LA INSEGURIDAD EN TIEMPOS DE TEMPORADA TURÍSTICA

Para quienes vivimos en ciudades o regiones turísticas, no es ninguna novedad que, así como se dinamizan y fortalecen las actividades económicas gracias a la alta afluencia de visitantes, también se incrementan diversas modalidades delictivas. Delitos como el hurto, el atraco, la estafa o el fleteo encuentran en estas temporadas un escenario propicio para su proliferación.

Previo a cada pico de temporada turística, es habitual la implementación de mesas de trabajo en materia de seguridad y movilidad. Ambos aspectos están estrechamente relacionados, por lo que resulta fundamental adoptar medidas anticipadas que garanticen la protección y el adecuado desplazamiento tanto de visitantes como de residentes, especialmente en las zonas de mayor concentración.

A diferencia de otras reflexiones realizadas en contextos de temporadas turísticas, orientadas hacia el análisis y la proyección futura, en esta ocasión se busca centrar la atención en algunos elementos que pueden resultar útiles para la actuación de las autoridades.

Desde el enfoque teórico, el estudio del crimen a partir de la teoría de las actividades rutinarias —desarrollada por Cohen y Felson, y retomada por académicos como el profesor Janniel David Melamed, de la Universidad del Norte— plantea que la ocurrencia del delito requiere la convergencia simultánea de tres factores: un agresor motivado, una víctima vulnerable y la ausencia de un cuidador.

El agresor motivado es aquel individuo con disposición criminal que, de manera racional, decide perpetrar un delito. Es plenamente consciente de la ilegalidad de su acción y de sus posibles consecuencias, lo que convierte el acto delictivo en una conducta deliberada y no en una simple consecuencia accidental de problemáticas sociales o psicológicas.

Estos perpetradores, tanto materiales como intelectuales, han evaluado previamente los costos —como la sanción penal, el rechazo social o la posible neutralización por parte de las autoridades— frente a los beneficios esperados. Cuando concluyen que dichos costos no son suficientemente disuasivos, proceden a ejecutar el delito.

Por su parte, la víctima vulnerable puede ser una persona, un lugar, un objeto o incluso una comunidad que, por sus condiciones particulares, se encuentra en situación de desventaja. Se trata de blancos fáciles, con escasas posibilidades de defensa, ya sea por inferioridad física, falta de medios de protección u otras circunstancias.

Finalmente, la ausencia de un cuidador no debe entenderse exclusivamente como la falta de presencia policial. Un cuidador puede ser cualquier elemento que desestimule la acción delictiva: un familiar, un vecino, un transeúnte o incluso dispositivos como cámaras de seguridad o sistemas de vigilancia.

En consecuencia, la contención del delito exige intervenir cada una de estas variables. Para reducir la determinación del agresor, es indispensable fortalecer la efectividad del sistema penal como elemento disuasivo, lo que implica sanciones claras, certeza en su aplicación y una actuación oportuna de la justicia y las autoridades. Sin embargo, en nuestro país, estos elementos, lejos de disuadir, en ocasiones terminan estimulando la conducta delictiva.

Para disminuir la vulnerabilidad de las víctimas, se requiere fortalecer las capacidades institucionales, aumentar la presencia del Estado en el territorio y promover medidas básicas de autocuidado. Asimismo, la reducción de la ausencia de cuidadores pasa por incrementar la presencia de la fuerza pública y fomentar una cultura ciudadana en la que se entienda que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Tras este breve recorrido conceptual, es necesario abordar algunos aspectos prácticos que competen tanto a los ciudadanos como a los visitantes. Es momento de llamar las cosas por su nombre: la seguridad sí es un asunto político, en la medida en que corresponde a la política pública y a las decisiones de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

En este contexto, también es importante abordar con responsabilidad el fenómeno migratorio. Si bien muchos de los extranjeros que llegan al país lo hacen en busca de oportunidades y aportan positivamente a la sociedad, también es cierto que dentro de estos flujos pueden infiltrarse individuos con antecedentes delictivos. Esto no debe conducir a la estigmatización, pero sí a la aplicación rigurosa de la ley frente a cualquier conducta criminal, sin distinción de nacionalidad. Cabe recordar que, en Colombia, la mayoría de los delitos siguen siendo cometidos por ciudadanos colombianos.

Ahora bien, de cara a las temporadas de alta afluencia —particularmente a fin de año—, es necesario atender problemáticas crecientes en materia de movilidad, las cuales inciden directamente en la seguridad.

A continuación, algunas sugerencias de actuación para las autoridades:

Motocicletas:

• Hacer cumplir la prohibición del parrillero hombre y exigir el uso obligatorio de casco reglamentario para todos los acompañantes.

• Verificar el correcto funcionamiento de luces delanteras, traseras, de freno y direccionales.

• Sancionar la manipulación u ocultamiento de placas.

• Evitar el transporte de más de dos personas.

• Promover el respeto a las normas de tránsito, señales y semáforos, así como la prohibición de circular por andenes.

• Realizar controles de alcoholemia y consumo de sustancias psicoactivas, incluso en zonas de rumba.

• Evaluar restricciones de circulación en zonas turísticas.

Buses y “chivas turísticas”:

• Restringir su circulación en zonas específicas como El Rodadero, el Centro Histórico, Taganga y Bello Horizonte, conforme a la normativa vigente.

• Prohibir el ascenso y descenso de pasajeros durante el recorrido.

• Controlar niveles de ruido, consumo de alcohol y sobrecupo.

• Verificar el cumplimiento de requisitos técnicos, documentales y de seguridad.

• En el transporte público, controlar horarios, evitar pasajeros de pie y garantizar el respeto de rutas y paraderos.

• Exigir a buses intermunicipales el uso de vías alternas y evitar la operación fuera de terminales autorizadas.

Taxis:

• Definir y señalizar zonas de estacionamiento por empresa.

• Sancionar la obstrucción de vías.

• Promover el uso de servicios autorizados.

• Verificar condiciones mecánicas, documentación y visibilidad de tarifas.

Vehículos particulares:

• Incentivar el uso de parqueaderos formales.

• Controlar niveles de ruido.

• Prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol.

Otros vehículos (patinetas y bicicletas):

• Establecer una edad mínima y la responsabilidad de un adulto.

• Limitar a un usuario por vehículo.

• Definir zonas de circulación.

• Controlar el sobrecupo y el estacionamiento indebido.

Si bien muchas de estas medidas pueden parecer difíciles de implementar, la creciente irresponsabilidad de algunos actores viales hace indispensable reforzar el principio de autoridad. Solo así se podrán garantizar los derechos ciudadanos, la seguridad y una convivencia adecuada en contextos de alta demanda turística.

JOSÉ MIGUEL BERDUGO OVIEDO
Director Ejecutivo
Asociación de Empresarios del Magdalena