Preacuerdo judicial deja en tres años la condena contra ‘el Negro Ober’ por amenazas a una fiscal

Aceptó cargos por amenazas contra una fiscal y, mediante un preacuerdo con la Fiscalía, la pena inicial de seis años de prisión fue reducida a tres, con suspensión condicional; el acuerdo no cobija otros procesos que enfrenta por homicidio y extorsión.

Un preacuerdo avalado por la justicia permitió que Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como ‘el Negro Ober’ y señalado cabecilla de la estructura criminal ‘Los Rastrojos-Costeños’, recibiera una condena de tres años de prisión por amenazar a una fiscal desde un centro carcelario, hecho que generó amplio rechazo en su momento.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que aprobó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del procesado. Martínez Gutiérrez aceptó su responsabilidad por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, tipificado en el artículo 188E del Código Penal.

De acuerdo con la sentencia, la pena inicial para esta conducta es de 72 meses de prisión. Sin embargo, como parte del preacuerdo, la Fiscalía accedió a aplicar una rebaja del 50 %, lo que dejó la condena en 36 meses, además de una multa equivalente a 8,885 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.

Los hechos que dieron origen al proceso se remontan al 27 de marzo de 2023, cuando desde la cárcel de Palo Gordo, en Girón (Santander), ‘el Negro Ober’ difundió un video en redes sociales en el que lanzó expresiones intimidantes contra la fiscal Claudia Liliana Trejos Morales, quien adelantaba una investigación penal contra su esposa por delitos relacionados con extorsión. En el mensaje, el hoy condenado hizo referencias explícitas a la muerte de fiscales y sugirió posibles represalias si no se resolvía la situación judicial de su pareja.

Tras la difusión del video, la Fiscalía le imputó cargos por amenazas, los cuales inicialmente no fueron aceptados. Meses después, y antes de la instalación del juicio oral, el procesado decidió acogerse a un preacuerdo, mecanismo que permite la terminación anticipada del proceso penal bajo supervisión judicial.

El juez consideró que el acuerdo cumplía con los requisitos legales y constitucionales, al no vulnerar garantías fundamentales ni modificar el núcleo fáctico de la acusación. En consecuencia, dictó sentencia condenatoria y concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al tratarse de una condena inferior a cuatro años y no existir antecedentes penales en firme por otros delitos.

No obstante, el fallo aclara que esta condena se limita exclusivamente al caso de las amenazas contra la fiscal. Martínez Gutiérrez continúa vinculado a otros procesos penales en juzgados de Barranquilla por presuntos delitos de homicidio y extorsión, muchos de los cuales, según se ha advertido, se encuentran en riesgo de prescripción ante la falta de avances sustanciales.