Presupuesto nacional de $634,9 billones entra en su etapa decisiva en el Congreso

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 se prepara para sus últimos debates en Cámara y Senado, en medio de cuestionamientos sobre el endeudamiento, la reducción de recursos para inversión y la distribución presupuestal entre los departamentos. El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para definir el futuro de las finanzas públicas del próximo año.

El Congreso de la República se prepara para una de las decisiones económicas más importantes del año: la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, cuyo monto fue fijado en $634,9 billones, una cifra que ha generado debates sobre la sostenibilidad fiscal, el pago de la deuda pública y los recursos destinados a sectores estratégicos como salud, educación, infraestructura y desarrollo regional.

De acuerdo con información publicada este viernes 9 de octubre por la Cámara de Representantes, se espera que a partir del próximo martes 13 de octubre comience la discusión del proyecto en la plenaria de esa corporación. Tanto la Cámara como el Senado tendrán como fecha límite el 20 de octubre para completar el trámite legislativo.

La iniciativa, identificada como proyecto de ley 152 de 2026 Cámara y 111 de 2026 Senado, ya superó su primer debate en las comisiones económicas conjuntas, donde fue aprobado el monto propuesto por el Gobierno nacional.

Sin embargo, el texto llegará a su etapa definitiva con numerosas solicitudes de modificación relacionadas con la asignación de recursos a las entidades públicas y los diferentes territorios del país.

¿Cómo se distribuirán los $634,9 billones?

El presupuesto presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, denominado por el Ejecutivo como el «Presupuesto de la Verdad», establece tres componentes principales: funcionamiento del Estado, servicio de la deuda pública e inversión.

Según el análisis del proyecto revisado presentado por el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, la distribución contempla:

$392,6 billones para funcionamiento: recursos destinados a financiar las obligaciones y operaciones de las entidades públicas.

$155,4 billones para el servicio de la deuda: apropiaciones para atender los compromisos financieros del Estado, incluidos intereses y amortizaciones.

$87 billones para inversión: recursos dirigidos a financiar programas y proyectos en distintos sectores y territorios.

En términos porcentuales, aproximadamente el 62 % del presupuesto corresponde a funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y el 14 % a inversión.

La composición del gasto constituye uno de los puntos centrales de la discusión, especialmente porque una proporción importante de los recursos deberá destinarse al cumplimiento de obligaciones existentes.

El Banco de la República señaló que el proyecto revisado representa un aumento del 14,2 % frente a las apropiaciones vigentes de 2026, calculadas en $555,8 billones al momento de su análisis.

Asimismo, el presupuesto inicialmente presentado en julio fue incrementado en $59,3 billones durante agosto, principalmente para reconocer obligaciones adicionales, entre ellas mayores necesidades de recursos para el servicio de la deuda.

Endeudamiento y sostenibilidad fiscal, en el centro del debate

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la capacidad del Estado para financiar el presupuesto sin profundizar los desequilibrios de las finanzas públicas.

Durante las discusiones en las comisiones económicas, representantes del Pacto Histórico presentaron una propuesta alternativa para reducir el monto total a $597 billones, argumentando la necesidad de aplicar criterios de austeridad y responsabilidad fiscal.

La iniciativa fue rechazada y las mayorías parlamentarias mantuvieron la propuesta de $634,9 billones.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez Martínez, ha sostenido que el presupuesto busca reconocer las obligaciones fiscales existentes y responder a las necesidades financieras del Estado.

El gerente del Banco de la República advirtió, en su intervención del 1 de septiembre, sobre los riesgos que representan los desequilibrios fiscales proyectados.

De acuerdo con el análisis presentado por Villar, el plan financiero actualizado contemplaba un déficit fiscal que podría alcanzar el 9,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027 si no se adoptan medidas adicionales.

El Gobierno ha anunciado la preparación de una ley de ajuste fiscal, orientada a racionalizar el gasto público. Según las proyecciones examinadas por el Banco, la aplicación integral de ese ajuste permitiría reducir el déficit previsto, aunque las presiones fiscales continuarían siendo elevadas.

Estas estimaciones corresponden a escenarios fiscales y no deben interpretarse como resultados definitivos para 2027.

Salud, educación e inversión regional concentran las preocupaciones

Durante el primer debate, realizado el 23 de septiembre, los congresistas discutieron centenares de proposiciones relacionadas con la redistribución de los recursos públicos.

Según el Senado, entre los ajustes incorporados durante esa etapa se encuentran una reasignación de $2 billones adicionales para salud y protección social y un incremento de $99.100 millones para deporte y recreación.

También se reportaron disminuciones de $13.500 millones en planeación y $15.600 millones en transporte, sin modificar el monto total aprobado.

No obstante, otras solicitudes de modificación quedaron pendientes de estudio para su eventual incorporación durante las sesiones plenarias.

La Cámara de Representantes informó que más de 500 proposiciones fueron dejadas como constancias durante el primer debate, principalmente sobre el presupuesto regionalizado y la asignación de recursos a entidades nacionales.

Entre las preocupaciones expresadas por los congresistas figuran la financiación de vías terciarias, programas de salud, educación pública, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las instituciones responsables de la organización y vigilancia de las elecciones territoriales de 2027.

Uno de los asuntos mencionados por el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Alfredo Ape Cuello, es la necesidad de revisar las apropiaciones para el Consejo Nacional Electoral, considerando los recursos requeridos para desarrollar sus funciones durante los próximos comicios regionales.

¿Qué está en juego para el Magdalena y la región Caribe?

Más allá del monto nacional, una de las discusiones relevantes para los departamentos será la distribución territorial de la inversión contemplada en el presupuesto regionalizado.

Este componente permite identificar los recursos destinados a programas y proyectos de inversión en los diferentes departamentos, aunque las asignaciones pueden modificarse durante el trámite legislativo.

En el caso del Magdalena, la discusión cobra importancia por las necesidades de financiación de proyectos de infraestructura vial, servicios públicos, salud, educación y desarrollo económico.

La definición de las partidas regionales permitirá establecer qué iniciativas podrían contar con respaldo presupuestal nacional durante 2027 y cuáles dependerán de nuevas gestiones de financiación.

En el debate también se han expresado preocupaciones por posibles reducciones en las asignaciones a varios departamentos del Caribe. Durante las sesiones de las comisiones económicas, la oposición advirtió sobre disminuciones proyectadas para Atlántico, Bolívar y otros territorios.

Sin embargo, será necesario revisar el documento definitivo aprobado por el Congreso para determinar las asignaciones que corresponderán al Magdalena y establecer las diferencias frente al presupuesto anterior.

El 20 de octubre, fecha definitiva

El calendario legislativo establece que el Congreso deberá concluir la discusión y aprobación del Presupuesto General de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre.

De acuerdo con el artículo 59 del Decreto 111 de 1996, que contiene el Estatuto Orgánico del Presupuesto, si el Congreso no expide la ley dentro de ese plazo, regirá el proyecto presentado por el Gobierno nacional, incluidas las modificaciones aprobadas durante el primer debate.

Esto significa que el vencimiento del plazo no deja al país sin presupuesto, pero sí limita la posibilidad de incorporar cambios adicionales mediante el trámite ordinario en las plenarias.

Las sesiones previstas a partir del 13 de octubre serán determinantes para conocer la distribución definitiva de los recursos, las modificaciones aceptadas por el Ministerio de Hacienda y las prioridades de financiación para 2027.

El debate presupuestal no se limita a establecer cuánto dinero tendrá disponible el Estado. También definirá qué proporción de esos recursos podrá destinarse a nuevas inversiones, qué obligaciones absorberán una mayor parte del gasto público y cuáles proyectos nacionales y regionales contarán con respaldo financiero.

Para departamentos como el Magdalena, el resultado será especialmente relevante porque permitirá conocer los recursos nacionales previstos para atender necesidades territoriales y las posibilidades de financiación de iniciativas de desarrollo durante el próximo año.