Nación
Corte Suprema envía a la cárcel a dos congresistas
La Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a la cárcel a los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte por presunto cohecho impropio, mientras que también acusó dentro del mismo proceso a Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados a la investigación en libertad.
La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, dentro de una investigación por presunto cohecho impropio relacionado con decisiones adoptadas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La determinación fue adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia durante una sesión extraordinaria, en la que además se resolvió acusar formalmente a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función legislativa.
Según el alto tribunal, los hechos investigados se remontan al segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, en su calidad de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda de Colombia a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
De acuerdo con la investigación, en varias reuniones se habría pactado que la contraprestación para los congresistas consistiría en impulsar procesos de contratación y obras de interventoría en tres proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar.
En el mismo proceso también fueron acusados los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados a la investigación pero seguirán en libertad mientras avanza el proceso judicial.
Para la Sala de Instrucción, el material probatorio recopilado durante la investigación permite inferir que los procesados habrían incurrido en el delito de cohecho impropio al presuntamente aceptar beneficios a cambio de favorecer decisiones relacionadas con créditos públicos.
Una vez la decisión quede en firme, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, instancia que continuará con el proceso judicial.
