La democracia bajo la amenaza de las armas

A menos de un mes de las elecciones, la extorsión, el control armado y el miedo condicionan la campaña política en el Magdalena, donde Santa Marta aparece en riesgo extremo y la democracia enfrenta una de sus peores amenazas.

Por: Arnol Sarmiento

A menos de un mes de las elecciones, el panorama de seguridad democrática en el departamento del Magdalena es crítico. Las garantías para el ejercicio proselitista y para la libre participación política continúan seriamente comprometidas, no solo en varios municipios del departamento, sino también en Santa Marta, donde hacer campaña se ha convertido en una actividad de alto riesgo por cuenta de extorsiones, amenazas y presiones ilegales.

Este deterioro de las condiciones electorales no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto regional que afecta a buena parte del Caribe colombiano, con dinámicas similares en Atlántico y Bolívar, donde actores armados ilegales buscan incidir en las contiendas políticas mediante el miedo y el control territorial. Sin embargo, en el Magdalena la situación adquiere una gravedad particular.

Así lo confirma el Mapa de Riesgo Electoral 2026, presentado esta semana, que ubica a Santa Marta como el único municipio del departamento clasificado en nivel de “Riesgo Extremo” por factores de violencia. Esta categorización advierte que en la capital del Magdalena existen condiciones que pueden limitar de manera severa el derecho al voto libre, debido a intimidaciones sistemáticas, amenazas directas y la injerencia de estructuras armadas ilegales.

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) va más allá y sitúa al Magdalena entre los ocho departamentos priorizados a nivel nacional para un análisis regional detallado, junto con Atlántico, Bolívar, Arauca, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Tolima. Para los analistas, la región presenta dinámicas específicas de riesgo que demandan una intervención urgente y diferenciada del Estado.

Uno de los focos más preocupantes es la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la MOE identifica un patrón de violencia sostenida y una “alta injerencia armada con control territorial consolidado”. En esta zona, uno o dos grupos armados ejercen dominio prolongado sobre comunidades y corredores estratégicos, imponiendo mecanismos de control social, regulación económica y coerción selectiva. La presencia de grupos armados ilegales configura escenarios de “gobernanza armada” que asfixian el pluralismo político y anulan la competencia electoral real.

El informe también pone en entredicho la efectividad de la Circunscripción Especial Transitoria de Paz (CITREP) No. 12 “Magdalena–Guajira–Cesar”, creada para ampliar la representación política en territorios golpeados por el conflicto. Aunque el mecanismo busca corregir exclusiones históricas, los vacíos de seguridad persisten y continúan interfiriendo directamente en el desarrollo de elecciones libres y transparentes.

A este escenario se suman denuncias públicas que revelan el alcance del control criminal. Recientemente, el líder social Luis Miguel Moisés, reconocido en Santa Marta, difundió un video alertando sobre cómo la extorsión se ha convertido en un requisito para hacer política en varios barrios de la ciudad. “En estos momentos electorales, como no les han pagado la extorsión, no dejan que los políticos hagan campaña dentro de esos barrios. Incluso a la gente que quiere apoyar a algún candidato no la dejan hacer nada: les quitan los afiches y todo, porque no tienen el permiso de ellos”, denunció.

En respuesta a este escenario, la Gobernación del Magdalena instaló en el municipio de Fundación la Segunda Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la transparencia del proceso electoral de 2026. Durante la sesión, la gobernadora Margarita Guerra solicitó atención prioritaria del Gobierno nacional frente a los riesgos que enfrenta el territorio y las posibles afectaciones a los comicios.

En el marco de la comisión se confirmó la materialización de la Alerta Temprana 013 de 2025 en 12 municipios del departamento, tras visitas institucionales que evidenciaron la presencia e influencia de Grupos Armados Organizados y estructuras de delincuencia organizada, interesadas en incidir en los resultados electorales y sembrar temor en la ciudadanía.

La mandataria pidió cobertura total de seguridad en los puestos de votación, con presencia permanente de Ejército y Policía, así como acompañamiento en el traslado del material electoral. En consejos de seguridad realizados en municipios como San Zenón, se evidenció el miedo de ciudadanos y funcionarios para participar en el proceso electoral, producto de presiones ilegales directas.

Como respaldo institucional, la Gobernación entregó apoyo logístico a la Registraduría Nacional, incluyendo equipos, papelería y dos vehículos para la movilización de su personal. No obstante, también dejó constancia ante el Ministerio del Interior de la falta de respuesta de algunas entidades nacionales frente a los requerimientos sobre sus planes electorales, una omisión que agrava el panorama.

Frente a este contexto, la MOE lanzó un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales, a los organismos de control y a la fuerza pública para priorizar acciones inmediatas en el Magdalena. Entre las recomendaciones están el despliegue permanente de Comisiones de Seguimiento Electoral y la implementación de medidas de protección diferenciadas para candidatos, votantes y jurados.

La conclusión es contundente: garantizar elecciones libres y justas en el Magdalena, especialmente en Santa Marta y la Sierra Nevada, exigirá un esfuerzo institucional extraordinario antes de la jornada del 8 de marzo de 2026. Hoy, la democracia en el departamento no solo está en riesgo; está directamente amenazada por la violencia y la ausencia efectiva del Estado.