Contraloría detecta hallazgos fiscales por $21 mil millones en el SETP de Santa Marta

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Infraestructura, realizó una Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Transporte sobre los recursos nacionales transferidos al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta. Los hallazgos son graves: se detectaron irregularidades por más de $21.000 millones, que incluyen deficiencias en supervisión, interventoría y seguimiento. El informe evidencia que el gasto público no ha sido eficiente y que la ejecución contractual ha estado marcada por incumplimientos sistemáticos.

Uno de los hallazgos más preocupantes corresponde a un contrato suscrito en la administración de Virna Johnson, en el 2023, para implementar el sistema de recaudo centralizado, control de flota e información al usuario. Aunque se pagaron $19.840 millones, al 30 de junio de 2025 no se había entregado ni puesto en funcionamiento el equipamiento tecnológico, lo que impidió cumplir con el objeto contractual. Este hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria y refleja la falta de control por parte de las entidades responsables.

La auditoría también identificó un hallazgo fiscal por $1.250 millones relacionado con el contrato de interventoría. La entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales no registró ni informó oportunamente los incumplimientos detectados, tampoco recomendó medidas correctivas o sancionatorias, y aun así autorizó los pagos. Esta omisión compromete directamente la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

A las irregularidades financieras se suman deficiencias en la supervisión del convenio de cofinanciación. El Ministerio de Transporte y el Ente Gestor del SETP no adoptaron acciones efectivas frente a las recomendaciones técnicas de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS). Además, la entrega parcial del sistema de operación se realizó mediante una reunión virtual, sin acta técnica formal que certificara los elementos entregados ni sus especificaciones contractuales. En otras palabras, se trató de una entrega improvisada, sin garantías de cumplimiento.

Pese a los pagos realizados y los contratos firmados, el sistema de operación del SETP no está en funcionamiento. La falta de resultados después de varios años refleja una cadena de negligencias institucionales. Con estos hallazgos, la Contraloría deja en evidencia que la ciudad ha sido víctima de un proyecto mal gestionado, donde la promesa de modernización se convirtió en un ejemplo de cómo la ausencia de control y transparencia puede condenar a una comunidad a la parálisis en proyectos estratégicos.