Unidad Investigativa
El agua y la verruga de la política
El anuncio presidencial abre otra oportunidad para una ciudad que ha visto cambiar gobiernos y soluciones definitivas mientras Juancho Pueblo sigue pendiente del tanque.
Por Víctor Rodríguez Fajardo
CAPÍTULO 1 DE 4
Un médico pasó décadas tratando la verruga de un paciente. Cuando su hijo, recién graduado, lo reemplazó durante unas vacaciones, resolvió el problema. Al regresar, el padre recibió la noticia con disgusto: aquella verruga había pagado la carrera del muchacho. Recordé el chiste porque retrata una sospecha de nuestra política parroquial: hay problemas cuya permanencia puede resultar más rentable que su solución. En Santa Marta, la crisis del agua es la verruga y el paciente se llama Juancho Pueblo.
La ciudad conoce el ritual. Llega un gobierno, explica por qué fracasaron los anteriores y presenta la solución definitiva. Aparecen estudios, presupuestos y fechas. Después llega otro gobierno con otra solución igualmente definitiva. Las familias, entretanto, siguen pendientes del tanque, la motobomba, la totuma y el aviso del vecino: llegó el agua.
El viernes 30 de octubre de 2026, en la Universidad Sergio Arboleda, Abelardo de la Espriella presentó otra oportunidad. En el foro “Santa Marta: El milagro del agua”, el ministro Jaime Andrés Beltrán, la viceministra Mónica Paola Saldarriaga y los ingenieros Jaime Quintero y Jorge Abisambra expusieron tres frentes.
El primero busca reparar redes y reducir pérdidas, rehabilitar pozos, mejorar la medición y controlar presiones. Incluye alcantarillado sanitario y pluvial, con Ecopetrol como aliado anunciado. El segundo propone estructurar un prestador regional, tomando como referentes las experiencias de Triple A y EPM, con cooperación de CAF y BID. Su figura y el futuro de ESSMAR siguen por definirse.
El tercero plantea captar del Magdalena aguas arriba del puente Pumarejo para reducir el riesgo de intrusión salina. Se describieron una conducción terrestre de unos 95 kilómetros, tres o cuatro estaciones de bombeo y 5.000 litros por segundo para un horizonte de treinta años. El sistema atendería a Santa Marta y municipios como Sitionuevo, Puebloviejo y Ciénaga. Falta concretar ingeniería, acuerdos y financiación.
«¿Y vas a dejar que ese se tome la foto?». Esa pregunta de la política parroquial atraviesa esta historia. Ante un horizonte de 2031, el presidente pidió acelerar y dijo: «Yo no me puedo ir ni terminar mi mandato sin inaugurar esto». También cuestionó hacer el esfuerzo para que otro cortara la cinta. El reto será convertir esa urgencia en agua y sumar a quienes deben hacerla posible.
Agua sí hay. Está en los ríos de la Sierra Nevada, en el subsuelo y en el Magdalena. El presidente no la descubrió el viernes. La deuda consiste en convertir esa disponibilidad regional en un servicio suficiente y continuo, proteger las fuentes y atender el crecimiento de la ciudad.
Mi posición es que Santa Marta debe estudiar la integración de El Curval, el río Magdalena, los pozos y el aprovechamiento del río Piedras en una solución por etapas. Para decidir hay que comparar estudios, revisar quién controlará el servicio y explicar por qué las alternativas anteriores no se ejecutaron. Convertir las fuentes en banderas políticas nos devuelve al consultorio.
Las ciudades son cuerpos vivos. Crecen, ocupan nuevos territorios y demandan infraestructura. Detrás de cada tubería que faltó hubo decisiones sobre contratación y expansión urbana. La crisis también tiene una historia política: quién administró el servicio, qué obligaciones asumió y qué recibió Santa Marta.
De la cuchilla de San Lorenzo nacen los ríos Piedras, Manzanares y Gaira, fuentes tradicionales del acueducto. Sostuvieron a una Santa Marta mucho menor. El crecimiento urbano y los meses secos dejaron al descubierto la insuficiencia de captaciones y redes. Reconocer aquellas fuentes obliga a protegerlas y complementarlas; su existencia no garantiza el mismo caudal durante todo el año.
Los pozos ayudaron a atender ese crecimiento. Un documento técnico de Camacol y Superservicios, basado en información de ESSMAR de 2021, registró 52 pozos profundos como refuerzo del sistema. Es un antecedente, no el inventario operativo actual. Su contratación también explica decisiones que cambiaron la propiedad de la empresa prestadora.
Empomarta administró el servicio hasta 1989. La reconstrucción institucional de ESSMAR registra problemas de cobertura, facturación, recaudo, fugas y contaminación al terminar aquella etapa. Había un patrimonio que conservar y ampliar. Los modelos posteriores deben juzgarse por lo que hicieron con él y por el servicio que entregaron.
Metroagua nació antes del Gobierno de César Gaviria. El Decreto municipal 207 del 14 de julio de 1989, expedido por el alcalde Alfonso Vives Campo con facultades del Concejo, ordenó constituirla con un 49 % municipal y un 51 % privado. La escritura se otorgó el 14 de noviembre. Aquella distribución respondió a una decisión local.
La Ley 142 de 1994, expedida durante el Gobierno Gaviria, reconoció prestadores oficiales, mixtos y privados. Admitió empresas enteramente públicas y la forma de empresa industrial y comercial del Estado. No impuso vender universalmente el 51 % a particulares. La apertura al capital privado tuvo decisiones propias de alcaldes, concejales y juntas directivas.
Las redes eran distintas de las acciones del operador. Según ESSMAR, Empomarta entregó la infraestructura en fideicomiso al Distrito y Metroagua recibió su utilización contractual. La participación minoritaria municipal no eliminaba el patrimonio público ni la obligación de vigilar su mantenimiento y expansión.
El episodio de los pozos muestra cómo una urgencia de abastecimiento terminó convertida en una decisión sobre propiedad empresarial. La evaluación de Superservicios de febrero de 2017 recoge que, ante la insuficiencia de fuentes en 1994, Eléctricas de Medellín y Termotécnica Coindustrial ofrecieron a Metroagua agua subterránea en bloque. Opinión Caribe identificó estas firmas como vinculadas al empresario William Vélez. La deuda creció y, en 1997, parte se capitalizó convirtiendo a los proveedores en accionistas. El proveedor terminó participando en la empresa que le compraba.
¿Por qué la ciudad o su operador no financiaron directamente aquellos pozos? Perforar, bombear y operar tenía costos; el aprovechamiento del agua requería autorización. Correspondía comparar el suministro contratado con infraestructura propia y proteger a Santa Marta cuando la deuda se convirtió en acciones. Esa decisión merece una explicación económica.
Del 49 % previsto en 1989, la participación distrital pasó al 28 % informado por la Procuraduría en abril de 2017. Inassa tenía el 35 %; Termotécnica y Eléctricas de Medellín, conjuntamente, el 33 %. Los libros de accionistas y las actas deben explicar las valoraciones, los aportes y la actuación de los representantes del Distrito.
Después llegaron los operadores internacionales. El informe regional publicado por el DANE registra el contrato de septiembre de 1997 con la unión temporal AGBAR Santa Marta, integrada por Aguas de Barcelona, Inassa, Eléctricas de Medellín y Termotécnica. Documenta su sustitución por AAA Servicios en 2000. AGBAR comunicó ese año la venta de sus participaciones en Inassa, Triple A y Metroagua. Cambiaban los socios; las autoridades locales debían comprobar qué mejoraba para los usuarios.
La conexión con Madrid llegó mediante Inassa y Canal de Isabel II, empresa pública española. La compra de Inassa de 2001 terminó investigada en el caso Lezo, cuyo juicio por esa operación comenzó en septiembre de 2026. La Procuraduría colombiana había anunciado cooperación judicial desde 2017. Ese antecedente exige seguir responsabilidades concretas, sin convertir todos los contratos de Metroagua en delitos probados.
Cambiar de operador no cerró la crisis. En el próximo capítulo, el examen pasa a ESSMAR: qué prometió la recuperación pública, qué dejó la intervención y quién responde por las cuentas pendientes.
Fuentes de consulta del capítulo
[1] Foro «Santa Marta: El milagro del agua», 30 de octubre de 2026. Transcripción corregida y relatoría suministradas por el autor. Documento aportado por el autor; sin enlace público acreditado. El comunicado institucional de la referencia 2 permite consultar los anuncios oficiales, pero no sustituye la transcripción.
[7] Víctor Rodríguez Fajardo, «La verruga de Santa Marta», Opinión Caribe, 1 de noviembre de 2026.
[33] Ley 142 de 1994, artículos 5, 14.5–14.7 y 17.
[34] Superservicios, Evaluación integral de Metroagua, febrero de 2017, página 16.
[35] Opinión Caribe, «R&T y Metroagua Inassa en Santa Marta», 31 de mayo de 2017.
[36] Decreto Ley 2811 de 1974, artículos 80, 83 y 88.
[37] Procuraduría, boletín 301 del 27 de abril de 2017. Referencia bibliográfica conservada del original. Enlace original no localizado. Consultas públicas complementarias: Caracol Radio, composición accionaria de Metroagua; Seguimiento.co, anuncio de cooperación judicial. Estos enlaces no sustituyen la consulta del boletín. Caracol Radio — composición accionaria. Seguimiento.co — cooperación judicial.
[39] Grupo AGBAR, presentación corporativa depositada ante la CNMV, diapositiva 26.
[40] RTVE, inicio del juicio del caso Lezo relativo a la compra de Inassa, 7 de septiembre de 2026. Información sobre acusaciones, no condenas. Enlace de RTVE no localizado. Se incorpora como consulta alternativa identificada la cobertura de EFE del 7 de septiembre de 2026. EFE — comienzo del juicio.
[47] Corpamag, POMCA Río Piedras, Río Manzanares y otros directos al Caribe, resumen ejecutivo.
