Procuraduría advierte presuntas irregularidades en suspensión del ferry en Salamina

El ente de control advierte fallas en la actuación de la autoridad ambiental que habrían derivado en la suspensión del servicio, afectando a más de 60.000 personas y evidenciando un posible desbalance entre la protección ambiental y los derechos de las comunidades.

A través de un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación anunció presuntas irregularidades en la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, relacionadas con la suspensión del servicio de ferry en el municipio de Salamina, una situación que ha generado graves impactos sociales y económicos en la región.

“De acuerdo con un informe preventivo con fines disciplinarios, la entidad identificó presuntas omisiones y falta de diligencia por parte de funcionarios de la autoridad ambiental en el manejo del proceso sancionatorio contra las empresas operadoras del servicio, así como en el trámite del permiso de ocupación transitoria del cauce del río Magdalena”, señaló el organismo.

La Procuraduría precisó que la suspensión del ferry, adoptada como medida preventiva desde agosto de 2025 por la falta de permisos ambientales, ha afectado directamente a más de 60.000 personas que dependen de este medio de transporte para su movilidad, acceso a servicios de salud y abastecimiento de alimentos en municipios como Pivijay y El Piñón.

“El informe señala que esta problemática no es reciente, sino el resultado de una situación que se ha prolongado durante décadas sin un control oportuno por parte de las autoridades. Además, advierte que la decisión de suspender el servicio, aunque basada en el principio de precaución ambiental, habría generado un impacto desproporcionado en los derechos fundamentales de las comunidades”, indicó la entidad.

Entre los hallazgos más relevantes, el ente de control destacó “posibles inconsistencias en el trámite administrativo adelantado por CORPAMAG, como la modificación injustificada del objeto de un permiso ambiental solicitado por una de las empresas operadoras, así como deficiencias en la motivación técnica para negar dicho permiso”.

Asimismo, la Procuraduría cuestionó “la falta de coherencia en la valoración de pruebas y la imposición de requisitos técnicos adicionales que no habrían sido exigidos oportunamente durante el proceso”, lo que podría vulnerar principios como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso.

Finalmente, el organismo subrayó que, aunque existen procesos de erosión en la zona, estos responden principalmente a dinámicas naturales del río, “sin evidencia concluyente que atribuya directamente esta problemática a la operación del ferry”.

El informe fue remitido a las instancias disciplinarias competentes para evaluar la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados, mientras se hizo un llamado a las autoridades para encontrar soluciones que permitan restablecer el servicio en condiciones ambientalmente sostenibles, garantizando tanto la protección del ecosistema como los derechos de las comunidades.