Magdalena no olvida: el convenio con plata del Fome que hoy interpela la aspiración de Zuluaga

Más de dos años después de ejecutado el convenio Fome–OEI en el Magdalena por más de $22.500 millones, persisten interrogantes sobre su trazabilidad. Documentos oficiales revisados por OPINIÓN CARIBE señalaron inconsistencias en registros, ausencia de valores unitarios y soportes limitados sobre actividades reportadas. El caso permanece sin verificación pública integral y reabre preguntas sobre controles aplicados y resultados comprobables.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

Durante la emergencia sanitaria, el Estado colombiano movilizó recursos extraordinarios para sostener servicios esenciales. El Fome permitió financiar intervenciones urgentes orientadas al retorno educativo. Sin embargo, la rapidez administrativa no sustituía la necesidad de soportes verificables. Cuando el gasto se acelera, la trazabilidad se convierte en el único ancla del control.

Bajo ese marco excepcional, en agosto de 2021, la Gobernación del Magdalena suscribió con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) el convenio CCI-006-2021 por $22.517.432.861. El objeto contractual contemplaba dotaciones de bioseguridad y estrategias pedagógicas. Para entonces, la OEI estaba representada legalmente en Colombia por Carlos Mario Zuluaga, hoy aspirante a la Contraloría General.

Meses más tarde, la Unidad Investigativa de OPINIÓN CARIBE examinó documentos oficiales de ejecución suministrados por la Secretaría de Educación del Magdalena. La revisión no partió de conjeturas, sino de soportes administrativos. A partir de ese material, surgieron inconsistencias en registros, ausencia de valores unitarios y falta de detalle sobre profesionales vinculados a las actividades contratadas.

Esa ausencia de valores unitarios no constituye un detalle menor. Sin precios por unidad, el gasto no puede compararse ni evaluarse con criterios técnicos. En consecuencia, la razonabilidad de los montos queda fuera del alcance del control. De forma similar, la falta de identificación precisa de profesionales impide verificar idoneidad y alcance real de las actividades.

En los registros de entrega aparece otro elemento relevante: más de 1.120 lavamanos reportados, aunque con instituciones repetidas en los listados. Tal duplicidad introduce dudas sobre la consistencia del consolidado. Por lo tanto, no permite determinar si se trata de errores formales o de inconsistencias sustantivas. Sin verificación independiente, el registro pierde valor probatorio.

Un patrón semejante se observa en la desinfección de sedes educativas. Los documentos revisados registran visitas en enero y febrero de 2022, mientras el plazo contractual se describía hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, la imposibilidad de acceder al contrato completo en SECOP impidió verificar eventuales modificaciones. En consecuencia, la revisión técnica externa quedó limitada.

El componente pedagógico del convenio aporta otro ángulo de análisis. Los documentos describen una metodología basada en grupos de mensajería instantánea, envío digital de materiales y diligenciamiento de formatos para construir protocolos. No obstante, la información disponible no permite establecer si ese modelo correspondía al alcance del contrato ni a los recursos ejecutados.

A su vez, el origen de los recursos introduce un contexto adicional. Auditorías citadas en el reportaje indicaron que el Magdalena recibió en 2020 más de $11.131 millones del Fome destinados a bioseguridad. Dichos recursos no fueron incorporados oportunamente al presupuesto ni ejecutados dentro de la vigencia inicial. Posteriormente, fueron incorporados mediante decreto departamental.

Esa incorporación tardía altera las condiciones de planeación y seguimiento. Cuando los recursos extraordinarios no se integran a tiempo, el control pierde capacidad de anticipación. Como resultado, la ejecución se desplaza y la evaluación posterior se vuelve más compleja. Este contexto permite comprender las condiciones administrativas del convenio.

Las inconsistencias documentadas fueron puestas en conocimiento de autoridades competentes junto con rutas de verificación. Pese a ello, no se conoció una auditoría integral pública que contrastara la ejecución del convenio. La respuesta institucional difundida indicó que los hechos no comportaban daño fiscal “por el momento”, sin conclusiones técnicas posteriores.

Tal respuesta no despeja las dudas; únicamente detiene el examen. La ausencia de auditoría concluyente no demuestra inexistencia de problemas, pero sí impide su verificación. En materia de contratación pública, la falta de revisión exhaustiva prolonga los interrogantes y dificulta el cierre administrativo de los procesos. En ese punto, la figura de Carlos Mario Zuluaga adquiere relevancia por su condición de representante legal de la OEI en Colombia durante la ejecución del convenio. Dicha posición no implica supervisión operativa directa de cada actividad; sin embargo, se relaciona con estándares institucionales de transparencia, control interno y trazabilidad.

Actualmente, su aspiración a la Contraloría General sitúa ese antecedente en el debate público. El caso introduce preguntas sobre mecanismos de control interno, verificación de soportes y garantías de trazabilidad aplicadas durante su representación. No se trata de imputar responsabilidades, sino de examinar estándares institucionales.

En paralelo, se espera que el entonces secretario de Educación del Magdalena, hoy gerente regional de Air-e, aporte claridad sobre las inconsistencias documentadas, incluidas aquellas que, según testimonios conocidos, habrían sido registradas durante la ejecución del convenio. La revisión de estos hechos requiere documentos, cronologías y soportes verificables.

El manejo de recursos del Fome formó parte de una respuesta estatal sin precedentes. Por esa razón, la magnitud de esos recursos exige que los procesos puedan reconstruirse con evidencia completa. Cuando los documentos disponibles no permiten esa reconstrucción, el expediente permanece abierto.

De ahí que el convenio ejecutado en el Magdalena continúe siendo un asunto pendiente de verificación integral pública. La ausencia de conclusiones técnicas divulgadas mantiene vigentes preguntas sobre trazabilidad, control y resultados. Bajo ese escenario, la aspiración de Zuluaga reubica el caso en la agenda pública.

¡En el Magdalena, el expediente sigue abierto!