La democracia no se destruye con bombas. Se pudre con togas

Opinión / Por: Victor Rodríguez Fajardo – El Man del Sombrero

Esto ya no puede leerse como una simple controversia jurídica. Es una secuencia política con dos frentes, un libreto reconocible y un beneficiario evidente. Y no es la primera vez que lo digo.

Lo advertí. Aquí está.

Quienes han seguido esta columna saben que el patrón no es nuevo. Lo documenté cuando Petro todavía fingía que gobernar y hacer campaña eran actividades separadas. Lo señalé cuando el lenguaje del M-19 empezó a reaparecer no en los archivos, sino en la tarima, en el gesto, en la táctica. Lo escribí cuando nadie quería incomodarse con la pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega un presidente que nunca dejó de entender el poder con reflejos de combatiente?

Hoy los hechos responden solos. Y lo hacen en dos frentes simultáneos.

Primer frente: La Comisión de Acusaciones no investiga. Filtra.

Esto es verificable: la Cámara de Representantes no tiene la facultad constitucional de suspender por sí sola al presidente de la República. La Cámara investiga y acusa. El Senado conoce esas acusaciones y, dentro del juicio correspondiente, puede adoptar las decisiones que la Constitución permite. Eso lo sabe cualquier estudiante de primer semestre de derecho.

Lo que ocurrió fue otra cosa: un documento interno, presentado desde la Comisión de Acusaciones por una representante del Pacto Histórico que actúa como instructora del caso, terminó filtrado al debate público antes de ser votado por la comisión. Antes de tener fuerza jurídica real. Antes de superar el primer trámite que lo convertiría en una decisión institucional.

Una propuesta sin votar no es un fallo. No es una sanción. No es una suspensión.

Pero es un titular. Es un escándalo. Es un relato de persecución listo para consumo inmediato.

Técnicamente discutible. Jurídicamente frágil. Políticamente perfecta.

Podría decirse que la filtración fue un accidente. Puede ser. Podría decirse que fue una fuga incontrolada dentro de la comisión. También puede ser. Lo que no puede ignorarse es que ocurrió en el momento más conveniente: en la semana decisiva, cuando el candidato del oficialismo más necesitaba combustible emocional, cuando el relato de persecución podía tener mayor rendimiento electoral y cuando cualquier aclaración jurídica llegaría tarde para corregir el efecto político.

Porque el efecto no dependía de que fuera legal. Dependía de que fuera ruidoso.

Y vaya que lo fue.

En menos de doce horas Colombia ardía en redes, en tarimas y en micrófonos. Petro ya tenía su imagen de mártir constitucional. Cepeda ya tenía combustible para la recta final. Los indecisos ya tenían una razón emocional para tomar partido. El caos no fue el accidente: fue el producto.

No importaba si el documento sobrevivía la votación en comisión. No importaba si jurídicamente era inviable. No importaba si constitucionalmente era endeble. Para cuando eso se aclarara, el daño ya estaba hecho y el beneficio ya estaba cobrado.

Petro no es víctima del incendio. Es el político que corre hacia las llamas para que lo fotografíen como bombero.

Segundo frente: El Tribunal no arbitra. Golpea.

Esto también es verificable: un particular interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la campaña de Abelardo de la Espriella. El magistrado la admitió y concedió una medida provisional que ordena retirar, en 24 horas, la bandera de Colombia, los símbolos patrios, las imágenes de la fuerza pública, el saludo militar y el lema “Defensores de la Patria” de su propaganda electoral.

El movimiento, su nombre y su logo-símbolo ya estaban inscritos. Ya habían sido avalados por la autoridad electoral. Y el nombre con el que Colombia votará el 21 de junio ya aparece en el tarjetón.

Aquí está el detalle técnico que el escándalo intenta sepultar: no hay fallo de fondo. No hay sentencia en primera instancia. No hay pronunciamiento definitivo sobre si la tutela tiene o no razón en su mérito. Hay una medida provisional dictada antes de que el juez haya estudiado de fondo el caso.

Podría decirse que la tutela fue iniciativa espontánea de un particular sin conexión alguna con el oficialismo. Puede ser. Lo que no puede despacharse como un detalle menor es que una cautelar de semejante impacto político aparezca con esa velocidad en la semana decisiva, exactamente el mismo día de la filtración de la Comisión de Acusaciones y a once días de las elecciones.

Un juez constitucional puede revisar actuaciones administrativas cuando considera que hay derechos fundamentales en juego. Eso no está en discusión. Lo que sí debe discutirse es otra cosa: un tribunal no debería, por vía provisional y sin fallo de fondo, desarmar parte de la identidad política de una campaña en la última semana electoral sin una carga argumentativa excepcional.

El Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente del sistema electoral colombiano. Si el movimiento, el nombre y los símbolos fueron avalados por esa autoridad, no puede tratarse como un asunto menor que una medida provisional termine alterando, de facto, el equilibrio de la contienda.

En derecho eso se llama medida cautelar.

En política, por su momento y por su efecto, se parece demasiado a un golpe preventivo.

Cuando la toga hace lo que la urna no ha hecho, algo se rompe.

El libreto completo: teoría del caos en tiempo real.

Hay un momento en el fútbol que todo hincha reconoce: la final, el marcador en contra, el tiempo corriendo y el técnico que sabe que el empate no sirve. En ese momento da lo mismo perder por uno que perder por goleada. Entonces mete a todos los delanteros, saca a los defensas y lanza el equipo al ataque total.

No es táctica. Es desesperación con método.

Eso es lo que está pasando en Colombia.

El Pacto Histórico lee las mismas encuestas que lee el país. Las tendencias recientes no le son cómodas. Los números no se negocian con tutelas ni con medidas cautelares. Y cuando el poder siente que se le acaba el reloj, aparece la tentación del caos: si no se puede ganar en calma, se incendia el estadio.

Los dos instrumentos son quirúrgicamente precisos en su impunidad técnica: el documento filtrado antes de ser votado, que no es fallo pero produce el escándalo; y la cautelar dictada sin fallo de fondo, que no es sentencia pero produce el daño.

Ninguna de las dos decisiones es definitiva en derecho. Las dos pueden ser definitivas en política.

Para cuando los recursos prosperen o los jueces corrijan, la semana decisiva ya habrá pasado. Los votos ya se habrán movido. La indignación ya habrá cumplido su función. El caos ya habrá hecho el trabajo que la ley, por sí sola, no podía hacer.

Dos frentes. Dos operaciones distintas en forma. Idénticas en resultado.

Uno de los candidatos con mayor intención de voto queda golpeado en su imagen, sus símbolos y su campaña. El otro sale fortalecido, movilizado y con el relato de la persecución aceitado para la recta final.

La filtración sin votación y la cautelar sin fallo. Los dos hechos el mismo día. Los dos en la semana decisiva. Los dos beneficiando al mismo sector político.

Puede ser coincidencia. Pero en política, cuando la coincidencia es tan perfecta, no basta con pedirnos ingenuidad. Alguien tiene que explicar por qué no parece un cronograma.

El método tiene nombre y tiene historia.

No es una metáfora vacía. Es una lógica política con historia: convertir cada institución en frente, cada trámite en palanca, cada escándalo en combustible y cada derrota probable en relato de persecución.

Lo que reaparece no es la guerrilla armada de ayer. Es una forma de entender el poder: presionar por dentro, agitar por fuera y llamar democracia al incendio.

La combinación de todas las formas de lucha ya no está en un comunicado guerrillero amarillento guardado en un archivo. Está aquí, ahora, en tiempo real: la comisión como trinchera, el documento como proyectil, la tutela como cerrojo, la indignación como combustible, el martirio como estrategia.

Ya lo describí cuando robaron la espada de Bolívar y muchos no entendieron que aquello no era solo un robo: era una declaración de principios sobre cómo se concebía el poder.

El M-19 no murió como lógica política. Mutó. Y hoy gobierna.

Lo que no necesita conspiración para ser denunciado.

Esto es un juicio político, no una acusación penal. No se requiere prueba de reunión clandestina ni orden escrita en papel. Lo que existe es algo igualmente grave y perfectamente documentable: una cadena de decisiones que, por su oportunidad, sus efectos y sus beneficiarios, altera el clima electoral y contamina la confianza pública.

Un frente activa el martirio. El otro neutraliza al adversario.

Los dos ocurren el mismo día.

Los dos benefician al mismo bando.

Eso no prueba una reunión secreta. Pero sí obliga a hablar de una convergencia política demasiado conveniente para ser ignorada.

Y cuando un equipo político llega a ese punto, cuando ya no le importa el costo institucional ni el daño democrático con tal de no perder, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en un campo de batalla sin árbitro.

Gobernados por la lógica de la guerrilla oficial.

Colombia no puede seguir tolerando que el gobierno haga campaña desde el poder; que un documento sin votación se filtre con precisión de francotirador para producir el escándalo que más conviene al candidato oficialista; que un tribunal, por cautelar y sin fallo de fondo, desarme parte de la identidad política de una campaña en la última semana electoral; y que todo eso ocurra mientras la autoridad electoral ya había avalado lo que aparecerá en la papeleta del 21 de junio.

Hay un libreto político. Hay un cronograma probable. Hay un beneficiario claro. Hay una víctima identificable.

Colombia está en ese partido. El marcador va en contra de la democracia. Y el reloj corre.

La democracia no se destruye con bombas. Se pudre, despacio, cuando el Estado deja de arbitrar y empieza a militar.

Y hoy, en Colombia, el Estado se comporta como si ya hubiera elegido bando.

No digan que no se los advertí.

Auto del tribunal superior de bogotá aquí