El Magdalena, el laboratorio fallido de la “Paz Total”

Por: Arnol Sarmiento | Opinión Caribe

En el Magdalena, la violencia no comenzó con la Paz Total. Los homicidios, las disputas entre estructuras armadas y el control criminal ya hacían parte del paisaje antes de que esa política llegara. Pero, durante su implementación, el mapa de la violencia se expandió. Hoy, cuando la Paz Total llega a su fin, el balance deja una pregunta incómoda: ¿qué cambió realmente en el Magdalena?

El departamento enfrenta la presencia de más estructuras armadas, un número creciente de homicidios y amplias zonas donde el Estado fue reemplazado por el control de actores ilegales. No es solo la historia de una política que no logró cumplir sus promesas. Es la historia de un territorio donde la guerra cambió de forma, los grupos armados se reacomodaron y las comunidades quedaron, una vez más, en medio de la disputa. Esta es la radiografía de un departamento al que Colombia le falló.

Los números que el gobierno Petro no pudo ignorar

Entre 2022 y el 30 de junio de 2026, 2.485 personas fueron asesinadas en el Magdalena. No es una cifra estática: es una tendencia ascendente que desmiente cualquier narrativa de desescalada y que acompaña, año a año, el periodo en que el gobierno del presidente Gustavo Petro implementó la Paz Total como eje central de su política de seguridad.

En 2019 se registraron 260 homicidios. En 2020, pese a las restricciones de la pandemia, la cifra subió a 287. En 2021 llegó a 374. A partir de 2022, primer año del gobierno Petro, los números no bajaron: ese año se contabilizaron 500 asesinatos; en 2023 la cifra ascendió a 536; en 2024 llegó a 573; en 2025 alcanzó los 615. En lo corrido de 2026, entre enero y junio, ya se reportan 261 homicidios. Cada año de la Paz Total fue más violento que el anterior en este departamento.

Estas estadísticas provienen de Medicina Legal, la Plataforma de Derechos Humanos (PDHAL) y Santa Marta Cómo Vamos.

Las masacres: un patrón que no cedió

A la persistencia de los homicidios se suma el comportamiento de las masacres. De acuerdo con Indepaz, entre 2020 y 2026 el Magdalena registró 22 masacres y 69 víctimas. El año más violento fue 2023, con 7 masacres y 22 víctimas, en pleno auge de las negociaciones de la Paz Total.

El desglose revela la continuidad del fenómeno: 2020, 2 masacres y 6 víctimas; 2021, 3 masacres y 9 víctimas; 2022, 4 masacres y 12 víctimas; 2024, 3 masacres y 10 víctimas; 2025, 2 masacres y 6 víctimas; 2026, 1 masacre y 4 víctimas.

No hay un año en blanco. No hay una pausa. El Magdalena ha vivido masacres de manera ininterrumpida durante seis años consecutivos, lo que confirma la presencia sostenida de estructuras armadas con capacidad de ejercer violencia colectiva y sistemática, incluso mientras el gobierno Petro tendía la mano a sus líderes en las mesas de negociación.

A este panorama se suma el asesinato de líderes sociales. Según Indepaz, 38 líderes comunitarios han sido asesinados en el Magdalena desde 2016. Cada uno representa el silenciamiento de una comunidad, la ruptura de un tejido social que tarda décadas en reconstruirse y una señal inequívoca de que el crimen organizado no tolera la organización civil en los territorios que controla. La Paz Total no los protegió.

El departamento sitiado

El director de la Plataforma de Derechos Humanos (PDHAL), Lerber Dimas Vásquez, no usa eufemismos: llama al fenómeno “el corredor de la muerte”. Su diagnóstico es preciso.

“Tenemos un departamento que está sitiado hacia la parte montañosa por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y hacia el centro, el sur y la subregión río por el Ejército Gaitanista de Colombia”, afirmó.

Ese cerco no es una metáfora. Es una realidad territorial que se traduce en corredores de movilidad armada, economías ilegales consolidadas y una presencia institucional del Estado cada vez más debilitada. Un cerco que se fue construyendo ladrillo a ladrillo durante los cuatro años en que el gobierno Petro apostó por la negociación como respuesta al conflicto.

Para Dimas, sin embargo, la respuesta tampoco puede ser la confrontación a secas. “Una respuesta de violencia con violencia nos va a aumentar los niveles de homicidios en estos territorios y la violación a los derechos humanos”, advirtió. Su propuesta apunta a algo más complejo: “Creo que es necesario replantear un mecanismo de pacificación para el territorio y ver cómo estos territorios pueden volver a ser controlados por el Estado”. Una advertencia que el nuevo gobierno haría bien en escuchar antes de que el combate frontal prometido se convierta en otra política que el Magdalena pague con sangre.

Las dos promesas incumplidas

Desde el territorio, una de las voces más directas sobre el fracaso de la Paz Total proviene de quien tuvo a su cargo la coordinación de esa agenda en el Distrito de Santa Marta. Jennifer Del Toro Granados, entonces Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, no deja espacio para la ambigüedad: “El resultado en materia de paz del gobierno Petro es objetivo y el resultado es un fracaso de sus dos promesas de valor”.

Las promesas eran concretas. La primera consistía en lograr la desmovilización o el desmonte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La segunda, en garantizar inversiones robustas del Gobierno nacional para transformar las condiciones sociales que alimentan el conflicto armado. Según Del Toro, ninguna de las dos se cumplió.

El primer intento formal para avanzar con las ACSN llegó en junio de 2024, cuando se expidió la resolución que autorizaba el inicio del proceso. Para entonces, ya habían transcurrido seis meses desde el comienzo de la política de Paz Total sin resultados concretos en Santa Marta y su zona rural.

Los principales cabecillas de la estructura —alias Pinocho, alias Bendito Menor y alias Muñeca— recibieron reconocimiento oficial dentro del proceso y se suspendieron las órdenes de captura en su contra. Pero el reconocimiento jurídico no se tradujo en una reducción de la violencia. En Santa Marta, los homicidios continuaron y 2024 terminó con 198 asesinatos en la ciudad.

El segundo componente de la estrategia tampoco produjo los resultados esperados.

En 2025, la oficina del Alto Comisionado para la Paz puso en marcha lo que denominó las “Maquetas de Paz”, una metodología basada en consultas vereda por vereda para recoger las necesidades y proyectos de las comunidades. Sin embargo, muchas de las iniciativas planteadas tenían presupuestos de apenas 30 o 50 millones de pesos.

Para Del Toro, ese enfoque no correspondía con la magnitud del problema. “No es posible que el conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta se resuelva así”, sostuvo.

El ejercicio dejó más de 60 reuniones y 507 iniciativas recopiladas, pero sin una fuente de financiación definida y, en numerosos casos, sin un responsable institucional encargado de ejecutarlas.

“Ahí se perdió el tiempo”, sentencia Del Toro.

El balance, desde el territorio, es contundente: mientras el Gobierno nacional hablaba de avanzar hacia el desmonte de las estructuras armadas y de transformar las condiciones que alimentaban el conflicto, en Santa Marta las comunidades seguían esperando resultados concretos y la violencia continuaba marcando el territorio.

El caos del Parque Tayrona: retrato de una política sin mando

El episodio que mejor ilustra la desconexión del gobierno Petro con su propia política de paz ocurrió con el cierre del Parque Tayrona. En un mismo día, el ministro de Defensa afirmaba que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada eran responsables de las amenazas al área protegida, mientras el comisionado de paz sostenía que el grupo no tenía nada que ver. La ministra de Industria convocaba una mesa económica en Bogotá y la Dirección de Parques Naturales declaraba pérdida de gobernabilidad, sin saber que un día antes se había firmado en Bogotá el Acuerdo Especial Número 2 con los mismos cabecillas que supuestamente amenazaban el parque.

“Unas decisiones incoherentes, inconexas que se tradujeron como un caos en el distrito de Santa Marta”, resume Del Toro. Y agrega: “Lo que la gente me decía en la calle era: Jennifer, ¿pero cuál proceso de paz? Si aquí en el barrio lo que hay es extorsión, lo que hay es homicidio. ¿De cuál paz hablan?”

Esa pregunta ciudadana es también la pregunta que los números del Magdalena llevan cuatro años respondiendo.

Los grupos armados: más grandes, más presentes

El contexto nacional agrava el diagnóstico departamental. Según el informe El costo de negociar mal, publicado por la Fundación Ideas para la Paz en agosto de 2026, el número total de integrantes de grupos armados ilegales en Colombia pasó de 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un crecimiento del 90%. El título del informe es en sí mismo un veredicto sobre la política de seguridad del gobierno Petro: negociar mal tiene un costo, y ese costo lo pagaron los territorios.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es el caso más alarmante. En cuatro años pasó de 4.061 a 10.268 integrantes, un crecimiento del 153% que lo consolida como la organización criminal más poderosa del país. En el Magdalena esa expansión es total: el grupo pasó a operar en los 30 municipios del departamento, un crecimiento superior al 600% en su cobertura territorial según la Gobernación del Magdalena.

El ELN, por su parte, creció un 22% a nivel nacional, de 5.851 a 7.123 integrantes, con presencia concentrada en El Banco y el sur del departamento, donde disputa corredores estratégicos con otras organizaciones.

El actor que define la dinámica particular del Magdalena son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca. La Fundación Ideas para la Paz calcula entre 800 y 1.000 personas entre sus componentes rurales y redes urbanas, mientras que los registros de inteligencia militar sitúan el pie de fuerza armado entre 300 y 600 integrantes activos. Lo que no está en disputa es su peso territorial: el Magdalena es su principal teatro de operaciones. Y Del Toro lo confirma desde adentro: “Esos grupos están ahora más fuertes que antes, más fuertes que hace cuatro años”.

Según el informe La mesa olvidada de la Paz Total: qué viene para las ACSN, publicado por Ideas para la Paz en julio de 2026, el proceso de conversaciones con este grupo llegó al cierre del gobierno Petro sin consolidarse, marcado por poca atención pública, crisis ligadas a la confrontación con el EGC y un fortalecimiento territorial progresivo mientras avanzaban los acercamientos.

Esa es quizás la imagen más elocuente de lo que fue la Paz Total en el Caribe: una mesa que nadie vio, un grupo que creció mientras se negociaba y un territorio que quedó más expuesto al terminar que al comenzar. La mesa quedó en manos de la próxima administración. El territorio quedó en manos de ellos.

La Ciénaga Grande: el nuevo epicentro del riesgo

El desplazamiento forzado completa el cuadro. Entre enero y febrero de 2026, el Magdalena registró 1.960 personas desplazadas, situándose entre las regiones con mayor impacto humanitario del país. Solo en febrero, 1.159 personas fueron afectadas por eventos de desplazamiento masivo, principalmente en Aracataca, Ciénaga y Pivijay, municipios con presencia institucional intermitente y limitada capacidad de respuesta frente a emergencias humanitarias.

El escenario más crítico hoy es la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo el 30 de junio, advierte que la disputa territorial entre el EGC y las ACSN está configurando un escenario de alto riesgo para miles de habitantes. Las zonas más vulnerables son los centros poblados palafíticos de Nueva Venecia y Buenavista, el corregimiento de Palermo, los caseríos La Canchera, Caño Clarín y Villa Clarín, y las veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad.

Comunidades que viven sobre el agua, literalmente rodeadas por la disputa de dos estructuras armadas que se reparten el territorio como si el Estado nunca hubiera existido allí.

Según la Defensoría, ambas estructuras han consolidado su presencia mediante mecanismos de control que recuerdan las prácticas de antiguos grupos paramilitares: imposición de normas de comportamiento, restricciones a la movilidad, extorsiones y sistemas de vigilancia permanente. Pescadores, comerciantes y operadores turísticos pagan con dinero y con miedo el costo de vivir en un territorio que el Estado cedió.

El complejo lagunar volvió a convertirse en corredor estratégico para la movilidad armada, gracias a su conexión con la Sierra Nevada, el río Magdalena y el mar Caribe. El abogado Ricardo Villa Sánchez, representante en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN, dimensiona la magnitud: el complejo comprende cerca de 528.600 hectáreas, involucra 26 entidades territoriales y concentra el 98,5% de su extensión en el Magdalena. Solo en Sitionuevo, el Registro Único de Víctimas registra 25.668 personas víctimas del conflicto, de las cuales cerca del 82% corresponde a desplazamiento forzado.

A este escenario se suma la reactivación de Los Carperos en Palermo y la masacre del 10 de mayo en Palmira, jurisdicción de Puebloviejo, donde cinco personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas.

El riesgo, advierte la Defensoría, no es municipal: es regional. Y es, también, el legado territorial de cuatro años de una política que prometió paz y entregó expansión criminal.

Lo que el Magdalena le exige al nuevo gobierno

El 7 de agosto de 2026, Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia de Colombia y declaró agotada la vía del diálogo con las estructuras criminales. “Le imparto desde aquí a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales”, afirmó. Y fijó el tono de su gobierno con una frase que no admite matices: “La opción del diálogo está agotada; el Estado fue suficientemente noble y cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen”.

Son palabras que el Magdalena lleva años esperando escuchar. Pero para Jennifer Del Toro, quien coordinó durante dos años y medio la agenda de paz desde el territorio, el desafío del nuevo gobierno no termina en la ofensiva militar. La seguridad, sostiene, debe estar acompañada de una estrategia de Estado capaz de recuperar el territorio y transformar las condiciones que permitieron la expansión de las estructuras armadas.

Su hoja de ruta tiene cuatro componentes: fortalecimiento de la seguridad y del control territorial; un mecanismo independiente de monitoreo, con participación de organismos internacionales como la ONU y la OEA; inversiones públicas significativas para la transformación territorial; y una coordinación interinstitucional con liderazgo directo de la Presidencia.

El último punto resulta determinante. Porque recuperar el territorio no consiste únicamente en desplegar soldados y policías. También implica financiar a las instituciones que deben investigar, judicializar, prevenir y responder cuando el Estado deja de estar.

Del Toro pone un ejemplo concreto: el Plan de Seguridad y Convivencia de Santa Marta tendría un déficit de financiación de 140.000 millones de pesos. Cámaras de videovigilancia, vehículos para la Fiscalía, una central de inteligencia y otras capacidades básicas siguen pendientes mientras las estructuras criminales disponen de recursos provenientes del narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.

“¿Sabe cuánto cuesta el Plan de Seguridad y Convivencia de Santa Marta? Ese plan está desfinanciado en 140.000 millones de pesos”, advierte.

Ahí aparece una de las mayores contradicciones que deja la Paz Total en el Magdalena: un Estado que intentó negociar con estructuras que continuaron ejerciendo control armado; que anunció transformaciones sociales sin garantizar los recursos suficientes para ejecutarlas; y que, al menos desde la percepción de quienes estuvieron en el territorio, terminó dejando intactas buena parte de las condiciones que alimentaron el conflicto.

Ahora el nuevo gobierno promete otra ruta.

La pregunta ya no es si la Paz Total funcionó o fracasó en el Magdalena. El balance de homicidios, desplazamientos, presencia de estructuras armadas y control territorial permite medir sus resultados.

La pregunta es otra: ¿hasta dónde llegará la nueva política de seguridad?

¿Llegará a Nueva Venecia, a Pivijay, a El Banco, a Aracataca y a los demás territorios donde la presencia del Estado sigue siendo intermitente? ¿Llegará a los caseríos donde las comunidades han aprendido a convivir con hombres armados y reglas impuestas por estructuras criminales? ¿Llegará con inteligencia, Fiscalía, inversión social, justicia y servicios públicos, además de Fuerza Pública?

Porque el Magdalena no necesita únicamente que el Estado vuelva a disparar.

Necesita que vuelva a gobernar.

Ese es el verdadero desafío para el nuevo gobierno: recuperar territorios donde durante años las instituciones llegaron tarde, llegaron a medias o simplemente no llegaron.

La guerra no empezó con la Paz Total. Pero durante esos años dejó nuevas heridas, nuevas estructuras y nuevos territorios bajo presión criminal.

Ahora el Gobierno nacional tiene la palabra.

Y el Magdalena, esta vez, no debería conformarse con discursos.

Porque la seguridad de un territorio no se demuestra con la cantidad de uniformados que llegan, sino con la capacidad del Estado para permanecer cuando las cámaras se apagan, los operativos terminan y los titulares desaparecen.