PUEBLOVIEJO: BLOQUEOS, COBROS ILEGALES Y UNA AUTORIDAD AUSENTE

En 2026, los cierres del corredor se acercan a 30. La llegada de la temporada de fin de año aumenta el riesgo de que los viajeros vuelvan a quedar expuestos a cobros ilegales en Tasajera.

Por Víctor Rodríguez Fajardo
OPINIÓN CARIBE

Quienes hemos quedado atrapados en la vía Santa Marta–Barranquilla conocemos el sol inclemente, las horas perdidas y la incertidumbre de no saber cuándo abrirán el paso. En Puebloviejo, los cierres se repiten mientras los habitantes reclaman servicios básicos y los viajeros soportan las consecuencias.

El recuento de Opinión Caribe registró 24 interrupciones efectivas de la movilidad hasta el 17 de agosto de 2026. Con los cierres posteriores, el balance periodístico del corredor se acerca a 30. Esa cifra corresponde al corredor Santa Marta–Barranquilla; no atribuye todos los episodios exclusivamente a Puebloviejo.

Cuando la vía queda bloqueada, aparecen los llamados “salvadores”, que ofrecen atravesar calles y barrios para esquivar el trancón. En algunos recorridos, personas cobran en las esquinas para permitir el paso. Opinión Caribe documentó la reiteración de esos cobros en “El negocio criminal que se tomó la vía Ciénaga–Barranquilla”; El Callejero registró en “Bloquean la Troncal del Caribe en Tasajera y exigen hasta $20.000 por vehículo” las sumas exigidas durante un cierre en ese corregimiento.

El alcalde Brando Márquez y su secretario de Gobierno deben explicar por qué, en los cierres que hemos padecido, no los vemos al frente de la situación. Según nuestra observación, en el lugar quedan apenas unos cinco policías municipales, expuestos mientras intentan contener la tensión y evitar que el desespero termine en una asonada. Parecen “testigos congelados” de una crisis que requiere conducción política.

En esta denuncia calificamos de doloso el silencio del alcalde por sus efectos: los cierres se repiten y la comunidad no ve una respuesta municipal efectiva. Márquez debe explicar qué hizo para prevenirlos, atender los reclamos y proteger a habitantes y viajeros.

La obra vial también está bajo presión. En “La institucionalidad abandonó la Ruta Magdalena Sierra Mar a su suerte”, Opinión Caribe documentó bloqueos que paralizaron maquinaria y trabajadores, además de presiones y posibles extorsiones contra quienes ejecutan el proyecto. La obra y el mantenimiento del corredor requieren garantías para trabajar; los usuarios, para circular.

También debe aclararse el señalamiento sobre una erogación de 500 millones de pesos de recursos públicos. La Alcaldía debe precisar su objeto, publicar los soportes y explicar los resultados. Los organismos de control fiscal, según sus competencias, deben revisar la contratación y determinar si hubo irregularidades o detrimento patrimonial.

La Alcaldía debe dar la cara; las autoridades, proteger la obra y el corredor; y la Fiscalía, investigar los cobros, amenazas y extorsiones denunciados.

¿Qué hará Brando Márquez antes de que la temporada de fin de año vuelva a dejar viajeros atrapados y expuestos a cobros ilegales en Tasajera? ¿O será, otra vez, la temporada del corone para quienes cobran mientras la autoridad guarda silencio?