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Poder & Gobierno

Atentado contra Naylea Barros prende las alarmas por la violencia política en el Magdalena

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La periodista, líder política del Pacto Histórico y excandidata a la Cámara por el Magdalena sobrevivió a un ataque armado en el que hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon al menos tres veces contra el vehículo en el que se desplazaba. Barros aseguró que venía recibiendo amenazas, hostigamientos e intimidaciones desde hace más de tres meses.

 

Por: Arnol Sarmiento

El atentado contra Naylea Melissa Barros Martínez, periodista, líder política del Pacto Histórico y excandidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena, desató una ola de rechazo entre dirigentes políticos, organizaciones de derechos humanos y autoridades nacionales y distritales.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes 24 de agosto, en Santa Marta, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon en al menos tres oportunidades contra el vehículo en el que se desplazaba Barros junto con un familiar. La dirigente resultó ilesa.

Barros, quien también ha participado en el espacio político Café Parroquial de Opinión Caribe, aseguró que el atentado no sería un hecho aislado, pues afirmó que durante los últimos tres meses ha sido objeto de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también habrían alcanzado a personas cercanas a ella.

“Afortunadamente y por la obra de Dios estoy viva”, manifestó la dirigente, al tiempo que exigió a las autoridades esclarecer los hechos y establecer garantías para su seguridad y la de su familia.

La periodista sostuvo que no está dispuesta a abandonar sus actividades políticas, periodísticas y sociales y rechazó cualquier intento de utilizar la violencia para silenciar sus posiciones.

“Me rehúso a creer que este país ha preferido el odio por encima de la vida. La violencia no puede ser utilizada para silenciar a quienes pensamos diferente”, afirmó.

Barros también cuestionó el ambiente de confrontación política y mediática que, según señaló, estaría contribuyendo a la estigmatización de quienes ejercen oposición o activismo.

“Seguiré ejerciendo mi labor periodística, política y social, porque defender la vida, la democracia y la dignidad no puede ser motivo de persecución. No vamos a retroceder”, sostuvo.

El presidente pidió investigar el ataque

Una de las primeras reacciones nacionales fue la del presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró haber establecido comunicación con el comandante de la Policía de Santa Marta para solicitar una investigación exhaustiva.

“Acabo de hablar con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico”, señaló el mandatario.

El pronunciamiento presidencial se suma al llamado de las autoridades para establecer quiénes ejecutaron el ataque y, especialmente, determinar si existe relación entre el atentado y las amenazas que Barros asegura haber recibido durante los últimos meses.

Petro también reaccionó

El expresidente Gustavo Petro se refirió al atentado y cuestionó el discurso de confrontación política que, según su planteamiento, puede contribuir a escenarios de violencia.

“Atentado contra Naylea, que fue candidata a la Cámara por el Pacto Histórico en Santa Marta. ¿Quién dijo que había que destripar? ¿No fue el actual presidente de la República de Colombia?”, manifestó.

Pacto Histórico exige garantías

La Dirección Departamental del Pacto Histórico en el Magdalena expresó su “más profunda indignación y rechazo absoluto” por el ataque contra Barros y calificó como “criminal” el atentado.

La colectividad destacó que la dirigente y su familiar salieron con vida y sin lesiones físicas, pero advirtió sobre la gravedad de un hecho que, a su juicio, afecta no solamente la seguridad de Barros, sino también el ejercicio de la actividad política en el departamento.

El Pacto Histórico sostuvo que el ataque ocurre en un contexto de violencia política que pretende intimidar a liderazgos democráticos y alternativos.

Procuraduría pidió garantizar su seguridad

La Procuraduría General de la Nación también condenó el atentado. El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó el ataque contra la excandidata y pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y avanzar en la identificación de los responsables.

La entidad insistió en que cualquier forma de violencia debe ser investigada y sancionada.

Norma Vera pide Consejo Extraordinario de Seguridad

La defensora de derechos humanos Norma Vera pidió al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, convocar de manera inmediata un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar el nivel de riesgo de Barros y establecer medidas concretas de protección.

Vera también solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar una valoración urgente, diferenciada y con enfoque de género sobre la situación de la dirigente política.

La defensora advirtió que la violencia política contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas y puede comenzar con amenazas, intimidaciones y campañas destinadas a sacarlas del debate público.

“La vida de Naylia está en peligro. Las autoridades no pueden esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, señaló.

Más voces se sumaron al rechazo

La Plataforma de Derechos Humanos PDHAL exigió a la Fiscalía y a la Policía investigar rápidamente el atentado, identificar a los responsables y garantizar la protección de los liderazgos sociales y políticos.

La senadora del Pacto Histórico Patricia Caicedo expresó su solidaridad con Barros y afirmó: “Tu vida es valiosa y la vamos a defender”.

Por su parte, Abraham Katime pidió a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y al alcalde de Santa Marta convocar un Consejo de Seguridad Conjunto ante la gravedad del ataque.

Desde la administración distrital, la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, encabezada por Jennifer del Toro, rechazó el atentado y anunció gestiones, en articulación con la UNP, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, para contribuir a salvaguardar la vida y la integridad de Barros.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades, que deberán establecer quién ordenó y ejecutó el ataque, así como determinar si existe una conexión entre el atentado y las amenazas que la periodista y dirigente política asegura haber recibido durante los últimos meses.