Nación
Escándalo por infiltración: Petro admite que “Papa Pitufo” llegó a la DNI y arremete contra la Fiscalía
Siguen creciendo las dudas sobre las reuniones que sostuvo en febrero del año pasado el entonces director nacional de inteligencia, Jorge Arturo Lemus, con el abogado de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, señalado como el “zar del contrabando” en Colombia.
Las revelaciones, expuestas por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, durante un consejo de ministros, abrieron un nuevo frente de crisis en el gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar una presunta infiltración de este actor criminal en estructuras del Estado.
Aunque el presidente intentó inicialmente desmarcarse del escándalo, terminó reconociendo públicamente que “Papá Pitufo” infiltró la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante su mandato.
ADMISIÓN, PERO TAMBIÉN DEFENSA
Petro buscó relativizar el alcance del caso al afirmar que este personaje ha infiltrado al Estado colombiano durante al menos 38 años, mencionando vínculos históricos con generales, congresistas, directores de la DIAN y otros funcionarios.
El mandatario aseguró que en su campaña presidencial se establecieron “blindajes” para impedir la entrada de recursos provenientes de este entramado ilegal. Sin embargo, reconoció que el presunto capo intentó financiar su campaña.
En una declaración que eleva la gravedad del caso, también afirmó que agentes de la DNI habrían solicitado dinero al propio Marín.
CHOQUE DIRECTO CON LA FISCALÍA
El presidente endureció su postura al lanzar fuertes acusaciones contra la Fiscalía General de la Nación, señalando que investigadores de esa entidad se habrían apropiado de parte de la fortuna del señalado contrabandista.
Además, cuestionó la falta de resultados en la extradición del presunto delincuente desde Europa, asegurando que las investigaciones solo se habrían enfocado en hechos ocurridos desde 2023.
El señalamiento más directo fue contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quien acusó de haber cambiado al fiscal del caso por “sectarismo político” y de actuar con posibles intereses políticos.
Incluso, el presidente insinuó la existencia de pactos con sectores de la extrema derecha, sugiriendo vínculos indirectos con el candidato Abelardo de la Espriella. Estas afirmaciones han sido rechazadas de manera categórica por la fiscal Camargo.
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SIN RESPUESTA
Más allá del cruce de acusaciones, el escándalo deja interrogantes de fondo que el presidente aún no ha aclarado:
¿Sostuvo o no una reunión con alias “Papá Pitufo” durante la campaña presidencial de 2022?
¿Por qué el catalán Xavier Vendrell habría recibido 500 millones de pesos en efectivo de este actor, pese a una supuesta instrucción contraria del propio presidente?
¿Por qué Vendrell continuó teniendo influencia dentro del gobierno, incluso ocupando cargos oficiales, pese a ese episodio?
¿Qué alcance tienen las menciones sobre posibles relaciones del señalado contrabandista con familiares del presidente, incluyendo a su hermano Juan Fernando Petro?
UN CASO QUE TRASCIENDE AL GOBIERNO
El propio presidente ha intentado enmarcar este escándalo como parte de una infiltración estructural del Estado colombiano durante décadas. Sin embargo, la admisión de que dicha penetración alcanzó a la DNI en su administración convierte el caso en una crisis política de primer orden.
La controversia no solo pone bajo presión al gobierno nacional, sino que revive una pregunta incómoda para el país:
👉 ¿Quién controla realmente el Estado cuando las redes criminales logran sentarse en la mesa del poder?
