“Ahorrar no puede significar dejar de operar”: Acodres

En conversación con Opinión Caribe, Paola Narváez Uribe, directora ejecutiva de Acodres Magdalena, advirtió que la energía puede representar cerca del 35% de los costos operativos de un restaurante y que existen establecimientos donde la factura eléctrica supera incluso el valor del arriendo. El gremio pide revisar el esquema de cobros adicionales de la CREG bajo las condiciones particulares del Caribe.

El problema para los restaurantes de Santa Marta no es decidir si quieren ahorrar energía. La discusión está en cuánto pueden reducir realmente su consumo sin comprometer la cadena de frío, la climatización, la conservación de alimentos o el funcionamiento mismo del negocio.

Así lo planteó Paola Narváez Uribe, directora ejecutiva de Acodres Magdalena, en conversación con Opinión Caribe, al exponer las preocupaciones del sector gastronómico frente al programa de reducción del consumo eléctrico establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

“No estamos diciendo que el sector gastronómico no quiera ahorrar energía. Todo lo contrario”, explicó Narváez. El gremio reconoce que la eficiencia energética también beneficia a los empresarios, pero advierte que una parte importante del consumo de un restaurante no puede reducirse de la misma manera que en otros establecimientos.

Cuartos fríos, neveras, congeladores, sistemas de extracción, equipos de cocina e iluminación hacen parte de la operación cotidiana. A esto se suma el aire acondicionado, particularmente relevante en una ciudad con las condiciones climáticas de Santa Marta.

Para Narváez, la climatización no puede analizarse simplemente como un consumo prescindible cuando también permite mantener condiciones adecuadas para trabajadores y clientes.

“Ahorrar no puede significar apagar un cuarto frío […] o afectar las cadenas de frío de los alimentos”, sostuvo.

El 110 % que preocupa al sector

La discusión surge alrededor de la Resolución CREG 101 120 de 2026, que estableció un programa transitorio de uso eficiente de energía para usuarios regulados.

La norma fija una meta individual de consumo y establece que cuando un usuario supera el 110 % de esa referencia, el consumo que exceda ese límite queda sujeto a un cobro adicional. Para los usuarios comerciales e industriales, el factor definido por la CREG es de 1,70.

Esto no significa que toda la factura de un comercio aumente en un 70 %. El mecanismo se calcula sobre el consumo que supere el umbral definido por la regulación. Técnicamente, además, la CREG lo denomina “cobro adicional”, no multa.

La fecha de inicio y algunos aspectos operativos del programa fueron posteriormente modificados mediante la Resolución CREG 101 126 de 2026, pero se mantuvo el esquema establecido para controlar el consumo excedente.

Para Acodres, la discusión no debería limitarse a determinar cuántos kilovatios consume un restaurante.

“Nuestra preocupación como gremio es que no se mida únicamente cuánto consume un establecimiento, sino cuánto de ese consumo es técnicamente necesario para operar”, afirmó Narváez a Opinión Caribe.

La factura puede pesar más que el arriendo

La preocupación adquiere otra dimensión cuando se lleva a las cuentas de los establecimientos.

Según la directora ejecutiva de Acodres Magdalena, la energía puede representar cerca del 35 % de los costos operativos de un restaurante.

El gremio también ha recibido reportes de establecimientos en los que la factura de energía ya supera el valor mensual del arriendo.

Para negocios que trabajan con márgenes estrechos, un nuevo costo relacionado con el consumo eléctrico puede terminar reduciendo todavía más su capacidad para sostener la operación.

Pero Narváez hace una precisión: la crisis del sector gastronómico no se explica únicamente por la energía.

Los restaurantes también enfrentan aumentos en costos laborales, arrendamientos, materias primas, impuestos, seguridad y demás servicios públicos.

Esa suma de presiones ya comienza a mostrar consecuencias.

Cinco restaurantes cerraron en agosto

Acodres Magdalena reportó que cinco establecimientos gastronómicos cerraron sus puertas durante agosto en Santa Marta.

Narváez no atribuyó esos cierres exclusivamente a las facturas eléctricas. Los presentó como parte de un escenario empresarial mucho más amplio en el que distintos costos están comprometiendo la rentabilidad de los negocios.

“Ha sido un mes muy difícil para nuestra industria”, señaló.

Cada cierre, advirtió, también representa puestos de trabajo que desaparecen y menor actividad para una industria vinculada directamente con el turismo y la economía de Santa Marta.

El gremio sostiene que el desafío ahora consiste en encontrar condiciones que permitan mantener abiertos los establecimientos sin desconocer la necesidad nacional de reducir el consumo eléctrico.

La paradoja de las temporadas altas

Existe además una particularidad que puede golpear especialmente a una ciudad turística.

Cuando Santa Marta entra en temporada alta y aumenta el número de visitantes, también crece la actividad de los restaurantes.

Más comensales significan mayor cantidad de alimentos almacenados, más utilización de cuartos fríos y neveras, mayor actividad en las cocinas y la necesidad de habilitar espacios adicionales con aire acondicionado.

Es decir, el momento en que un restaurante vende más también puede ser el momento en que más energía necesita consumir.

“Si tenemos mayor número de comensales, tenemos mayor consumo de energía”, explicó Narváez.

Para Acodres, ese comportamiento debería ser tenido en cuenta al evaluar la aplicación de una meta construida a partir del consumo histórico.

“Los aires acondicionados y estos equipos para nosotros no son un lujo; son una necesidad para poder operar nuestros establecimientos”, agregó.

Acodres pide una revisión para el Caribe

La posición del gremio no es solicitar que los restaurantes queden exentos de cualquier política de ahorro.

Narváez asegura que están pidiendo “equidad y proporcionalidad”.

Acodres considera que deberían analizarse variables como la temperatura, humedad, actividad económica y los consumos técnicamente indispensables antes de aplicar de la misma forma el esquema en todo el país.

“Santa Marta tiene condiciones climáticas que hacen que la climatización y la refrigeración tengan un peso estructural en la operación de nuestros establecimientos gastronómicos”, dijo.

Desde Acodres Nacional ya se planteó la solicitud de abrir una mesa técnica con la CREG, el Gobierno Nacional y los gremios, según informó Narváez.

La intención es revisar el impacto de la medida sobre restaurantes, hoteles y otros establecimientos del Caribe y discutir mecanismos que permitan reducir el consumo sin comprometer la operación, el empleo y la seguridad alimentaria.

El Caribe comienza a cuestionar la medida

El debate no está ocurriendo únicamente en Santa Marta.

La Alcaldía de Cartagena presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución CREG 101 126 y solicitó como medida cautelar suspender su aplicación en esa ciudad. Entre sus argumentos aparecen precisamente las condiciones climáticas y sociales particulares del Caribe. Hasta ahora, la presentación de la demanda no significa que la norma haya sido anulada o suspendida; esa decisión corresponde a la justicia.

Para Acodres Magdalena, la discusión debe llevarse por un camino similar, pero desde la realidad empresarial del sector gastronómico.

La pregunta que queda sobre la mesa no es si los restaurantes deben ahorrar energía, sino cuánto margen real tienen para hacerlo cuando una parte sustancial de su consumo mantiene funcionando el negocio.

Narváez resume la posición del gremio en una frase:

“No estamos pidiendo que no se ahorre energía; estamos pidiendo que se pueda ahorrar sin tener que dejar de operar”.