Más deudas que agua: el funesto legado de la Essmar a Santa Marta

Con pasivos por más de $179 mil millones y una cartera con más del 50% en mora irrecuperable, la empresa vuelve al control del Distrito como un símbolo inequívoco de la ineptitud administrativa. El déficit operacional, la infraestructura envejecida y los litigios sin resolver, dejan al descubierto una empresa colapsada sin posibilidad de cumplir efectivamente con la prestación de los servicios públicos a su cargo.

Por: José D. Pacheco Martínez

La Alcaldía de Santa Marta emitió recientemente un comunicado de prensa donde celebra que la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) vuelve a la administración distrital tras varios años de intervención por parte del Gobierno Nacional y una situación financiera y legal que exige ser explicada con claridad. Este regreso, lejos de significar una simple transferencia de mando, implica que la ciudad asume una empresa con deudas, litigios y activos en deterioro, todo ello bajo la lupa de los organismos de control y con la expectativa de una ciudadanía que, más allá de tecnicismos, solo desea servicios públicos confiables.

Para entender el desafío, conviene explicar primero qué es un pasivo en términos sencillos. Un pasivo es cualquier deuda u obligación que la empresa tiene con terceros, ya sea por préstamos bancarios, pagos pendientes a proveedores, impuestos por pagar o anticipos recibidos por servicios aún no prestados. Los pasivos se dividen, según la urgencia de pago, en corrientes (a menos de un año), no corrientes (a más largo plazo) y diferidos (ingresos recibidos por anticipado).

En el caso de Essmar, los pasivos totales al cierre de 2024 ascienden a $179.137 millones, de los cuales $41.241 millones son corrientes y $137.895 millones son de largo plazo, incluyendo préstamos con bancos y el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero la deuda no es solo con entidades financieras: dentro de los pasivos se encuentran también obligaciones fiscales, es decir, impuestos y tasas pendientes con entidades como la DIAN, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.

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Si estas obligaciones no se pagan a tiempo, pueden derivar en sanciones y embargos, afectando aún más la liquidez de la empresa. Además, hay cuentas por pagar a proveedores y contratistas, muchas de ellas acumuladas desde antes de la intervención estatal (las llamadas “pretoma”), que siguen sin resolverse y suman más de $27.000 millones.

Un aspecto menos visible, pero igual de relevante, son las provisiones y los pasivos contingentes. Las provisiones son reservas que la empresa debe hacer para enfrentar posibles pagos futuros derivados de litigios, demandas laborales o contractuales, cuya probabilidad de pérdida es alta según los mismos reportes de la empresa. En 2024, Essmar reporta provisiones por $3.240 millones, principalmente por procesos judiciales en curso donde la probabilidad de fallo en contra supera el 51%.

Los pasivos contingentes, por su parte, son obligaciones potenciales que dependen de la ocurrencia de eventos futuros inciertos, como demandas aún no resueltas. Aunque no siempre aparecen en los estados financieros, deben ser revelados en las notas para que los usuarios comprendan los riesgos reales de la empresa. También es preocupante la situación de la cartera, es decir, el dinero que los usuarios deben a Essmar por servicios prestados.

Más del 51% de esa cartera está considerada de difícil recaudo y ya ha sido provisionada como pérdida probable, especialmente en acueducto y alcantarillado. Esto significa que, aunque en los libros aparece como un derecho a cobrar, en la práctica es dinero que probablemente nunca ingresará a la caja de la empresa. En 2024, el gasto por deterioro de cartera aumentó en $3.713 millones, reflejando la persistencia de usuarios morosos y la ineficacia de las estrategias de cobro.

En cuanto a los activos, Essmar posee infraestructura y equipos cuyo valor neto aumentó en 2024, pero este crecimiento se debe más a ajustes contables y a la finalización de algunas obras puntuales que a una política sostenida de renovación. La depreciación y el deterioro acumulado muestran que buena parte de la infraestructura está envejecida y requiere inversiones urgentes para evitar colapsos en la prestación de los servicios.

El deterioro de activos se reconoce cuando, por daños físicos o por obsolescencia, el valor de un bien en los libros supera el beneficio que puede aportar en el futuro. Si no se invierte en su recuperación, la empresa pierde capacidad de prestar servicios de calidad. A nivel legal y normativo, Essmar está sujeta a la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos en Colombia y exige que las empresas sean financieramente viables y transparentes en su gestión.

La Superintendencia de Servicios Públicos y la Contraloría Distrital ejercen control constante sobre la empresa, exigiendo reportes periódicos y auditorías que buscan garantizar la correcta presentación de la información y la prevención de fraudes o malos manejos. Sin embargo, la propia Essmar reconoce limitaciones importantes, como la ausencia de sistemas integrados de información y la falta de actualización en la valoración de activos, lo que dificulta aún más la gestión eficiente y transparente.

El resultado de todo este entramado financiero y legal es que, aunque Essmar logró cerrar 2024 con un pequeño excedente de $169 millones, este resultado es apenas una fracción de lo necesario para cubrir sus obligaciones y garantizar inversiones en infraestructura. Los ingresos operacionales disminuyeron un 3% y los costos y gastos superaron los $113 mil millones, generando un déficit operacional que solo se compensa parcialmente con ingresos financieros y otros rubros extraordinarios.

En resumen, la devolución de Essmar al Distrito no es simplemente un cambio de administración, sino la asunción de una empresa con una pesada herencia de deudas, litigios y activos deteriorados. Para la ciudadanía, esto se traduce en el riesgo de seguir enfrentando servicios públicos deficientes, mientras la administración local busca soluciones en un escenario donde la viabilidad financiera es imposible.

La única vía que algunos expertos sin intereses creados consideran oportuna es la liquidación de la Essmar y entrada en el tablero de una APP de iniciativa privada con músculo financiero y experiencia en este tipo de negocios, como varias de las internacionales que presentaron reparos a la fracasada licitación pública para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua El Curval.

Posdata:

Según varios expertos en contabilidad consultados para esta nota, la pregunta incómoda surge al cruzar datos: si el 83% de los pasivos ‘pretoma’ ($27.444 millones) corresponde a contratos anteriores a 2021, ¿por qué persisten en los balances cuatro años después? Cuando la Ley 142 de 1994 exige saneamiento financiero previo a devoluciones.

¿Aceptar una empresa técnicamente quebrada es ejercicio de soberanía o la perpetuación de un sistema donde el control contractual supera al interés público?

Las preguntas quedan abiertas, mientras los samarios esperan respuestas y resultados concretos.