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Muertos sin justicia y familias revictimizadas

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Tres nuevos crímenes registrados entre Fundación y Pivijay, Magdalena, exponen el drama humanitario que viven las familias de la zona. Ante la  presunta falta de apoyo de las autoridades competentes, los pobladores se ven obligados a cargar con los cuerpos de sus seres queridos por caminos rurales, en medio de una violencia que no cesa en el departamento. Estos hechos reavivan las denuncias de organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre la constante revictimización en casos reiterados en esta misma región.

 

Por: Arnol Sarmiento

La ola de violencia que atraviesa el departamento del Magdalena volvió a golpear con fuerza. Tres jóvenes que estaban reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en dos puntos distintos del territorio: dos de ellos en la vía que conecta los municipios de Fundación y Pivijay, en el sector conocido como Piñuela, y el tercero en el barrio Los Manguitos, en cercanías del municipio de Fundación.

Los cuerpos presentaban impactos de bala con tiros de gracia, un patrón que refuerza la hipótesis de un nuevo hecho de carácter sistemático en la región.

Lo más alarmante es que, una vez más, los cadáveres fueron recogidos por sus propios familiares y trasladados en motocicletas hasta la cabecera municipal, ante la presunta ausencia de autoridades competentes para realizar la inspección judicial y el levantamiento. Esta situación, que ya se ha repetido en al menos dos ocasiones recientes en esta zona del Magdalena, evidencia una preocupante falta de presencia institucional en medio de la violencia que azota al departamento.

Repetición de un drama que indigna

Como lo mencionamos, no es la primera vez que estas escenas quedan en evidencia. El pasado 8 de agosto se difundió un video en el que denunciantes mostraban cómo familiares debían transportar en moto el cadáver de un hombre asesinado en zona rural de Pivijay. En ese momento, el denunciante señaló: “Vea cómo tiene uno que sacar a los seres queridos de uno. Esta es prueba viviente de lo que se está viviendo en Colombia. Le dimos parte a la Policía y no procedieron por miedo, por temor a que los vayan a matar también. Y son dos los muertos aquí, apenas llevamos uno. Así los tenemos que sacar, en moto”.

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Semanas antes, el 6 de julio, también se conoció cómo un padre se vio obligado a cargar en una motocicleta el cuerpo sin vida de su hijo asesinado en la misma zona. La imagen del hombre llevando el cadáver en brazos conmocionó a los habitantes del departamento y generó rechazo generalizado contra la falta de reacción institucional.

Denuncias desde los sectores de derechos humanos

Por su parte, el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, director de la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL, ha hecho reiterados pronunciamientos sobre esta situación. En su cuenta de X, el pasado 8 de agosto escribió: “Se está volviendo una constante que en el departamento del Magdalena les toque a familiares recoger los muertos sin levantamiento técnico. Las autoridades no van. ¿Hay territorios vetados para la Policía o la Fiscalía?”.

Con el hallazgo más reciente, Dimas volvió a pronunciarse: “Se volvió parte del paisaje magdalenense que familiares se vean obligados a recoger sus muertos”.

Hasta el momento no se conocen las identidades de las tres últimas víctimas halladas este miércoles. Sin embargo, la reiteración de los hechos refleja un patrón que inquieta y que debe abrir la puerta a una investigación sobre la capacidad de las autoridades para responder ante la ola de violencia en la región, en especial en los municipios de Fundación y Pivijay.

Mientras tanto, el número de asesinatos y masacres en el Magdalena sigue en aumento, y la indignación ciudadana crece al ver cómo la ausencia de las autoridades deja a las familias expuestas a la revictimización de tener que trasladar ellos mismos a sus seres queridos asesinados.

Por lo tanto, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades para esclarecer las circunstancias de este triple homicidio y definir medidas que garanticen tanto la seguridad como el respeto a los procedimientos legales en medio de la crisis de orden público que atraviesa el departamento en materia de seguridad.