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Carta abierta al presidente Gustavo Petro y las Fuerzas Vivas del Magdalena
Editorial
Santa Marta se acerca a sus 500 años arrastrando como un pesado lastre el hecho de ser la ciudad más antigua del continente. A pesar del crecimiento sostenido del turismo, dinamismo demográfico y el potencial logístico que ofrece su ubicación estratégica y calado natural de su puerto en el Caribe, la ciudad continúa atrapada por problemas no superados que se agravan con el pasar de los años y limitan su proyección como capital moderna.
Este aniversario no puede ser asumido como un evento simbólico más, sino que, tiene que convertirse en una oportunidad política concreta para impulsar un nuevo ciclo de inversión, planificación, gestión territorial de largo alcance y proactividad de la clase dirigente, hasta ahora más bien tímida en el espectro nacional. En ese sentido, huelga decir, que la ciudad no necesita homenajes ni conmemoraciones, sino, soluciones concretas en el corto, mediano y largo plazo, dada la realidad. Y esas soluciones no pueden seguir aplazándose con diagnósticos repetidos o promesas de tarima y megáfono.
En este contexto, desde OPINIÓN CARIBE proponemos una agenda mínima de seis puntos estratégicos que, lejos de ser una aspiración a gran escala, constituye más bien, un piso básico para garantizar que Santa Marta transite los próximos años con mayor cohesión urbana, justicia territorial y capacidad institucional real; se trata de intervenciones urgentes en infraestructura aérea; logística multimodal, desarrollo socioeconómico y ordenamiento territorial.
Cada punto recoge un problema concreto, pero también una vía de acción posible si se asume con decisión y articulación entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y la ciudadanía organizada, las Fuerzas Vivas. A pocos días de su quinto centenario, Santa Marta no necesita retórica ni revivir la lucha de clases, sino garantías para un futuro funcional, conectado y equitativo. ¡Esta es una ciudad que ya ha esperado demasiado!
- Liberar a Santa Marta de los límites que encadenan su conectividad aérea
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ha sido, por décadas, una puerta de entrada clave para Santa Marta y su turismo en expansión. Sin embargo, hoy enfrenta un límite estructural que impide su transformación en un verdadero motor de desarrollo regional. La infraestructura actual se encuentra prisionera entre el mar, una empresa carbonífera y la línea férrea, lo cual impide su ampliación operativa y compromete seriamente su proyección futura: su pista, de apenas 1.700 metros, no permite la operación de aeronaves de largo alcance, hecho que restringe el desarrollo de rutas internacionales estratégicas.
Frente al crecimiento sostenido de pasajeros —más de 3.2 millones en 2024, con un incremento del 15,4% respecto al año anterior— y ante el riesgo que representa el cambio climático sobre su localización costera, se hace urgente dejar de pensar en soluciones provisionales y apostar por la construcción de un nuevo aeropuerto metropolitano, con capacidad de largo plazo y proyección regional.
Esta infraestructura, ubicada en una zona estratégica, debe integrar funcionalmente a municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca, para que pueda convertirse en un verdadero nodo de conectividad para el Caribe colombiano. La obra es una necesidad impostergable, en el entendido de que el desarrollo turístico, la competitividad logística, el comercio exterior y la integración territorial requieren una plataforma aérea moderna, segura, sostenible y con potencial de expansión.
Persistir en inversiones marginales sobre un aeropuerto territorialmente agotado es seguir aplazando una decisión estratégica para el desarrollo del Caribe. Santa Marta no puede seguir creciendo con un aeropuerto anclado en el mar.
Es momento de imaginar, planear y ejecutar un sistema aeroportuario a la altura del futuro que merece la región, que se posicione como el hub logístico y de carga más grande del Caribe, aprovechando la oportunidad de integrar el transporte férreo, marítimo y carretera. También, sería factible la implementación de un puerto seco; mientras que el terreno donde opera actualmente el Aeropuerto Simón Bolívar podría ofertarse a franquicias de gran envergadura y músculo financiero como Disney o Hard Rock Hotel para financiar parte de la obra.
- Reubicar la Cárcel Rodrigo de Bastidas: una oportunidad de transformación urbana
La permanencia del Centro Penitenciario Rodrigo de Bastidas en el corazón urbano de Santa Marta constituye un anacronismo que obstaculiza el desarrollo metropolitano de la ciudad. Esta infraestructura carcelaria, ubicada en una zona de alto valor urbanístico, genera múltiples situaciones negativas que fragmentan el espacio urbano y limitan las posibilidades de conexión entre sectores residenciales y comerciales.
Su presencia restringe actividades económicas y sociales, reduciendo el potencial de valorización inmobiliaria en una ciudad que aspira a consolidarse como destino turístico de clase mundial. La construcción del nuevo complejo carcelario en San Ángel representa la solución técnica adecuada, pero las obras han enfrentado retrasos significativos debido a la presencia de estructuras paramilitares que ejercen control territorial y presión sobre el proyecto.
Esta situación evidencia cómo la criminalidad organizada puede paralizar iniciativas de desarrollo público fundamentales, convirtiendo proyectos de interés público en rehenes de sus intereses particulares y encareciendo los costos de la infraestructura. La Presidencia de la República cuenta con las herramientas institucionales y el poder político necesario para desarticular estos obstáculos y garantizar la culminación expedita de las obras en San Ángel.
El gobierno nacional puede desplegar recursos de seguridad especializados, coordinar operaciones interinstitucionales y ejercer la autoridad del Estado para restablecer el control territorial, al parecer, abandonado a su suerte. Esta intervención decidida no solo aseguraría la terminación de la nueva cárcel, sino que enviaría un mensaje claro sobre la capacidad estatal para imponer el orden.
Una vez liberado el predio actual, Santa Marta tendría la oportunidad histórica de transformar este espacio en un equipamiento urbano de alta calidad: la conversión en una ciudadela universitaria representaría una inversión estratégica en educación superior que posicionaría a Santa Marta como centro académico regional. Así las cosas, la decisión de acelerar este proceso trasciende el ámbito carcelario para convertirse en una intervención estratégica de ordenamiento territorial que puede catalizar el desarrollo urbano integral de Santa Marta en su proyección como metrópoli caribeña del siglo XXI.
- Ecopetrol no puede seguir limitando la expansión turística
Las instalaciones de Ecopetrol en el frente costero de Santa Marta han cumplido una función estratégica para el desarrollo energético nacional, pero hoy representan un límite estructural que impide la transformación de la ciudad en el verdadero destino turístico mundial que su historia demanda. La infraestructura petrolera actual se encuentra enquistada entre el mar Caribe y una de las zonas con mayor potencial para esta actividad y valorización.
Frente al crecimiento sostenido del turismo, con más de 4 millones de visitantes proyectados para 2025 y ante la oportunidad histórica que representa la conmemoración de los 500 años de fundación, se hace urgente dejar de pensar en coexistencias forzadas y apostar por la reubicación estratégica de estas instalaciones.
El área liberada debe convertirse en el corazón de un proyecto turístico transformador: un complejo que integre hotelería de clase mundial, centro de convenciones internacionales, marina turística, malecón cultural y espacios públicos dignos de una ciudad patrimonio. Esta infraestructura, conectada estratégicamente con el Centro Histórico, la Sierra Nevada y los atractivos naturales circundantes, podría consolidar a Santa Marta y su área metropolitana como el principal destino turístico del Caribe.
En ese entendido, la reubicación de las instalaciones de Ecopetrol actualmente en Pozos Colorados no es solo una decisión urbanística: es un acto de justicia territorial con una ciudad que ha esperado cinco siglos para mostrar al mundo su verdadero rostro. Por tanto, el Gobierno nacional tiene que priorizar este proyecto dentro del Plan de Inversiones en Infraestructura Turística, convocando desde ya una mesa interinstitucional y regional para definir su viabilidad técnica, social y ambiental, porque a estas alturas, Santa Marta no puede seguir creciendo con su vocación turística encadenada.
- Integración urbana del corredor férreo para transformar una frontera en tejido social
El corredor férreo que atraviesa Santa Marta y en particular el tramo de la Vía Alterna y sus bodegas operadas por Fenoco, ha sido históricamente una infraestructura funcional para la exportación de carbón, pero también una línea que divide las realidades urbanas, condenando a las comunidades más allá a la subnormalidad y los problemas que esta condición acarrea.
Es oportuno en esta coyuntura, mirar la posibilidad de eliminar esa frontera para integrar de manera ordenada y lógica esta población que necesita la acción urgente del Estado en todos sus frentes para superar los años de olvido institucional, impulsando un plan de transformación urbana que ubique de manera coherente con la realidad el trazado férreo y las bodegas que hoy ya no son funcionales.
Esta iniciativa, si se lleva a cabo, debe contemplar intervenciones que garanticen pasos peatonales seguros, espacio público digno y conectividad funcional entre los barrios. Fenoco y sus bodegas en el sector de la Vía Alterna no pueden seguir operando desconectados de las necesidades del territorio que les rodea.
La reconfiguración de su entorno como un eje de integración, explorando incluso su uso multimodal y su reconversión parcial como corredor verde y de movilidad pública es imperativo, ya que, permitiría que lo que hoy es una barrera para la cohesión social se convierta en un catalizador de oportunidades compartidas. Esta sería una oportunidad concreta para aplicar los principios del derecho a la ciudad, la justicia espacial y el ordenamiento alrededor del agua y la vida que usted, señor presidente, ha defendido como pilares de su propuesta de país.
- Reinversión territorial en la zona de influencia del Parque Tayrona
La situación del Parque Nacional Natural Tayrona ejemplifica una de las tensiones más persistentes entre conservación ambiental, justicia territorial y desarrollo local en Colombia. A pesar de ser uno de los destinos turísticos más emblemáticos y rentables del país, sus comunidades aledañas, como las de Calabazo, Guachaca, Los Naranjos o Don Diego, continúan enfrentando profundas carencias en infraestructura, servicios básicos, vías de acceso, saneamiento y oportunidades económicas sostenibles, solo por nombrar algunos problemas estructurales de la zona.
Esta disparidad se explica, en parte, por el modelo centralizado de gestión presupuestal que rige a Parques Nacionales Naturales (PNN), pues, aunque genera un porcentaje importante de los ingresos totales del sistema de parques: según cifras oficiales, la Dirección Territorial Caribe registró el 78.53% de los visitantes que ingresaron a las áreas protegidas durante el periodo enero a diciembre de 2024 y el Parque Nacional Natural Tayrona con 615.599 visitantes, aportó a esa estadística el 46.5%; sin embargo, los recursos no son reinvertidos proporcionalmente en su zona de influencia, sino que se redistribuyen para cubrir necesidades operativas de otras áreas con menor flujo turístico.
Puede que en términos contables y administrativos parezca eficiente, pero social y territorialmente reproduce una lógica extractivista, donde el territorio aporta riqueza sin recibir beneficios reales a cambio, para el caso, actúan como las grandes empresas dedicadas a la extracción de combustibles fósiles o minerales precisos a las que este Gobierno, si se quiere, ha tratado de meter en cintura.
Esa situación genera inconformidad y desafección entre las comunidades locales, que perciben cómo el turismo beneficia a operadores privados y a una institucionalidad distante, mientras ellas asumen el costo ambiental, cultural y social de las restricciones impuestas por la conservación. Además, se agudiza el conflicto entre desarrollo y preservación, pues la falta de inversión en educación ambiental, acueductos veredales, economía circular o turismo comunitario, debilita cualquier pacto real por la sostenibilidad.
Desde esta tribuna, nos ponemos del lado de los habitantes de la zona, para exigir una política de reinversión territorial que garantice que al menos un porcentaje fijo y verificable de los recursos generados por el Parque Tayrona se quede en la zona, con participación efectiva de las comunidades en su destinación. Lo contrario sería perpetuar una forma de colonialismo verde: naturaleza para contemplar, pero no para vivir dignamente.
- Reubicación del batallón militar para liberar espacio público estratégico
A fecha de hoy, la permanencia del batallón de la Primera División del Ejército en pleno corredor costero del Centro Histórico, ocupando una de las franjas de playa más hermosas y con mayor potencial de integración urbana entre el centro, el puerto y El Rodadero, es uno de los mayores absurdos urbanísticos y simbólicos que arrastra Santa Marta.
Esta instalación militar, heredera de una lógica de seguridad nacional de mediados del siglo XX, bloquea el acceso a una zona con valor ecológico, paisajístico y turístico incalculable e impide la prolongación de una vía de gran valor estratégico dado el crecimiento urbanístico sostenido de la ciudad. No se trata de debilitar la presencia institucional de las Fuerzas Militares en la ciudad, sino de reubicar estratégicamente su infraestructura operativa en zonas con mayor pertinencia logística y menor impacto urbano.
Actualmente, existen predios alternativos en el perímetro rural o periurbano de Santa Marta que permitirían garantizar la operatividad del Ejército sin sacrificar la posibilidad de articular una gran franja costera que conecte, revitalice y proyecte el desarrollo de la ciudad hacia el mar. La reubicación del batallón es una decisión política que exige voluntad del alto gobierno, articulación interinstitucional y visión de largo plazo.
Liberar ese espacio permitiría no solo construir la vía hacia El Rodadero, sino también recuperar el derecho ciudadano a disfrutar de sus playas, dinamizar la economía turística, crear nuevos espacios públicos y reconciliar a Santa Marta con su frente marítimo. Lo que hoy es una barrera, podría ser la puerta de entrada a una ciudad costera más abierta, accesible y funcional.
Esta carta no es solo una interpelación al presidente Gustavo Petro, sino una convocatoria a todos los sectores económicos, comunidades, academia y ciudadanía samaria: el tiempo de las excusas se acabó. Santa Marta tiene derecho al desarrollo y nosotros la responsabilidad de exigirlo con firmeza, planeación y unidad.
Finalmente, es imperativo saber si ¿hay voluntad real de las Fuerzas Vivas del Magdalena para articularse como bloque territorial y político en torno a una agenda común que trascienda los intereses particulares y posicione a Santa Marta en el proyecto nacional de país?
¡Que los 500 años nos encuentren construyendo, no recordando lo que pudo ser!
