciones.
El candidato presidencial Abelardo De La Espriella asegura que hay una estrategia de compra de votos en el Caribe de cara a la segunda vuelta electoral; mencionó una lista de congresistas y empresarios a quienes señala de conformar dicha red:
«Carlos Caicedo, Patricia Caicedo,… pic.twitter.com/qXI7xpV18r
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 9, 2026
Una lista larga de señalados
Entre los nombres mencionados por el aspirante presidencial en sus declaraciones públicas figuran Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, integrantes del clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cote, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Marta Peralta, Johanna Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo. Según De la Espriella, estas personas integrarían —de acuerdo con su versión— una estructura política orientada a movilizar recursos y maquinaria electoral para incidir en los resultados del próximo 21 de junio.
Ninguno de los mencionados ha sido vinculado formalmente a investigación penal alguna por estos hechos. La denuncia tampoco ha sido radicada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral ni la Procuraduría General de la Nación al momento del cierre de esta edición.
Los señalados responden
Las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Caicedo rechazó los señalamientos y los calificó como una «acusación miserable y mentirosa». En un pronunciamiento público, el dirigente político advirtió además que divulgar nombres propios sin pruebas puede poner en riesgo la seguridad de los señalados: «No es una denuncia. Es perfilamiento. Señalar a más de 20 líderes del progresismo, elaborar una lista y pedir castigos contra ellos a un gobierno extranjero sin una sola prueba no es democracia. Es una práctica peligrosa, irresponsable y cobarde que en Colombia sabemos muy bien cómo termina», afirmó.
Felipe Hernández, también mencionado en la lista, negó cualquier participación en compra de votos y sostuvo que su campaña no necesita recurrir a esas prácticas. Explicó además que parte de lo señalado por De la Espriella correspondería a gastos logísticos propios de cualquier campaña electoral, no a evidencia de conducta ilegal.
Agmeth Escaf rechazó las acusaciones, anunció acciones judiciales contra De la Espriella por considerar que sus declaraciones afectan su honra y buen nombre, y lo responsabilizó políticamente por las amenazas que, según dijo, se derivan de estos señalamientos públicos.
La senadora Marta Peralta fue más allá del rechazo y le exigió públicamente al candidato que actúe dentro del marco legal: «Si Abelardo tiene evidencias, que las presente de inmediato ante la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y todas las autoridades competentes. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Lo que no puede hacer es lanzar acusaciones al aire, alimentar rumores y pretender convertir sus sospechas en verdades por decreto».
La congresista agregó: «Rechazamos de manera categórica esas afirmaciones irresponsables. Colombia merece una campaña de propuestas, de ideas y de debates serios, no una estrategia basada en el miedo, la desinformación y la construcción de excusas antes de que hablen las urnas».
La mirada puesta en Washington
La denuncia no se quedó en el plano interno. El candidato dirigió una solicitud expresa al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, pidiéndole revisar la actuación de los señalados y hacer seguimiento a las acusaciones. De la Espriella sugirió que, de encontrarse méritos suficientes en una eventual revisión por parte de las autoridades competentes, podrían considerarse medidas como la cancelación de visas o la inclusión de algunos nombres en mecanismos internacionales de control. El candidato no presentó evidencias que sustenten estas solicitudes, las cuales constituyen, por ahora, una petición política sin respaldo documental público.
Denuncia sin pruebas públicas, pero con peso político
El candidato no ha presentado evidencias que respalden formalmente sus afirmaciones. Las acusaciones permanecen, por ahora, en el terreno de la denuncia política. No obstante, el impacto político de sus palabras es innegable, y la controversia que generaron en pocas horas así lo confirma.
El episodio reactiva como debate urgente una de las problemáticas más persistentes de la democracia colombiana: la compra de votos, práctica denunciada reiteradamente en distintos ciclos electorales y que ha derivado en investigaciones, sanciones y condenas contra dirigentes de diversas regiones del país.
Un debate que no puede esperar
Más allá de los nombres y la controversia, lo que este episodio vuelve a poner sobre la mesa con urgencia es la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia electoral en la Costa Caribe. Garantizar la transparencia de la contienda y asegurar que cualquier denuncia de corrupción electoral sea investigada con rigor no es una opción: es una obligación del Estado y una deuda con los ciudadanos que ejercen su voto de buena fe.
