Universidad pública sí, desorden no

En los últimos días se ha generado un debate intenso alrededor de la regulación de ventas informales dentro de la Universidad del Magdalena. Como suele ocurrir, la discusión se ha movido más desde la emoción que desde el derecho. Se ha querido instalar la idea de que organizar el campus es sinónimo de atacar a los estudiantes o de desconocer la economía popular. Esa equivalencia es equivocada.

Una universidad pública no es una plaza de mercado. Es un espacio plural, abierto al debate, crítico por naturaleza. Pero también es una institución con una misión constitucional clara: formar, investigar y producir conocimiento. El hecho de ser pública no significa que sea un territorio sin reglas. Por el contrario, el artículo 69 de la Constitución reconoce expresamente la autonomía universitaria, es decir, la facultad de estas instituciones para organizarse y regular su funcionamiento interno.

Esa autonomía no es un privilegio caprichoso. Es una garantía para que la universidad pueda cumplir su propósito sin interferencias indebidas y con orden. Regular la actividad comercial dentro del campus no es, en sí mismo, una vulneración del derecho al trabajo. Es una decisión administrativa que debe analizarse desde la razonabilidad y la proporcionalidad. Si existen espacios organizados para el emprendimiento estudiantil, si se establecen criterios claros y no discriminatorios, hablar de “prohibición” resulta más un eslogan que una realidad jurídica.

Otra cosa es la situación estructural de informalidad que vive la ciudad. Allí sí hay una deuda histórica. Pero esa responsabilidad no puede trasladarse a la universidad. No es función de la institución convertirse en válvula de escape de la falta de política pública en empleo juvenil. Esa tarea corresponde a la Alcaldía, al departamento y al Gobierno Nacional, que deben diseñar alternativas reales de generación de ingresos y formalización.

Confundir los roles institucionales solo distorsiona el debate. Defender el orden no es desconocer la realidad social; es entender que sin reglas claras cualquier institución pierde capacidad de cumplir su misión. La empatía no exige renunciar a la regulación. Lo que sí sería cuestionable sería una actuación arbitraria o desproporcionada, pero ordenar no es arbitrar.

También conviene advertir que no todas las voces que hoy se pronuncian lo hacen desde la defensa genuina del estudiantado. Hay actores externos que intentan apropiarse del malestar para proyectarse políticamente en un contexto electoral evidente. Cuando la defensa de derechos se convierte en estrategia de posicionamiento personal, se deslegitima a sí misma. La universidad no puede ser escenario de cálculos individuales ni caja de resonancia de aspiraciones políticas disfrazadas de solidaridad.

La universidad debe garantizar un entorno seguro, organizado y coherente con su finalidad académica. Y al mismo tiempo, como sociedad, debemos exigir a las autoridades competentes que generen oportunidades laborales dignas para los jóvenes de Santa Marta. Son discusiones distintas que no deberían mezclarse.

El verdadero desafío no es decidir si la universidad puede poner orden. Puede y debe hacerlo. El desafío es que el Estado, en todos sus niveles, asuma con seriedad la crisis de informalidad que afecta a la ciudad y deje de convertir el campus en escenario de un problema que lo supera.