Editorial & Columnas
Ocho sillas y una agenda: el Magdalena frente a su propia capacidad de decisión
Hay territorios que no fracasan por falta de información, sino por incapacidad de organizarla en decisiones. El Magdalena es uno de ellos. Durante años ha acumulado diagnósticos que describen con precisión sus rezagos, pero no ha logrado traducirlos en una acción política coherente. El encuentro convocado por la Cámara de Comercio de Santa Marta, bajo el liderazgo de Carlos Jaramillo, irrumpe precisamente en esa falla estructural: intenta conectar lo que el territorio sabe con lo que el poder puede hacer.
El diagnóstico no admite matices complacientes. El Magdalena registra niveles de pobreza monetaria cercanos al 46,6% y pobreza extrema alrededor del 14,7%, ubicándose entre los departamentos más rezagados del país. La pobreza multidimensional alcanza el 38,6%, con municipios donde más del 50% de los hogares viven en condiciones precarias. No se trata de una desigualdad marginal: es una estructura persistente que define las condiciones de vida de buena parte de la población.
A ese panorama se suma un dato aún más determinante: la informalidad laboral alcanza el 86,1% y, en zonas rurales, supera el 91%. Es decir, la economía del Magdalena funciona, en gran medida, por fuera de los sistemas formales de protección, financiamiento y productividad. En ese contexto, hablar de desarrollo sin abordar la informalidad es, en el mejor de los casos, una simplificación.
El rezago educativo tampoco es menor. Más del 53,9% de los hogares presenta privaciones asociadas al bajo logro educativo, mientras la tasa de analfabetismo supera el 5% y se duplica en algunas subregiones. Este dato no es accesorio: condiciona la productividad, limita la movilidad social y reduce la capacidad del territorio para insertarse en economías más complejas. Ese es el Magdalena real.
Un Magdalena que, además, exhibe brechas territoriales profundas: mientras en Santa Marta la incidencia de pobreza ronda el 24%, en municipios como Sitionuevo supera el 70%. No hay convergencia. Hay fragmentación. Y esa fragmentación es, quizá, el rasgo más persistente del departamento: una geografía donde cada subregión avanza a ritmos distintos, sin una articulación efectiva.
En ese contexto, la estructura empresarial confirma la fragilidad. El 97% del tejido productivo está compuesto por microempresas, con una presencia marginal de unidades medianas y grandes. Es una economía que resiste más de lo que crece, que depende de esfuerzos individuales y que carece de escala para transformar su propia estructura. Sin entorno institucional, esa base productiva difícilmente puede sostener procesos de desarrollo continuado.
Frente a ese panorama, la agenda que puso la Cámara de Comercio de Santa Marta sobre la mesa para el Magdalena no es un ejercicio retórico. Está construida sobre cinco pilares: soporte técnico, generación de información, estructuración de proyectos, articulación territorial y conexión entre política pública y resultados. En términos prácticos, es un intento de corregir la falla más profunda del departamento en los últimos 25 años: la desconexión entre evidencia y decisión.
Esa agenda se traduce en prioridades concretas: distritos de riego, agua potable, saneamiento básico, corredores productivos, infraestructura aeroportuaria robusta, sistema ferroviario y fortalecimiento del turismo como cadena de valor. No son ideas nuevas. Son, más bien, las mismas urgencias que el departamento ha identificado durante años, pero ahora organizadas bajo un marco técnico que permite exigirlas con mayor coherencia.
Ahí es donde la presencia de cinco representantes a la Cámara y tres senadores adquiere un valor distinto. No se trata solo de ocho nombres, sino de ocho espacios de poder institucional que, si actúan de manera coordinada, pueden ejercer presión efectiva ante el Ejecutivo para la asignación de recursos y el impulso de proyectos estratégicos. Conviene recordar, además, que en un sistema centralista como el colombiano esa presión no es opcional: es necesaria.
El problema, sin embargo, no es la cantidad de curules, sino su comportamiento. El Magdalena ha tenido representación suficiente en otras ocasiones, pero no ha logrado convertirla en incidencia real. La dispersión política ha sido más fuerte que la necesidad territorial. Y esa dispersión ha terminado diluyendo agendas, debilitando la interlocución y reduciendo la capacidad de negociación frente al Gobierno nacional.
La diferencia que se abre ahora es, por tanto, condicional. Depende de que esa bancada actúe como bancada. De que entienda que representar al Magdalena implica asumir una agenda común respaldada por evidencia técnica. De que traduzca los diagnósticos en iniciativas legislativas, debates de control político y gestión presupuestal. De que deje de operar como suma de intereses individuales y empiece a funcionar como instrumento territorial.
El encuentro auspiciado por Carlos Jaramillo no resuelve, por sí solo, el atraso del Magdalena. Pero sí introduce una variable que históricamente ha faltado: la posibilidad de alinear diagnóstico, agenda y representación política. Y esa alineación es la única vía real para cerrar brechas que no son coyunturales, sino estructurales.
El Magdalena ya no puede seguir administrando su atraso como si fuera paisaje. Los datos están sobre la mesa, la agenda existe y la representación institucional también. Lo que está en juego no es la foto de la unidad, sino su utilidad. Porque si esas siete sillas terminan repitiendo la vieja costumbre de la dispersión, el departamento habrá desperdiciado otra oportunidad histórica. Y en un territorio con tanta pobreza, tanta informalidad y tanta fragilidad productiva, desperdiciar poder también es una forma de condena.
