Supersolidaria anuncia nuevo sistema de evaluación crediticia para facilitar el acceso a préstamos

En un paso clave hacia la inclusión financiera, la Superintendencia de la Economía Solidaria anunció un nuevo modelo de evaluación crediticia que busca facilitar el acceso a préstamos formales para sectores populares, especialmente aquellos que históricamente han estado excluidos del sistema financiero.

La iniciativa propone un cambio en la forma de medir la capacidad de pago de los usuarios. A diferencia de los esquemas tradicionales, que se basan en el historial financiero individual, este nuevo enfoque incorpora variables como el flujo de caja de los proyectos productivos y los activos disponibles, permitiendo evaluar a personas sin historial crediticio.
Además, el modelo introduce una transformación de fondo: el sujeto de crédito deja de ser únicamente individual para dar paso a un enfoque colectivo, en el que asociaciones, grupos productivos o unidades económicas pueden acceder a financiación.

La superintendente, María José Navarro, explicó que este sistema “rompe con las formas convencionales de evaluación de crédito”, ya que traslada el análisis hacia la viabilidad integral de los proyectos productivos asociativos, en lugar de centrarse exclusivamente en el perfil individual del solicitante.

Según la funcionaria, este modelo es clave para ampliar la inclusión financiera, al permitir el acceso al crédito a trabajadores informales, jóvenes y emprendedores.

“Reconoce una realidad social: el 85 % de los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, quienes han enfrentado barreras históricas por falta de garantías”, señaló.

Este nuevo esquema, conocido técnicamente como scoring alternativo, permitirá evaluar la capacidad de pago proyectada a partir de ingresos futuros como cosechas o ventas estimadas, así como respaldar los créditos en el propio proyecto productivo y sus activos, en lugar de depender únicamente de garantías tradicionales.

La medida hace parte de la estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro para fortalecer la economía popular y apoyar a comunidades afectadas por la emergencia climática, impulsando el acceso a financiamiento tanto en zonas rurales como urbanas.

El modelo será aplicado en cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades vigiladas que operen bajo esquemas de financiamiento de proyectos.

Además, contempla mecanismos de control como el desembolso de recursos por etapas, según el avance técnico, y límites que establecen que estas operaciones no podrán superar el 10 % del patrimonio técnico de cada entidad.

Asimismo, se exigirá el respaldo de garantías públicas emitidas por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) o el Fondo Nacional de Garantías (FNG), con el fin de proteger la estabilidad del sistema.