Gobernar con mentalidad de empresario, el debate que llega a Colombia

Por: Harold Castañeda Robles

En las últimas tres décadas, el paisaje político global, y muy especialmente el latinoamericano, ha sido testigo de una mutación fundamental: el ascenso de presidentes que han cimentado su prestigio en el éxito corporativo y en la gestión de vastos emporios familiares, desplazando al liderazgo político tradicional con la promesa de aplicar la eficiencia, el pragmatismo y el rigor gerencial a un sector público percibido como burocrático y corrupto. Este fenómeno no representa una simple rotación de élites, sino una redefinición profunda de la gobernanza que busca manejar el país como una empresa, abandonando la lógica del ideólogo por la del gerente y percibiendo al Estado como una gran corporación que requiere soluciones técnicas, métricas de rendimiento y una modernización administrativa agresiva. Bajo este prisma, el rol del mandatario se transforma en el de un facilitador de la inversión privada, impulsando la desregulación, la apertura comercial y los incentivos fiscales para sectores estratégicos.

La experiencia internacional ofrece un laboratorio variado de este modelo que resulta particularmente ilustrativo para el caso colombiano. En Estados Unidos, George W. Bush se convirtió en el primer presidente con un MBA, dirigiendo su gabinete como una junta corporativa y reclutando a exCEO de gigantes como Alcoa y Halliburton para puestos clave, mientras que Donald Trump llevó el arquetipo a su expresión más cruda al aplicar un estilo unilateralmente transaccional, enfocado en el anticumplimiento y la reducción masiva de regulaciones.

En esta línea de pensamiento, la figura de Donald Trump emerge precisamente como la encarnación más pura y efectiva de ese modelo de presidente- administrador que América Latina observa con tanto interés como escepticismo.

Porque Antonini de Jiménez defiende tanto a Trump definiéndolo como el mejor presidente de la historia del mundo precisamente por su condición de empresario disfrazado de político, esa cualidad que le permite hacer lo que un empresario sabe hacer mejor que nadie: resolver problemas y satisfacer necesidades a escala política, abordando conflictos internacionales con la misma lógica práctica con la que un CEO enfrenta una crisis corporativa, sin los laberintos burocráticos ni las interminables deliberaciones que caracterizan a la diplomacia tradicional. Lo que Antonini señala con agudeza es que mientras los parásitos políticos europeos, la burocracia comunitaria, Naciones Unidas la Organización Mundial del Comercio y toda la constelación de organismos internacionales se rasgan las vestiduras ante los métodos de Trump, lo que en realidad está sucediendo es que un hombre de negocios está resolviendo con una llamada telefónica problemas que esas instituciones hinchadas de funcionarios llevan décadas sin solucionar, convirtiéndose así en el enemigo natural de todo un entramado burocrático que vive precisamente de la perpetuación de las crisis.

Esa visión pragmática y profundamente corporativa del poder, que antepone la eficiencia ejecutiva al protocolo institucional y la solución de problemas a los procesos establecidos, es exactamente el tipo de liderazgo que Antonini reivindica y que conecta directamente con la necesidad colombiana de un gerente capaz de aplicar el rigor del sector privado a la administración pública, alguien que entienda que gobernar no es perpetuar estructuras sino obtener resultados medibles y tangibles para la ciudadanía.

En América Latina, el laboratorio ha sido especialmente fértil: Sebastián Piñera personificó en Chile al presidente-billonario, destacando por su comando de datos y logística en crisis como el rescate de los 33 mineros, aunque enfrentó serios retos de empatía política que terminaron por erosionar su legitimidad; en la República Dominicana, Luis Abinader ha enfocado su gestión en la transparencia y en concebir el gobierno como un servicio, logrando incluso mejoras en la calificación crediticia del país por parte de agencias como Moody's; y en Ecuador, el joven Daniel Noboa, heredero de un emporio bananero, ha aplicado una lógica de gestión de activos para atraer inversiones masivas en energía y minería, representando a una tercera generación de este fenómeno que combina el poder económico heredado con una visión tecnocrática del Estado.

Europa y Asia tampoco han sido ajenas a esta tendencia, pero al analizar el caso colombiano ante este espejo global, los datos revelan una necesidad urgente de un cambio de paradigma en la ejecución de lo público, pues las fuentes señalan que los costos de la corrupción pueden alcanzar hasta el diez por ciento del PIB anual, una cifra que asfixia el desarrollo y se ve agravada por redes de corrupción que permean incluso el sistema judicial nacional.

Frente a esta clase política profundamente cuestionada, un liderazgo empresarial en Colombia podría aportar un poder de ejecución capaz de concretar grandes

obras de infraestructura con la celeridad y eficiencia que exige el sector privado, emulando el ritmo acelerado visto en gestiones como la de Martinelli en Panamá, al tiempo que impondría métricas de rendimiento que obliguen a las instituciones públicas a rendir cuentas por resultados reales en salud, educación o costo por kilómetro de vía, y no solo por ejecución presupuestal. Adicionalmente, una visión promercado posicionaría a Colombia como un destino confiable para la inversión extranjera, apalancada en la experiencia de un mandatario que hable el mismo lenguaje que los mercados globales y que entienda sus lógicas de rentabilidad y riesgo.

El fenómeno del mandatario-empresario está mutando hacia una nueva síntesis representada por figuras como Bukele o Noboa, donde el éxito comercial se mezcla con el control total de la narrativa digital y una gestión orientada a resultados rápidos que a menudo sacrifica los procesos democráticos en aras de la eficiencia.

Para Colombia, la implicación es clara: el hartazgo ciudadano con la política tradicional abre la puerta a un líder capaz de gestionar el Estado con la rigurosidad de un balance financiero y la disciplina de un consejo de administración, pero el éxito de este eventual mandatario no dependerá únicamente de su fortuna personal, de su MBA o de su trayectoria corporativa, sino de su capacidad para negociar, comprometerse y mantener una visión amplia de inclusión social que trascienda los muros de acero y vidrio de un holding empresarial.

La gobernanza democrática del futuro en Colombia exigirá salvaguardas institucionales robustas, leyes de conflicto de intereses más estrictas y una ciudadanía vigilante que asegure que el talento empresarial sirva efectivamente al bienestar común, sin convertir a la nación en una mera extensión de los intereses particulares de una familia o un grupo económico.