Unidad Investigativa
SANTA MARTA ENTRE LA VERRUGA Y EL MILAGRO DEL AGUA
La promesa del Gobierno frente a décadas de decisiones pendientes y una ciudad que sigue esperando agua
Por: Víctor Rodríguez Fajardo
Un médico pasó décadas tratando la verruga de un paciente. Cuando su hijo, recién graduado, lo reemplazó durante unas vacaciones, resolvió el problema. Al regresar, el padre recibió la noticia con disgusto: aquella verruga había pagado la carrera del muchacho. Recordé el chiste en una columna porque retrata una sospecha de nuestra política parroquial: hay problemas cuya permanencia puede resultar más rentable que su solución. En Santa Marta, el agua es la verruga y el paciente se llama Pedro Pueblo.
La ciudad conoce el ritual. Llega un gobierno, explica por qué fracasaron los anteriores y presenta la solución definitiva. Aparecen estudios, presupuestos y fechas. Después llega otro gobierno con otra solución igualmente definitiva. Las familias, entretanto, siguen pendientes del tanque, la motobomba, la totuma y el aviso del vecino: llegó el agua.
El viernes 30 de octubre de 2026, en la Universidad Sergio Arboleda, Abelardo de la Espriella presentó otra oportunidad. En el foro «Santa Marta: El milagro del agua», el ministro Jaime Andrés Beltrán, la viceministra Mónica Paola Saldarriaga y los ingenieros Jaime Quintero y Jorge Avizambra expusieron tres frentes que conviene entender desde el comienzo.
El primero busca reparar redes y reducir pérdidas, rehabilitar pozos, mejorar la medición y controlar presiones. Incluye alcantarillado sanitario y pluvial, con Ecopetrol como aliado anunciado. El segundo propone estructurar un prestador regional, tomando como referentes experiencias de Triple A y EPM, con cooperación de CAF y BID. Su figura y el futuro de ESSMAR siguen por definirse.
El tercero plantea captar del Magdalena aguas arriba del puente Pumarejo para reducir el riesgo de intrusión salina. Se describieron una conducción terrestre de unos 95 kilómetros, tres o cuatro estaciones de bombeo y 5.000 litros por segundo para un horizonte de treinta años. El sistema atendería a Santa Marta y municipios como Sitionuevo, Puebloviejo y Ciénaga. Hasta ahora tenemos la exposición y los anuncios institucionales; falta concretar ingeniería, acuerdos y financiación.
Agua sí hay. Está en los ríos de la Sierra Nevada, en el subsuelo y en el Magdalena. El presidente no la descubrió el viernes. La deuda consiste en convertir esa disponibilidad regional en un servicio suficiente y continuo. Asegurarla para las próximas generaciones exige proteger las fuentes y atender el crecimiento de la ciudad.
Mi posición es que Santa Marta debe estudiar la integración de El Curval, el río Magdalena, los pozos y el aprovechamiento del río Piedras en una solución por etapas. La prioridad es obtener agua cuanto antes y asegurarla para el futuro. Esa decisión requiere comparar los estudios, revisar las decisiones sobre el control del servicio y explicar por qué las alternativas anteriores no se ejecutaron. Convertir las fuentes en banderas políticas nos devuelve al consultorio: discutimos quién merece el crédito mientras Pedro Pueblo sigue pagando la espera.
Las ciudades son cuerpos vivos. Crecen, ocupan nuevos territorios y demandan más infraestructura. Ese crecimiento obliga a anticipar inversiones. Detrás de cada tubería que faltó hubo decisiones sobre contratación y expansión urbana. La crisis también tiene una historia política: quién administró el servicio, qué obligaciones asumió y qué recibió Santa Marta.
San Lorenzo forma parte de esa historia. De su cuchilla nacen los ríos Piedras, Manzanares y Gaira, fuentes tradicionales del acueducto, junto con otros ríos de la vertiente. Esa red hídrica sostuvo el abastecimiento de una Santa Marta mucho menor. Con el crecimiento urbano y la demanda creciente, las captaciones y redes existentes dejaron de bastar para atenderla, especialmente durante los meses secos. Reconocer el valor de aquellas fuentes obliga a protegerlas y a complementarlas; su existencia no garantiza el mismo caudal todos los días del año.
Los pozos ayudaron a atender ese crecimiento. Un documento técnico de Camacol y Superservicios, apoyado en información de ESSMAR de 2021, registró 52 pozos profundos como refuerzo del sistema. Es un antecedente, no el inventario operativo actual. El agua subterránea ha sido parte de la respuesta; su contratación también explica decisiones que cambiaron la propiedad de la empresa prestadora.
Empomarta administró el servicio de una ciudad más pequeña. Al terminar su etapa, en 1989, la reconstrucción institucional de ESSMAR registra problemas de cobertura, facturación, recaudo, fugas y contaminación. Había un patrimonio que conservar y ampliar. Los sucesivos modelos empresariales deben juzgarse por lo que hicieron con esa infraestructura y por el servicio que entregaron.
Metroagua nació antes del Gobierno de César Gaviria. El Decreto municipal 207 del 14 de julio de 1989, expedido por el alcalde Alfonso Vives Campo con facultades del Concejo, ordenó constituirla con un 49 % municipal y un 51 % privado. La escritura se otorgó el 14 de noviembre. Aquella distribución respondió a una decisión local, con responsables y condiciones concretas.
La Ley 142 de 1994, expedida durante el Gobierno Gaviria, reconoció prestadores oficiales, mixtos y privados. Admitió empresas enteramente públicas y la forma de empresa industrial y comercial del Estado. No impuso vender universalmente el 51 % a particulares. La apertura al capital privado tuvo decisiones propias de alcaldes, concejales y juntas directivas.
La propiedad de las redes era distinta de las acciones del operador. Según ESSMAR, Empomarta entregó la infraestructura en fideicomiso al Distrito y Metroagua recibió su utilización contractual. La participación minoritaria municipal en la sociedad no eliminaba el patrimonio público ni la obligación de vigilar su mantenimiento y expansión.
El episodio de los pozos muestra cómo una urgencia de abastecimiento terminó convertida en una decisión sobre propiedad empresarial. La evaluación de Superservicios de febrero de 2017 recoge que, ante la insuficiencia de fuentes en 1994, Eléctricas de Medellín y Termotécnica Coindustrial ofrecieron a Metroagua agua subterránea en bloque. Son las firmas que Opinión Caribe identificó como vinculadas al empresario William Vélez. El informe registra que la deuda crecía y, en 1997, se convirtió a los proveedores en accionistas: se capitalizó una parte y otra quedó pendiente de pago. El proveedor que llegaba a cubrir el faltante terminó participando en la empresa que le compraba.
¿Por qué la ciudad o su operador no financiaron directamente aquellos pozos? El agua subterránea estaba sujeta al dominio público, con las salvedades legales, y su aprovechamiento requería autorización. Perforar, bombear y operar tenía costos. Correspondía comparar el suministro contratado con infraestructura propia y proteger a Santa Marta cuando la deuda se convirtió en acciones. Esa decisión merece una explicación económica, además de una reconstrucción jurídica.
La reducción de la participación distrital está documentada. Del 49 % previsto en 1989 pasó al 28 % informado por la Procuraduría en abril de 2017. Inassa tenía el 35 %; Termotécnica y Eléctricas de Medellín, conjuntamente, el 33 %. Los libros de accionistas y las actas de capitalización deben explicar las valoraciones, los aportes recibidos y la actuación de los representantes del Distrito en cada cambio.
Después llegaron los operadores internacionales. El informe regional de 2000 publicado por el DANE registra el contrato de septiembre de 1997 con la unión temporal AGBAR Santa Marta, integrada por Aguas de Barcelona, Inassa, Eléctricas de Medellín y Termotécnica. También documenta la sustitución de AGBAR por AAA Servicios en 2000. La propia AGBAR comunicó al mercado español la venta de sus participaciones en Inassa, Triple A y Metroagua a mediados de ese año. Cambiaban los socios y los acuerdos de operación; correspondía a las autoridades locales comprobar qué mejoraba para los usuarios.
La conexión con Madrid llegó mediante Inassa y Canal de Isabel II, empresa pública española. La compra de Inassa de 2001 terminó investigada en el caso Lezo, cuyo juicio por esa operación comenzó en septiembre de 2026. La Procuraduría colombiana había anunciado cooperación judicial desde 2017. Es un antecedente que exige seguir responsabilidades concretas, sin convertir todos los contratos de Metroagua en delitos probados.
Ese recorrido obliga a examinar inversiones pactadas, modificaciones contractuales y condiciones de devolución de las redes. La ausencia de un antiguo funcionario no cancela la obligación de rendir cuentas: quedan las entidades, sus archivos y las decisiones que afectaron el patrimonio de Santa Marta.
La recuperación de la operación pública representó una esperanza. El Decreto 282 de noviembre de 2016 amplió el objeto de la antigua ESPA y cambió su nombre por ESSMAR; jurídicamente, hubo una transformación de una entidad existente. La aspiración de tener una empresa samaria capaz de reunir varios servicios, con EPM como referente de lo que podía lograr una empresa pública, era legítima. El decreto no podía darle por sí solo la experiencia, los equipos ni la capacidad financiera para cumplirla. Esa construcción institucional era responsabilidad de quienes asumieron su dirección.
Veolia participó mediante Proactiva Santa Marta y el contrato transitorio 081 de 2017. La Alcaldía anunció el paso a la operación directa de ESSMAR desde el 18 de abril de 2019. Rafael Martínez reportó más de $22.000 millones invertidos conjuntamente y mejoras en estaciones, redes y monitoreo. Ese balance debe contrastarse con la entrega recibida y las obligaciones pactadas: la crisis estructural continuó.
En noviembre de 2021, Superservicios intervino ESSMAR por deficiencias técnicas, operativas, administrativas y financieras que comprometían la prestación. Quienes prometieron recuperar el servicio debían preparar una empresa capaz de sostenerlo. La defensa de lo público también exige responder por sus nombramientos, su administración y el uso de los recursos.
EPM llegó en octubre de 2022 como agente especial y apoyo técnico de ESSMAR. Desde el comienzo aclaró que la financiación de las inversiones correspondía a Nación, entidades territoriales y ESSMAR. Su encargo permitía aportar experiencia administrativa y operativa, mientras la ampliación del acueducto seguía necesitando recursos de otras entidades. Al concluir en enero de 2024, reportó recuperación de unos 220 litros por segundo y aumento de cobertura del 77,78 % al 80,43 %. El balance de EPM debe juzgarse dentro de esas funciones. La ciudad aún necesitaba resolver el abastecimiento estructural que había motivado tantas promesas.
La experiencia deja una exigencia para cualquier alianza con Triple A: traducir el prestigio del operador en inversiones, obligaciones exigibles y resultados. Santa Marta ha conocido demasiados cambios empresariales para aceptar otro salvador sin examinar cuánto pone, qué cobra y por qué responde.
La búsqueda de fuentes tiene una historia igualmente larga. Un informe de la Universidad de los Andes recuerda que Empomarta abrió en 1981 un concurso para ampliar y mejorar el acueducto y el alcantarillado. Estudios posteriores examinaron ríos y desalinizadoras. Muchas alternativas actuales llevan décadas sobre la mesa.
El origen contractual del estudio de 2014 también está escrito. Su informe de evaluación antropológica identifica como contratante al Patrimonio Autónomo Fondo de Preinversión de Findeter y como consultora a la Universidad de los Andes. Registra la firma del contrato y del acta de inicio el 8 de mayo de 2014. Metroagua ejercía la interventoría y Findeter tenía la supervisión administrativa, financiera, contable, jurídica y técnica. Son funciones distintas y cada una debe responder por lo que le correspondía.
En diciembre de ese año, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Vivienda presentó los resultados como garantía de abastecimiento para cincuenta años. Entre siete alternativas resultó favorecida la combinación Toribio, Córdoba y Magdalena. El ministro Luis Felipe Henao anunció suministro continuo y estudios adicionales para incorporar el Magdalena a largo plazo. El comunicado reconoció el acompañamiento de la Alcaldía de Carlos Caicedo, la financiación de Findeter y Metroagua, y la participación académica de Juan Guillermo Saldarriaga. El profesor ya lo decía entonces: «En Santa Marta hay agua para abastecer la ciudad». La promesa de solución definitiva tenía estudios, tarima y respaldo institucional.
La discusión reunió también a la dirigencia regional. Una comunicación ministerial de agosto de 2014 registra a Luis Fernando Arboleda, presidente de Findeter; el gobernador Luis Miguel Cotes; el representante Eduardo Díaz Granados; Caicedo, Corpamag, Aguas del Magdalena y empresarios. Sus responsabilidades fueron distintas. La reconstrucción debe precisar qué defendieron y qué hicieron después.
El trabajo continuó después de los Andes. Findeter documentó en 2024 las consultorías PAF-ATF-C-026-2015, para Córdoba y Toribio, y PAF-ATF-C-046-2015, para el Magdalena. Reportó entregas al Distrito en julio de 2019 y julio de 2017, respectivamente. La segunda comprendía estudios de alternativas e ingeniería básica por cerca de $3.942 millones, con la fase siguiente ligada a una asociación público-privada. Había conocimiento acumulado y quedaban por completar ingeniería de detalle, permisos y financiación. Recuperar ese expediente permite distinguir lo aprovechable de lo que debe actualizarse.
En ese proceso intervino Jorge Eduardo Escobar Silebi, procurador 13 judicial II ambiental y agrario. Promovió la acción popular dentro de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó, el 25 de octubre de 2018, reevaluar la recomendación de captar del Magdalena y analizar otras fuentes. La Procuraduría reivindicó el resultado en diciembre. El Consejo de Estado revocó esa orden el 27 de abril de 2023, desenlace recogido por la sentencia T-290 de 2024.
La precisión jurídica es esta: el Tribunal decidió, el procurador promovió la actuación y la revocatoria no lo sancionó ni aprobó definitivamente el proyecto. Los cuatro años y medio del litigio tampoco prueban un retraso de igual duración en una obra lista para comenzar. El efecto real debe establecerse en contratos, trámites y decisiones afectados.
Mi exigencia editorial se mantiene: Escobar Silebi debe dar la cara y renunciar. Quien impulsó una revisión de esa trascendencia tiene una responsabilidad política que asumir frente a Santa Marta. Si mantiene su objeción al Magdalena, debe sostenerla con estudios y explicar cómo responde a la revocatoria; si cambió de criterio, explicar qué cambió. Callar para eludir ese examen sería igualmente inaceptable. El control conserva su independencia, pero también debe responder por sus actuaciones. El cambio de presidente no borra 2018.
Hubo objeciones distintas. La sentencia T-290 registra otra acción de Jaime Socarrás Maestre y otros, quienes alegaban riesgos para el abastecimiento de Ciénaga por el aprovechamiento de Toribio, Córdoba y Magdalena. Esa posición debe examinarse con sus argumentos y alcance, sin confundir a todos los opositores en una sola causa.
El Gobierno de Iván Duque también intervino. En noviembre de 2018, el ministro Jonathan Malagón anunció una APP regional con Córdoba y Toribio, inversión aproximada de $600.000 millones y aporte nacional previsto de $200.000 millones. En abril de 2019, el viceministro José Luis Acero cuestionó el alcance de la APP anterior: una conducción desde el Magdalena debía beneficiar también a Ciénaga y Puebloviejo. En esas gestiones participaron el alcalde encargado Andrés Rugeles y ESSMAR. El apoyo nacional vino acompañado de una propuesta de reformulación regional, otra decisión que debe seguirse hasta su resultado.
La sentencia T-208 de 2021 recoge otro obstáculo: aunque la APP recibió concepto técnico favorable en agosto de 2018, Minvivienda advirtió que debía fortalecer su estructuración financiera y ajustarse a la capacidad fiscal de Nación y Distrito. Un concepto favorable no paga la construcción. Los aportes anunciados debían convertirse en respaldo presupuestal.
El CONPES 4159 de 2025 agrega reparos de CDM Smith, formulados en 2018, sobre fluctuaciones de los ríos y presión sobre los pozos. Afirma, además, que la APP no prosperó porque la administración distrital entrante no la incorporó como proyecto estratégico en su plan de desarrollo. Identificar esa decisión exige revisar el plan y sus responsables. El documento también registra un convenio de 2025 para actualizar la factibilidad.
El expediente muestra estudios posteriores, controversias judiciales y dificultades financieras. Decir que todo se engavetó deja esas decisiones sin dueño. Hay que identificar quién detuvo, reformuló o sustituyó cada componente y por qué. La expresión «no prosperó» ha servido demasiado tiempo para esconder responsabilidades institucionales.
Durante el Gobierno Petro también se exploró el camino que hoy vuelve a anunciarse. El 17 de julio de 2024, Dagoberto Quiroga, entonces superintendente de Servicios Públicos, se reunió con Alejandro Char, Carlos Pinedo y Triple A para estudiar el abastecimiento desde el Magdalena. La propuesta de Barranquilla integraba captación, planta, redes matrices y tanques para Santa Marta y municipios vecinos. Pinedo manifestó disposición a evaluarla. Quiroga la consideró buena, aunque todavía no estaba aprobada. La reunión dejó identificados interlocutores y una alternativa regional; convertirla en una solución ejecutable requería acuerdos que comprometieran a sus participantes.
La exploración dejó una propuesta técnica que merece recuperarse. En el encuentro convocado por Superservicios el 28 y 29 de agosto de 2024, la presentación de Barranquilla planteaba captar 5.000 litros por segundo del Magdalena, conducir agua cruda por dos tuberías paralelas a lo largo de 65,5 kilómetros e integrar una nueva planta de Santa Marta de 3.000 litros por segundo. Estimaba el proyecto en $1,6 billones y proponía aprovechar obras del esquema Toribio–Córdoba, sin sus captaciones. Son características de aquella versión, que deben compararse con los aproximadamente 95 kilómetros descritos en el foro actual. Compartir río y posible aliado no convierte ambas propuestas en un mismo diseño.
Superservicios dejó tareas pendientes el 30 de agosto: actualizar datos hidrológicos, poblacionales y de dotación, definir una mesa interinstitucional y estructurar el acceso a financiación. Faltaba convertir la propuesta en acuerdos sobre inversiones, riesgos y obligaciones. Allí hay un punto concreto para reconstruir qué avanzó y qué quedó detenido.
La oposición política fue pública. Caicedo cuestionó la novedad, denunció un propósito privatizador y defendió Guachaca y Buritaca. Pinedo lo acusó de boicotear las soluciones. Quiroga defendió en septiembre sus reuniones con Char y la convocatoria al alcalde samario para escuchar a Triple A. Esas declaraciones identifican posiciones; por sí solas no prueban quién frustró un acuerdo ni cómo habría quedado el control del servicio.
La causa de que aquella tratativa no se convirtiera entonces en obras sigue sin aclararse documentalmente. Los anuncios revisados no identifican un acto de rechazo ni una ruptura definitiva. El 31 de octubre de 2026, Pinedo dijo que habían seguido conversando con Triple A y habló de un eventual socio estratégico. Quiroga, Superservicios, Minvivienda, los alcaldes y la empresa deben mostrar evaluaciones, condiciones discutidas y compromisos pendientes. Más de dos años después, Santa Marta merece conocer qué produjo aquella mesa.
El Gobierno Petro puso sobre la mesa la desalinización del mar y la convirtió en una apuesta con respaldo presupuestal. En noviembre de 2025, el Ministerio informó la declaración estratégica de dos plantas; en junio de 2026 presentó la articulación entre la Nación, que aportaría los recursos, el Distrito, que dispondría los predios, y ESSMAR, encargada de la convocatoria. Para una ciudad rodeada de fuentes de agua dulce, terminar buscando la solución en el mar tiene algo de distopía. Pero la tecnología existe y el proyecto había pasado de la conversación a las decisiones institucionales. Su conveniencia debía juzgarse por sus costos, efectos y capacidad de resolver el déficit.
Hubo respaldo local y gremial. Cotelco Magdalena defendió públicamente el alcance del proyecto para la población, además de los hoteles. Comprendo el peso de una financiación nacional en una ciudad agotada de esperar: una alternativa con recursos ofrecía una expectativa concreta. Sus costos, efectos y capacidad de atender a los usuarios debían sustentar la decisión. Quienes ahora cambian de rumbo tienen que explicar por qué la nueva alternativa resulta más conveniente y preservar para Santa Marta los recursos ya comprometidos.
Duque expresó apoyo político a Abelardo en agosto de 2026. La documentación revisada no acredita que gestionara la reactivación del Magdalena ante el nuevo presidente. Esa eventual intervención sigue por esclarecer; la cercanía política no basta para atribuírsela.
Esa historia permite examinar la propuesta del viernes con memoria. Recuperar estudios anteriores es sensato si se aprovecha lo útil y se resuelven los obstáculos. El reencauche empieza cuando se recicla la promesa y se esquiva la explicación de la demora.
El diagnóstico de Quintero señaló una limitación conocida: durante el verano, las fuentes pueden aportar mucho menos caudal del que permiten tratar las instalaciones. Una planta necesita agua precisamente cuando más escasea. Su capacidad escrita en una placa no llena un tanque.
Se habló de pérdidas del 60 %. Allí confluyen fugas, conducciones deterioradas, conexiones irregulares y deficiencias de medición, además de pérdidas antes de las plantas. El balance debe distinguirlas: recuperar una fuga aumenta el agua disponible; registrar mejor un consumo mejora las cuentas. La intervención anunciada necesita metas de suministro por barrios para que la recuperación comercial se acompañe de una mejora efectiva del servicio.
La reorganización compromete decisiones propias de los municipios involucrados. El artículo 5 de la Ley 142 les exige asegurar la prestación eficiente. Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo pueden acordar operaciones regionales o contratar capacidades externas; sus alcaldes conservan responsabilidades frente a los habitantes. Comprar agua en bloque, aportar bienes y entregar infraestructura para operación son decisiones diferentes. El apoyo presidencial y la experiencia de Barranquilla deben articularse con esas competencias, los contratos vigentes y el patrimonio de cada población.
También deben intervenir los concejos cuando corresponda. El artículo 32 de la Ley 136 exige autorización para operaciones como concesiones, enajenación de activos o acciones, empréstitos y contratos que comprometan vigencias futuras. Si se opta por una asociación territorial, los artículos 13 y 14 de la Ley 1454 prevén acuerdos entre alcaldes previamente autorizados por sus concejos. Cada municipio debe mostrar qué aportaría, qué obligaciones asumiría y cómo se protegería su patrimonio. La foto de una alianza no reemplaza esas decisiones.
Para escoger operador existe una regla concreta: el artículo 31 de la Ley 142, modificado por la Ley 689, exige licitación cuando la entidad territorial contrata una empresa para asumir la prestación. Colombia Compra Eficiente reiteró en abril de 2026 que llamar al contrato convenio interadministrativo no permite eludir esa exigencia. Si esa es la figura propuesta para Triple A, corresponde aplicarla. Otra modalidad deberá examinarse según su contenido. Los cuatro alcaldes tienen que explicar qué acuerdan y bajo cuáles facultades.
El Gobierno justificó, además, su decisión de abandonar las desalinizadoras por costos y dificultades ambientales asociadas a la salmuera. La viceministra presentó valores aproximados de $3.100 por metro cúbico para operarlas, frente a unos $300 para tratar agua dulce. La comparación necesita incluir el recorrido completo: captar, potabilizar, bombear, conducir y distribuir. Tratar agua dulce y entregarla en una vivienda son cuentas diferentes. El costo final interesa tanto al presupuesto público como al bolsillo del usuario.
En ese debate merece lugar El Curval I original. El comentario técnico aportado a esta investigación sostiene que un consorcio antioqueño descartó antes el Magdalena, con respaldo de Cenit y Ecopetrol, y que El Curval tenía ingeniería aprobada. La comunicación llegó sin firma identificable ni los documentos que acrediten esos extremos. Sus argumentos plantean una comparación necesaria, pendiente de ese soporte.
Describe una planta de hasta 2.400 litros por segundo, alimentada por Guachaca y Buritaca, con respaldo de Mendihuaca y Don Diego. Le atribuye captaciones a unos 35 kilómetros, mejor calidad del agua y condiciones para volver a licitarse. Estima hasta tres años de ejecución y entregas tempranas en veinte meses, incluso para Taganga. Son las ventajas y los plazos alegados por esa comunicación.
El Curval tiene antecedentes verificables. Cenit anunció en junio de 2021 más de $16.000 millones para estudios y diseños, y ESSMAR presentó la capacidad de 2.400 litros por segundo. Cenit asignó contratación, gerenciamiento e interventoría a la Alcaldía. Ese aporte acredita trabajo financiado; el aval integral de Ecopetrol y el descarte del Magdalena necesitan sus documentos específicos.
El Gobierno debe explicar qué recupera, qué modifica y por qué. Los estudios pagados pertenecen al patrimonio técnico de la ciudad. También corresponde distinguir El Curval I original del alcance que el Distrito presentó como adjudicado en el foro: el nombre compartido no garantiza iguales caudales, costos y plazos.
El comentario atribuye al Buritaca un mínimo de 5.000 litros por segundo durante el estiaje, sin identificar la serie estadística. Un dato cercano, 5.116 litros por segundo para marzo en un estudio de Corpamag de 2016, corresponde a caudal ecológico. No sabemos si esa fue su fuente. La comparación requiere establecer cuánto puede captarse, respetando las necesidades ambientales y los demás usos.
Llamar «riachuelos» a las fuentes de la Sierra no resuelve el examen. La disponibilidad en sequía, la calidad y el tratamiento deben compararse con costos y plazos. Las preocupaciones por metales pesados en el Magdalena y las ventajas atribuidas a la Sierra merecen el mismo rigor. La confianza en una empresa o un ingeniero debe acompañarse de evidencia.
El alcance regional introduce otra diferencia. Una planta orientada a Santa Marta y un sistema que pretende abastecer varias poblaciones no producen exactamente el mismo beneficio. Los 35 kilómetros invocados para El Curval y los cerca de cien del Magdalena no se comparan únicamente con una regla. Importan la energía necesaria, el agua entregada y las comunidades atendidas. A los habitantes de Puebloviejo o Sitionuevo también les corresponde saber cómo entran en la solución.
Si El Curval entrega agua antes, aprovechemos esa ventaja. Si el Magdalena respalda la demanda regional futura, estructurémoslo con ese alcance. Los pozos y el río Piedras ya sostienen parte del sistema y requieren cuidado. Cada etapa debe funcionar por sí misma y ser compatible con la siguiente. La gran obra no puede aplazar la reparación de una red que hace falta hoy.
Escuchar una estimación cercana a los $3 billones no me sorprende ante la magnitud de una solución que incorpora redes, alcantarillado y abastecimiento regional. El costo definitivo debe salir de los diseños y de la estructuración. Tampoco podemos borrar que gobiernos anteriores financiaron estudios y anunciaron o respaldaron inversiones, como demuestra el propio CONPES de las desalinizadoras. La oportunidad de Abelardo consiste en reunir esos esfuerzos, resolver lo pendiente y ejecutar. Para Santa Marta, el mérito decisivo será que esta vez la promesa llegue a las casas.
Recibo con optimismo la participación anunciada de Ecopetrol. Aunque su actividad principal pertenece al sector energético, la empresa ya incorpora el acceso al agua en sus inversiones sociales, y Cenit había comprometido más de $16.000 millones para los estudios de El Curval en 2021. Su papel debe concretarse en monto, autorización, convenio y responsabilidad: financiar, contratar o ejecutar obras. Santa Marta necesita ese apoyo y compromisos capaces de sobrevivir al entusiasmo del anuncio y a los cambios de directivos. Corresponde explicar cómo se integra cada aporte con las obligaciones de Nación, Distrito y prestador.
CAF también tiene antecedentes. En abril de 2024 anunció cooperación por 500.000 dólares para los planes de choque, gestión de demanda y plan maestro. El viernes se mencionaron aportes y asistencia de CAF y BID. Es una buena señal, aunque preparar estudios, prestar asistencia y otorgar crédito para construir son compromisos diferentes.
Esos nombres, junto con los cerca de $786.000 millones previstos para las desalinizadoras, permiten esperar respaldo financiero. Falta acreditar el cierre: fuentes, montos, disponibilidad y condiciones. En el foro, el ministro explicó que seguían buscando aportes y el presidente ofreció acudir a los multilaterales. Reorientar los recursos existentes también requiere formalizar los cambios. Hay una ruta de financiación que todavía debe completarse.
El encuentro dejó fechas que permiten comenzar el seguimiento. Según lo expuesto, el 4 de noviembre se previó terminar por mutuo acuerdo el convenio vigente de desalinizadoras; para el 30 de noviembre, definir las intervenciones prioritarias; y antes del 31 de diciembre, firmar un nuevo convenio. Para enero de 2027 se planteó el diagnóstico del esquema regional y para abril, avances en el prestador, las tarifas y la captación. Son anuncios sobre trámites y estudios, cuyo cumplimiento debe dejar constancia pública.
La meta oficial es reducir pérdidas del 60 % al 20 % y alcanzar veinte horas diarias de servicio en cuatro años. En el foro circularon otros plazos y porcentajes. El Gobierno debe fijar un cronograma único y metas anuales por sectores. La instrucción presidencial de acelerar necesita explicar cómo se ganará tiempo.
El resultado se mide en las casas: horas, presión, calidad e interrupciones por barrios. Un promedio favorable puede esconder sectores sin agua. Nación, Distrito, ESSMAR y sus aliados deben tener responsabilidades identificables. Si todos aparecen para anunciar, alguien tiene que aparecer para responder.
El presidente denunció posibles irregularidades en el negocio de los carrotanques y Minvivienda informó actuaciones ante las autoridades. Esos señalamientos requieren pruebas y responsables individualizados. La verruga retrata los incentivos de administrar la escasez; los delitos deben demostrarse en los expedientes, sin extender sospechas a todos los prestadores.
Abelardo dijo lo que queríamos escuchar: que el problema tiene solución, que los recursos deben quedarse en Santa Marta y que el Gobierno está dispuesto a buscar los que faltan. Recibo esa voluntad con esperanza. El respaldo debe traducirse en obras mientras se resuelve la discusión de largo plazo. Las ventajas de El Curval merecen evaluación, los pozos y el río Piedras siguen contando, y el Magdalena ofrece una posibilidad regional que debemos estudiar con toda seriedad. La ciudad necesita que esas alternativas se ordenen para producir resultados.
Propongo que Opinión Caribe mantenga ese examen y contraste mensualmente lo prometido con lo ejecutado. Si el Gobierno cumple, habrá que reconocerlo. Si incumple, habrá que señalarlo con la misma claridad. Pedro Pueblo no tiene por qué escoger una camiseta política para reclamar agua.
Ahora falta verlo hecho realidad. El presidente tiene la oportunidad de que su anuncio no termine archivado junto a las soluciones definitivas de sus antecesores. Quienes vivimos aquí sabemos cuánto cuesta la espera y no tenemos por qué resignarnos a ella. El agua existe; convertirla en un servicio suficiente, continuo y sostenible sigue siendo la tarea.
En Santa Marta, el cuento del gallo capón ya incluye una verruga. Ojalá esta vez el médico termine el tratamiento y Pedro Pueblo pueda abrir la llave sin pedir otro milagro.
Fuentes de consulta
- Foro Santa Marta El milagro del agua, 30 de octubre de 2026. Transcripción corregida y relatoría organizada suministradas por el autor.
- Ministerio de Vivienda, comunicado del 30 de octubre de 2026 sobre la inversión y las metas del sistema de acueducto y alcantarillado.
- CRA, Resolución 688 de 2014, metodología de balance hídrico y distinción entre pérdidas reales y aparentes.
- Cenit, convenio y responsabilidades para los estudios de El Curval, comunicado del 18 de junio de 2021.
- ESSMAR, capacidad proyectada de 2.400 litros por segundo y etapas del proyecto, 18 de junio de 2021.
- Corpamag, Estudio base para la reglamentación de corrientes, septiembre de 2016, tabla 37, página 123.
- Víctor Rodríguez Fajardo, La verruga de Santa Marta, Opinión Caribe, 1 de noviembre de 2026.
- Comentario técnico aportado para este análisis, sin firma identificable en el texto recibido. Las ventajas y los plazos de El Curval se atribuyen a esa comunicación.
- Universidad de los Andes, Producto II.1 Evaluación antropológica, noviembre de 2014, antecedentes y contratación, pp. 1–3. Copia publicada por Findeter.
- Ministerio de Vivienda, presentación de la solución para cincuenta años, diciembre de 2014.
- Ministerio de Vivienda, entrega de pozos y participantes en la mesa de abastecimiento, agosto de 2014.
- Findeter, presentación Hacia la definición de soluciones definitivas para Santa Marta, 28 de agosto de 2024. Contratos PAF-ATF-C-026-2015 y PAF-ATF-C-046-2015, entregas y alcance de la ingeniería.
- Tribunal Administrativo del Magdalena, auto del 25 de octubre de 2018, radicado 47001-23-33-000-2017-00313-00. Identificación del actor y orden de reevaluación.
- Procuraduría General de la Nación, boletín 686 del 27 de diciembre de 2018 sobre las medidas obtenidas ante el Tribunal.
- Corte Constitucional, sentencia T-290 de 2024, párrafos 35–40. Recuento de la revocatoria del 27 de abril de 2023 y de la acción popular promovida por Jaime Socarrás Maestre y otros.
- Víctor Rodríguez Fajardo, Es hora de que Escobar Silebi le responda a Santa Marta, Opinión Caribe, 30 de octubre de 2026. Antecedente de la posición editorial.
- Ministerio de Vivienda, Soluciones al problema de agua potable en Santa Marta, 29 de noviembre de 2018. Anuncio del ministro Jonathan Malagón.
- Paola Benjumea Brito, declaración de José Luis Acero sobre alcance regional y revisión de la APP, Seguimiento.co, 25 de abril de 2019.
- Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2021, respuesta del Ministerio de Vivienda del 4 de diciembre de 2020. Concepto técnico de 2018 y reparos a la estructuración financiera; copia en el gestor normativo de la CRA.
- DNP, CONPES 4159, 29 de septiembre de 2025, pp. 11–14. Antecedentes, explicación oficial de los cambios de alternativa y convenio para actualizar la APP.
- Ministerio de Vivienda, declaración estratégica de dos plantas desalinizadoras y entidades participantes, 7 de noviembre de 2025.
- Cambio, reseña de entrevista de Iván Duque con Julio Sánchez Cristo, 12 de agosto de 2026. Documenta apoyo político a Abelardo, sin acreditar intervención en este proyecto de agua.
- Alcaldía de Barranquilla, propuesta de abastecimiento presentada con Triple A y participación de Quiroga y Pinedo, comunicado del 18 de julio de 2024.
- Seguimiento.co, declaraciones de Dagoberto Quiroga a Atlántico en Noticias sobre el carácter todavía no aprobado de la propuesta, 18 de julio de 2024.
- Alcaldía de Barranquilla y Triple A, presentación Evaluación Santa Marta, encuentro de agosto de 2024, diapositivas 8–10. Archivo publicado por Superservicios.
- Superservicios, comunicado 70 del 30 de agosto de 2024. Resultados del encuentro del 28 y 29 de agosto y tareas pendientes de actualización y estructuración.
- Diario La Libertad, posición de Carlos Caicedo divulgada el 18 de julio de 2024, reseña del 23 de julio. Sus acusaciones se presentan como declaraciones del dirigente.
- Opinión Caribe, declaraciones de Carlos Pinedo sobre la propuesta de Triple A y las críticas de Caicedo, 19 de julio de 2024.
- Semana, entrevista a Dagoberto Quiroga del 26 de septiembre de 2024. Explicación del origen y objeto de las reuniones con Char y Triple A.
- El Heraldo, declaraciones de Carlos Pinedo sobre la continuidad de conversaciones y la eventual participación de Triple A como socio estratégico, 31 de octubre de 2026.
- ESSMAR, Caracterización de ciudadanía y grupos de valor 2024, introducción. Antecedentes de Empomarta y de la infraestructura entregada al Distrito.
- Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero de 2026, radicado 47001-23-31-000-2000-00368-01. Reproduce el Decreto 207 de 1989 y su reparto inicial de acciones; precisa las facultades municipales.
- Ley 142 de 1994, artículos 5, 14.5 a 14.7 y 17. Competencias municipales, empresas oficiales, mixtas y privadas y alternativas de organización. Copia publicada por Minvivienda.
- Superservicios, Evaluación integral de Metroagua, febrero de 2017, página 16. Suministro de agua subterránea desde 1994 y capitalización parcial de la deuda en 1997.
- Opinión Caribe, R&T y Metroagua Inassa en Santa Marta, 31 de mayo de 2017. Identificación de las firmas vinculadas a William Vélez.
- Decreto Ley 2811 de 1974, artículos 80, 83 y 88. Dominio público del agua y régimen de aprovechamiento, con las salvedades legales.
- Procuraduría, boletín 301 del 27 de abril de 2017. Composición accionaria de Metroagua, vínculo de Inassa con Canal de Isabel II y anuncio de cooperación judicial.
- DANE y entidades participantes, Informe de coyuntura económica regional del Magdalena, cuarto trimestre de 2000. Historia del operador y unión temporal AGBAR Santa Marta.
- Grupo AGBAR, presentación corporativa depositada ante la CNMV, diapositiva 26. Venta de participaciones en Inassa, Triple A y Metroagua a mediados de 2000.
- RTVE, inicio del juicio del caso Lezo relativo a la compra de Inassa de 2001, 7 de septiembre de 2026. Se refiere a una acusación, no a una condena.
- Distrito de Santa Marta, Decreto 282 del 18 de noviembre de 2016. Amplía el objeto de ESPA y cambia su denominación a ESSMAR.
- Alcaldía de Santa Marta, boletín 0208 del 27 de febrero de 2019. Contrato 081 de 2017 y transición de Veolia a operación directa de ESSMAR.
- Alcaldía de Santa Marta, boletín 0211 del 28 de febrero de 2019. Inversiones y mejoras reportadas durante la operación transitoria ESSMAR y Veolia.
- Superservicios, comunicado 57 del 22 de noviembre de 2021. Motivos de la toma de posesión de ESSMAR.
- EPM, comunicado del 13 de octubre de 2022. Alcance de su papel como agente especial de ESSMAR y exclusión de aportes financieros propios.
- EPM, balance de terminación de su papel como agente especial y asesor, enero de 2024. Recuperación de caudales y coberturas reportadas por la empresa.
- Corpamag, POMCA Río Piedras, Río Manzanares y otros directos al Caribe, resumen ejecutivo. Origen de los ríos en la cuchilla de San Lorenzo y unidades abastecedoras.
- Camacol y Superservicios, Documento técnico municipal Santa Marta, sección 3.2. Fuentes superficiales y 52 pozos reportados con base en el PEC de ESSMAR de 2021.
- Ministerio de Vivienda, anuncio del 19 de junio de 2026 sobre la convocatoria para la desalinizadora y los papeles de Nación, Distrito y ESSMAR. No acredita adjudicación.
- Caracol Radio, pronunciamiento de Cotelco Magdalena en defensa del alcance poblacional de las desalinizadoras, febrero de 2026.
- Ley 136 de 1994, artículo 32, parágrafo 4. Autorizaciones del concejo para determinadas operaciones contractuales del alcalde.
- Ley 1454 de 2011, artículos 13 y 14. Asociaciones de distritos y municipios, convenios y autorizaciones previas de los concejos.
- Ley 689 de 2001, artículo 3, que modifica el artículo 31 de la Ley 142. Licitación para contratos territoriales en los que una empresa asume la prestación.
- Colombia Compra Eficiente, Concepto C-438 del 30 de abril de 2026. Alcance de la licitación en la entrega de infraestructura municipal para operación de servicios.
- Ecopetrol, Inversión para la gestión integral del territorio. Portafolio de inversión social, línea de servicios públicos Ecopetrol agua y vida.
- CAF, CAF apoyará a Santa Marta a resolver su crisis hídrica, 5 de abril de 2024. Antecedente de cooperación para los planes de choque, demanda y plan maestro.
