El presupuesto de la verdad y el milagro de los inocentes

El Tigre celebra el monto. Sus respaldos ya tienen firmas, pero quedan por negociar los impuestos, la deuda y el reparto regional. La pregunta es qué exigirán quienes hoy acompañan al Gobierno cuando llegue la hora de financiar sus promesas.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Lo que viene detrás del «presupuesto de la verdad» está tan a la vista que sería un milagro que no lo vieran los honorables padres de la patria. Cuesta imaginar a esas ánimas del purgatorio congresional convertidas, de pronto, en feligreses inocentes del Tigre.

El 14 de septiembre, las cuatro comisiones económicas aprobaron el monto de $634,9 billones para 2027, con 64 votos a favor y 18 en contra. La alternativa del Pacto Histórico fue derrotada. Quedan el articulado y las plenarias: Abelardo ganó una votación; todavía debe demostrar cómo ejecutará esa cuenta. Votación del monto.

El respaldo tiene firmas. En la proposición aprobada aparecen Christian Garcés, del Centro Democrático; Héctor Chaparro, liberal; María Camila Salas, conservadora; Carlos Cuenca, de Cambio Radical, y Milene Jarava, de La U. Son apoyos al monto que pueden identificarse en el documento. El registro nominal sigue siendo necesario para repartir los 64 votos entre bancadas. Proposición aprobada y sus firmas.

Mi sospecha es que acompañar el gasto les permite ganar tiempo y conservar margen para negociar los sacrificios. Cuanto más necesite el Gobierno conseguir financiación, más razones tendrá para volver a buscarlos.

La señal más reveladora salió del propio Gobierno. Al agradecer la aprobación, Rodrigo Lara anunció una reforma constitucional para que los congresistas postulen proyectos de inversión regional y planteó cambios en las reglas sobre conflicto de interés. Ofreció ampliar su intervención en las inversiones. El anuncio no prueba un canje de votos, pero sí obliga a preguntar quién gana poder con esas nuevas reglas. Anuncio del ministro del Interior.

Mientras el presidente presume mando, su ministro les ofrece más espacio a quienes tienen los votos. Difícil creer que los honorables escucharon semejante propuesta pensando únicamente en el bienestar de la patria.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, pidió aprobar el monto. Cepeda puso el respaldo. Falta ver qué pedirá cuando Hacienda vuelva por los votos. ¿Sus conservadores acompañarán los impuestos? ¿Aceptarán recortes en sus regiones cuando preparan las elecciones de 2027? Respaldo público de Cepeda.

Garcés ya puso cifras a su pretensión: cuatro billones adicionales para Defensa y reorganizar pagos de deuda para aumentar la inversión en quince billones. Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, reclamó más recursos para vías terciarias. Son peticiones públicas, todavía pendientes de convertirse en partidas. Una carretera tiene municipio, beneficiarios y ceremonia de entrega. Un impuesto exige explicar a quién se le metió la mano al bolsillo. Peticiones durante el debate.

Los liberales, además, tienen dos de las seis sillas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público; el Centro Democrático, otras dos; conservadores y Pacto Histórico, una cada uno. Allí se examinan operaciones de crédito externo. Ningún partido reúne por sí solo la mayoría. Esa distribución cuenta para las negociaciones que vienen, aunque no reconstruye la votación del presupuesto. Integración de la Comisión de Crédito Público.

Las cuentas pendientes tienen nombre: distribución regional, beneficios tributarios, gastos que cada bancada quiera proteger y autorizaciones de endeudamiento. Un aliado puede acompañar el monto y luego disputar una partida, defender una exención o rechazar un recorte. Esa posibilidad de negociar decisión por decisión es el poder que conserva.

Ampliar el cupo exigirá una ley si las operaciones previstas superan las autorizaciones disponibles. Cambiar impuestos también requiere trámite legislativo. Mi apuesta es que la estrechez fiscal empujará al Gobierno hacia esas discusiones; su necesidad concreta dependerá de cuánto consiga recaudar, pedir prestado y ajustar.

Las vigencias futuras añaden otra disputa: cuáles obras comprometerán recursos de los años siguientes. En el orden nacional las autoriza el Confis. El congresista puede presionar la prioridad; la autorización, el contrato y el giro tienen otros responsables.

El problema financiero consiste en saber si los ingresos y préstamos previstos son alcanzables, cuánto costarán y qué se sacrificará si fallan. Nadie exige tener hoy toda la plata de 2027 en caja. El CARF advierte que el proyecto retiró ingresos contingentes y aumentó su dependencia de deuda interna y externa. Esa apuesta debe demostrar que puede sostenerse. Evaluación fiscal del CARF.

El CARF proyecta para 2027 un déficit primario del 4,5 % del PIB: el Gobierno gastaría más de lo que recibe incluso antes de pagar intereses. Al incluirlos, el déficit total se acercaría al 10 % del PIB. Ese es el desequilibrio que debe financiar o reducir con mayores ingresos y ajustes del gasto. Cubrirlo con deuda deja intereses para los años siguientes. Déficit previsto para 2027.

Impuestos, deuda y ajuste del gasto conducen la discusión. Cobrar cartera, reducir evasión, vender activos, crecer más o recibir cooperación puede ayudar, con límites de monto, tiempo o permanencia. Refinanciar alivia pagos inmediatos, pero puede encarecer el futuro. Aplazar una obra también tiene costo, aunque el ministro no lo mencione.

Aquí aprieta la contradicción de Abelardo: prometió recorte y rapidez; el presupuesto crece y la inversión baja frente al proyecto inicial. El CARF reconoce que se incorporaron obligaciones antes insuficientemente previstas y que buena parte del aumento corresponde al servicio de deuda. La herencia explica parte de la cuenta. Al Tigre le toca explicar cómo la paga. Composición del nuevo presupuesto.

Modificar obligaciones fijadas por ley, tramitar impuestos y obtener autorizaciones adicionales exige pasar por el Congreso. El rugido no reemplaza la mayoría.

La UNGRD impide mirar esta relación con estampitas. El 11 de marzo de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó a cinco congresistas y un excongresista por presunto cohecho impropio. Según la investigación, durante 2023 habrían aceptado ofrecimientos ligados a proyectos de la entidad a cambio de comprometer sus conceptos sobre operaciones de crédito que interesaban a Hacienda. Decisión de la Corte Suprema.

Aquella acusación no equivale a una condena ni compromete por extensión a los integrantes actuales. Pero obliga a vigilar cómo se negocian los respaldos para financiar al Estado. En el gobierno de Petro, la oficina encargada de atender desastres terminó en el centro de un desastre de corrupción. La memoria sirve para exigir cuentas antes de que lleguen los expedientes.

En Santa Marta, la cuenta debe seguirse hasta la tubería. El CONPES 4159 contempla aportes nacionales por $255.334 millones para las desalinizadoras en 2027. La puesta en marcha está prevista para 2030. Entre ambas fechas hay autorizaciones, apropiaciones, desembolsos y obras: cada paso necesita responsable y calendario. CONPES 4159 y programación financiera.

Hacienda debe explicar qué protegerá si necesita ajustar el gasto. MinVivienda debe mostrar la partida y los desembolsos de las desalinizadoras. ESSMAR debe informar sobre contratación, ejecución y conexión con las redes. Anunciar millones no abre el grifo.

El Curval tiene otra cuenta. EDUS adjudicó el proyecto al Consorcio Planta Curval el 2 de junio. La estructura divulgada por Opinión Caribe en abril preveía crédito de proveedor: el constructor financiaba la ejecución y el Distrito aportaba recursos a una fiducia con pagos programados hasta 2036. Es el antecedente financiero que debe contrastarse con el contrato definitivo. Adjudicación del 2 de junio, estructura financiera divulgada en abril.

El seguimiento publicado en junio identificó $45.100 millones en cupos presentados para habilitar al consorcio: $41.100 millones de Liquitech a CM Ingeniería y $4.000 millones del Banco de Bogotá a CFD Ingeniería. Ese respaldo habilitante no acredita financiación desembolsada para toda la obra. Pinedo y EDUS deben mostrar cuánto está disponible, qué renta paga las cuotas y quién asume los mayores intereses. Cupos acreditados por el consorcio.

Con ese esquema, hay que mirar la capacidad de pago distrital y el costo del crédito. La exposición directa de El Curval a un recorte nacional aún debe demostrarse. Margarita Guerra y Aguas del Magdalena tienen otra cuenta por entregar: obra por obra, municipio, fuente de financiación y giro pendiente. Solo así sabremos dónde puede golpear el ajuste.

La delegación del Magdalena también debe responder. Chadán Rosado figura como ponente del presupuesto en la Cámara y Farelo como coordinador ponente en el Senado. ¿Qué partidas defenderán, con qué financiación y qué recortes estarían dispuestos a aceptar? La geopolítica parroquial debería empezar por mostrar esos números. Ponentes registrados por la Cámara.

Para Pedro Pueblo, un giro aplazado puede significar más meses comprando agua; mayores intereses pueden quitar espacio a otra inversión; un impuesto nuevo puede reducir lo que lleva al mercado. Son riesgos por vigilar, no recortes ya acreditados en estas obras.

El Tigre puede creer que tiene domesticado al Congreso. El Congreso puede creer que sabe cómo cazarlo. Pedro Pueblo debería cuidar el bolsillo: de esa cacería puede salir pagando hasta el agua que todavía no le llega.